La jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 merenderos y comedores de la Corriente Clasista y Combativa en San Martín, CABA y La Matanza, el pasado 5 de julio, en el marco de una causa que armó el macrismo en 2019 y que está caratulada como “Averiguación de delito”. Durante meses le pincharon los teléfonos a militantes de la CCC y realizaron escuchas que los defensores señalan que fueron ilegales. También hubo escuchas en tiempo real, es decir que un oficial escuchaba en el momento que estaba ocurriendo la conversación e iba informando a cada instante, “un procedimiento que se utiliza comúnmente para casos de secuestro extorsivo o de narcotráfico”, recuerdan desde la CCC y dicen que Vence “debería explicar cómo se filtran escuchas ilegales de su juzgado a los medios de comunicación” y las fotos del dinero incautado por la Policía Federal: 44 mil dólares, los ahorros de toda la vida del matrimonio de una de las casas allanadas, y 3 millones de pesos, que son los aportes voluntarios de los militantes de la organización de todo el país. La criminalización de los movimientos sociales está en la agenda judicial y política (ver recuadro aparte).

Falsa denuncia

La causa se inició el 30 de octubre de 2019 cuando Patricio Martínez, entonces abogado del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Mauricio Macri, denunció ante la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero Federal supuestas irregularidades vinculadas al programa Proyectos Productivos Comunitarios a partir del testimonio de Héctor Darío Sánchez, quien afirmó que se vio forzado a realizar aportes, participar en marchas y que percibió el plan durante seis meses, para luego ser dado de baja. Sánchez declaró que María Luisa Valle y Rosa Isabel Méndez también fueron dadas de baja. Una vez recibidas las actuaciones en el Fuero Criminal y Correccional Federal de San Martín, la causa se asignó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 de San Martín. Vence -que durante seis años fue secretaria del juez federal Claudio Bonadio- delegó la investigación en el fiscal Jorge Sica.

El fiscal Sica libró un oficio al Ministerio de Desarrollo Social para solicitar información. En la respuesta, agregada al expediente, se informa que Héctor Darío Sánchez, María Luisa Valle y Rosa Isabel Méndez se encuentran en situación “activa” y cobrando regularmente, es decir que no fueron dados de baja del programa, “lo que confirma la falsedad de la denuncia”, argumentan desde la CCC. Sánchez había declarado ante el fiscal que le pidieron aportes, que se negó a hacerlos y que se fue de la organización. Sánchez, Valle y Méndez --aclaran desde la CCC-- ahora militan en ConstruyendoAr, una ONG de San Martín vinculada al macrismo.

Después de dos años, la jueza Vence le sacó la investigación al fiscal Sica y dispuso realizar tareas de inteligencia sobre la Corriente Clasista y Combativa. La jueza emitió una resolución el pasado 1° de febrero de 2022, a pedido de la Policía Federal, donde ordenó la intervención de tres líneas telefónicas de militantes de la CCC: Gerardo José Robbiano, Patricia Paula García y Rosalina Florenciano Caballero. Los tres, según Sánchez, le pidieron aportes y como él se negó le dieron la baja. Como informó el ministerio de Desarrollo Social, Sánchez no fue dado de baja y continúa cobrando. Vence ordenó allanar 23 comedores comunitarios, locales políticos y domicilios particulares en un expediente que sigue caratulado como “Averiguación de delito”.

La Corriente Clasista y Combativa denunció que hubo situaciones de violencia en el allanamiento a un comedor de San Martín, una estructura precaria hecha de madera. La policía tiró la puerta a patadas para entrar y como consecuencia del impacto medio comedor se desplomó. En el allanamiento a un comedor en La Matanza, los vecinos del barrio hicieron acto de presencia. La policía los apuntaba con armas a modo de amedrentamiento. Cuando se retiraron, desde una de las camionetas de la Policía Federal les arrojaron gas pimienta a varios vecinos.



“Excursión de pesca”

Nicolás Tauber, abogado de los militantes sociales allanados y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, cuenta a Página/12 que la jueza “no leyó o no le dio importancia a la respuesta del ministerio de Desarrollo Social” y que decidió emprender una investigación sobre la Corriente Clasista y Combativa con la excusa de la denuncia. Tauber subraya que las medidas de inteligencia sobre los denunciados son ilegales. “No se expresaron razones que fundamenten su necesidad -se podía investigar sin ese grado de invasión- y su procedencia; en la causa no hay pruebas o elementos suficientes contra los denunciados para ordenar esas medidas”. El abogado de los militantes sociales allanados asegura que “las tareas de inteligencia se centran en su militancia política y no en posibles hechos delictivos que hayan cometido”.

En el lenguaje jurídico “excursión de pesca” implica que ante la falta de pruebas se ponen a buscar a ver si encuentran algo ilegal. Este mecanismo denominado fishing trip o fishing excursion por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido sistemáticamente declarado inconstitucional tanto en Estados Unidos como en Argentina. “La búsqueda indiscriminada de material probatorio para así promover un proceso atenta contra las bases mismas del sistema republicano al atacar uno de sus pilares, el estado de inocencia de las personas”, fundamenta Paula Quinteros, abogada de una de las militantes de la CCC allanadas.

“Esta causa se convirtió en una verdadera ‘excursión de pesca’, donde no se investiga un hecho, sino que se busca por medios ilegales, encontrar algo para imputar falsamente delitos y poder atacar a una organización social, colocándola como una asociación delictiva”, plantean desde la CCC liderada por el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, y agregan que esta causa es también “una operación mediática”, con los periodistas del Grupo Clarín “haciendo publicaciones y mostrando actuaciones, elementos, fotos, audios, que son reservados” y que fueron difundidos “antes de que las partes involucradas los conozcan”.


Paula Quinteros, abogada defensora de una de las militantes de la CCC, solicitó el lunes 18 de julio que se declare “la nulidad absoluta de la instrucción, se devuelvan bienes y dinero secuestrados” y recusó a la jueza Vence en virtud de existir “un temor fundado respecto de su imparcialidad” y “por enemistad manifiesta”. En el escrito presentado, Quinteros señala que el objeto de investigación contra la CCC “obedece a la estigmatización, etiquetamiento y persecución política, mediática y judicial que marca la ‘agenda’ contra los movimientos sociales”. En otro tramo del escrito, Quinteros precisa que “con sumo desconocimiento de la realidad de los hechos, la CCC es tratada a lo largo de toda la causa como si fuera una organización criminal”. Quinteros destaca que “no hay mérito para considerar que los aportes que presuntamente reúne la Corriente Clasista y Combativa sean provenientes de una exigencia ilegal, amenaza o extorsión” y que se encuentra “sumamente probado la falsedad testimonial de los denunciantes y que aquellos actuaron con motivaciones políticas”.


El antecedente de Jujuy

El miércoles 6 de julio la policía del gobernador Gerardo Morales pateó puertas de las casas de por lo menos once dirigentes sociales de Jujuy y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones sociales con órdenes de allanamientos del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Los allanamientos, bajo la imputación de “asociación ilícita”, se produjeron en San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá, Maimará, Lozano, Yala y Calilegua, en lugares que pertenecen a dirigentes del Movimiento Evita, Tupac Amaru, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CETEP, Nuestra América, el MTR 12 de abril y el Frente Darío Santillán. La policía de Jujuy llegó a infiltrarse en las organizaciones para recoger información. La orden de "infiltración" surgió en el marco de la investigación que impulsó la fiscalía de Jujuy ante las protestas de las organizaciones sociales durante la apertura de las sesiones legislativas ordinarias de la Provincia.