El proyecto de ley de compre argentino que envió el Gobierno al Congreso despertó reacciones encontradas en el empresariado nacional. Las entidades industriales reconocen que la norma apunta a impulsar las compras locales por parte del Estado, aunque advierten que es necesario aplicar muchos cambios antes de la sanción para que la ley no termine resultando “letra muerta”. El antecedente inmediato en materia de legislación industrial es la Ley de Autopartes, cuya sanción tuvo lugar en agosto de 2016, aunque su puesta en marcha todavía no arrancó. En el caso del compre nacional hay especial polémica por el caso de YPF, porque el proyecto del Ejecutivo la excluye explícitamente del régimen promocional. El Gobierno busca calmar el ánimo de los industriales, afectados por la política económica.

En los despachos oficiales dicen que la mayor parte de la inversión pública en los próximos años se concentrará en obras viales y ferroviarias, que son los sectores donde la industria local podría tener relativamente buenas perspectivas de integración. Los economistas del Gobierno también advierten que hay buen posicionamiento de la manufactura local en el sector de salud a través de medicamentos y equipamiento médico y en defensa y seguridad nacional. Por otro lado, hay varias cámaras industriales que levantan la voz porque consideran que el proyecto del Ejecutivo, en el mejor de los casos, deja afuera a las pymes y en el peor, corre el riesgo de tener mínimo impacto en las fábricas en general.

Uno de los puntos conflictivos es el margen de preferencia, que es el grado de “ventaja” de precios que las compras o licitaciones ofrecen a los productores locales. El proyecto de ley establece que se ubicará en el 12 por ciento para las pymes y en el 8 por ciento para el resto de las empresas. “El margen de preferencia debe estar en el 25 por ciento para las pymes, como sucede en Brasil”, indicó Ariel Aguilar desde la Confederación General Empresaria Argentina (Cgera). También la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) y Adimra, que agrupa a las firmas metalúrgicas, pretenden que en el curso del debate en el Congreso se incremente el margen de preferencia. 

Los industriales argumentan que se trata de una “discriminación” por la cual la Organización Mundial del Comercio (OMC) no puede sancionar a la Argentina, a diferencia de lo que sucede en el caso de los aranceles y de la política comercial en general. “Argentina no está incluida en el acuerdo de compras públicas. Los países desarrollados afectados se podrían quejar, pero no pueden iniciar un procedimiento en contra del país”, advierten especialistas. Además, recuerdan que el margen no implica un elevado costo fiscal, toda vez que una compra a una firma local se traduce en impuestos.

Es probable que la principal polémica en relación al proyecto se vincule a YPF. La iniciativa oficial establece sobre el final de su artículo 1º que “la Autoridad de Aplicación podrá excluir, total o parcialmente del alcance de la presente ley, a las sociedades anónimas con participación estatal y oferta pública de acciones”. Esa aclaración se introdujo para eliminar del régimen a YPF. “Si YPF estuviera alcanzada, le generaría una desigualdad competitiva, se la estaría penalizando con respecto a otras petroleras y tendría una reacción adversa en los mercados de capitales”, dicen en el Gobierno. Los industriales quieren que YPF sí o sí entre en la ley.

Por otro lado, la iniciativa establece un piso de 1,3 millones de pesos para que opere el régimen. Por debajo de ese monto, no hay preferencia para la industria nacional. “En las compras chicas muchas pymes hacen una gran diferencia. Además, algunas dependencias públicas pueden fraccionar sus compras para eludir el piso”, dicen los industriales. “Los considerandos de la ley son maravillosos pero en el articulado las cosas son distintas. Las pymes están en boca de todos pero en manos de nadie”, indicó Jorge Cavanna, titular de Cadieel. Plantean que Estados Unidos y Brasil directamente establecen en las compras públicas una “reserva de mercado” para las pymes.

Asimismo, el proyecto define que el régimen aplique para las prestadoras de servicios públicos pero no versa sobre otros sectores de relevancia estratégica como la generación de energía, trasporte de cargas, telefonía celular o Internet. Las cámaras industriales pretenden que el compre nacional se extienda a esos sectores. “Eso sería arbitrario. El Congreso debería en todo caso definir que esos sectores son servicios públicos”, responden en el Gobierno. Los industriales valoran, en cambio, los acuerdos de cooperación productiva que establece el proyecto, por los cuales una parte de la licitación ganada por una empresa extranjera debe volcarse a la industria nacional.