El diputado provincial Bernardo Biella presentó un proyecto de ley durante el receso legislativo, mediante el cual busca que "todas las personas que son extranjeras, no residentes en Salta, paguen la asistencia en los hospitales públicos de la provincia”.

La iniciativa se presenta como parte de los coletazos, muchas veces rayanas en la xenofobia, que hubo en el país tras el trágico fallecimiento del docente salteño Alejandro Benítez en Bolivia. Situación que todavía se investiga si se le negó una prestación médica de urgencia por su nacionalidad, algo que el gobierno de Bolivia ya negó. 

Sin embargo, legisladores de distintas provincias argentinas presentaron proyectos para que los extranjeros paguen por sus prestaciones médicas en nuestro país. Esto ya se reflejó en la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los representantes de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán y Marina Kienast, como así también en la provincia de Buenos Aires con el proyecto que presentó el legislador del partido Liberal, Nahuel Sotelo. En Salta se suma Biella. 

Los argumentos

En diálogo con Salta/12, el representante del bloque Salta Independiente aclaró que, en caso de promulgarse la ley, “el arancelamiento será para las personas extranjeras no residentes en la provincia de Salta, y de esta manera, vamos a llevarle un recurso a los hospitales que necesitan medicamentos, gasas, férulas, etcétera”. 

“Queremos que se haga justicia y se pague un arancel en todos los hospitales, centros de salud y salitas de la provincia para que también tengan la posibilidad de generar ciertos recursos", añadió.

Tomando como caso testigo lo ocurrido con el docente Alejandro Benítez, aunque todavía no está claro que realmente se le haya negado atención, Biella explicó que "las urgencias y la atención médica programada, son cosas totalmente distintas, por eso un paro cardiorrespiratorio o un accidente de tránsito, se atiende de manera urgente y después se ve el arancelamiento, y no es que se les pide plata para atenderlos como pasó en Bolivia”.

“La legislación internacional afirma que el derecho a la vida está por encima de todos los otros derechos que existen, por eso todo paciente que necesita asistencia de urgencia, se lo debe asistir de manera inmediata sin cobrar ni un centavo”, amplió. 

El planteo del Inadi  

Sin aún tener el proyecto en cuestión en su poder, el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, de igual manera tomó posición contraria al espíritu del proyecto de ley.

"No sé en base a qué estadísticas se manejan, porque no sé cuántas realmente son las personas migrantes que se hacen atender en hospitales públicos, pero la ley establece que las personas migrantes tienen derecho de ser atendidas en hospitales y centros de salud, porque el sistema de salud pública es universal”, recordó el funcionario nacional.

“Hoy ya se les cobra la atención, por ejemplo, en el Hospital San Bernardo, entonces creo que surge la discusión de algo erróneo porque se dice que el sistema de salud está desbordado gracias a los migrantes, y no es así, sino que está desbordado porque no se financia bien desde hace años”, afirmó.

Añadió que “es ínfima la cifra y número de personas migrantes no residentes que se atienden en hospitales para decir que si se les cobra, el sistema va a andar bien, sumado a que esto va en contra de la Ley de Migraciones, pero en la práctica escuché a la cónsul de Bolivia decir que sí se les cobra a los extranjeros en los hospitales”, aclaró.

"No se busca discriminar" 

Biella coincidió con Farquharson en el hecho de que algunos hospitales públicos efectivamente cobran sus prestaciones a las personas extranjeras no residentes: “hoy en día hay cuatro hospitales arancelados en Salta, que son el San Bernardo, el Oñativia, el Materno Infantil y el de Cafayate, donde se prestan las atenciones pero se genera un arancelamiento, y después se envía un asistente social al domicilio del paciente para ver si es carenciado, y recién entonces en caso de ser así, se le bonifica la asistencia”. Sin embargo, en la práctica los hospitales suelen cobrar el arancelamiento antes de brindar la atención. 

“No estamos discriminando para nada, porque queremos atender a los pacientes extranjeros, pero si tiene recursos, deberá pagar la consulta, porque nuestro sistema sanitario tiene un límite, y necesitamos refinanciar los recursos del Estado, y esta es una de las herramientas que le podemos dar, así que simplemente queremos una salud igualitaria, y si hay personas carentes de recursos, no pagan, y de lo contrario, se arancela”, reiteró. 

El legislador aseguró que "vienen gran cantidad de pacientes del país vecino a dar a luz a sus hijos a nuestra provincia de manera gratuita, porque tienen una buena calidad de prestación ya que en Bolivia se paga". Sin embargo, no brindó cifras sobre la cantidad de personas residentes en el vecino país que vendrían a realizarse estas prácticas del lado argentino. 

Biella completó esa frase añadiendo que "además", esas embarazadas de Bolivia, que vienen a dar a luz a Argentina, "se llevan la AUH (asignación universal por hijo)”. Aunque tampoco en este caso aportó datos para determinar si realmente ocurre así. 

Apostar a la reciprocidad 

Sustentado en las legislaciones vigentes, Gustavo Farquharson insistió en que “el sistema es público y universal, como lo establece la Ley nacional de Migraciones que es del 2003, que es una legislación de avanzada, y que considera la migración como un derecho humano”.

“Hay que apostar a la reciprocidad para que se cumpla el tratado que se firmó en el 2019, y fortalecer nuestro sistema de salud, que aún en el deterioro en el que se encuentra, es único y es motivo para enorgullecerse, pero creo que es necesario contar con mejores estadísticas para ver qué número de personas extranjeras, no residentes, se hacen atender”, continuó.

E insistió en el proyecto de Biella, "en principio iría en contra de una ley vigente". “Después discutamos por qué nuestro sistema de salud es deficiente o es decaído, y exigir a través de Cancillería que sea recíproco a la hora de la atención médica a los extranjeros no residentes”, pidió.

Otro proyecto 

Bernardo Biella también contó que presentaron otro proyecto para que el Ministerio de Salud actualice los aranceles de los hospitales públicos.

"A pesar de que la alcaldesa de Bolivia en Salta dijo que pagan aranceles, en realidad son aranceles de hace 10 años, y son de $250, o sea, nada”, señaló.

Por último, indicó que buscarán "un proyecto transversal, lejos de lo partidario, porque el derecho a la salud es universal, pero arancelado (sic), o sea que a los extranjeros no residentes se los va a atender como corresponde, pero después se les va a pasar una factura”. 

El ojo por ojo lleva a la violencia 

Frente a los discursos de odio y xenofobia que se generaron luego de la  muerte de Alejandro Benítez, Gustavo Farquharson reflexionó que “la tragedia que le ocurrió al docente salteño no nos debe llevar a igualar para abajo”.

“Hay que exigir reciprocidad, pero evitar la xenofobia y el racismo sobre una comunidad que tiene permanencia en nuestro país y en nuestra provincia, y colabora muchísimo con el desarrollo social, cultural y económico”, destacó.

Independientemente de esta postura, el funcionario se mostró dispuesto "a discutir el proyecto, pero se debe tener en cuenta que algunos discursos generan discriminación y xenofobia, porque el ojo por ojo nos lleva a la violencia y a prácticas discriminatorias sobre la comunidad boliviana”.