Trabajadores del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que se desempeñan en la provincia de Salta denunciaron irregularidades en sus contrataciones, que están en situación de precarización laboral y advirtieron que hay una clara intención de vaciamiento generalizado del Plan. 

En ese marco, se sumaron al paro de actividades que ya venían sosteniendo equipos del Plan ENIA en otras provincias, integrándose a la coordinación de medidas de fuerza a nivel federal. Actualmente están con disminución de actividades y en estado de asamblea permanente. 

La medida de fuerza fue informada en un comunicado de prensa en el que indicaron que también exigen el pago en tiempo y forma a todes les agentes, la actualización salarial acorde a la inflación creciente, la reincorporación inmediata de les trabajares desvinculades arbitrariamente, la puesta en marcha de la convocatoria de altas pendientes en todos los equipos de trabajo, y que se garanticen los recursos materiales para poder realizar sus actividades en territorio. 

También exigen el pase a planta permanente de todes les contratades del Plan, dado que "una politica orientada a garantizar el acceso a los derechos humanos no puede contener en su interior la vulneración de los derechos de sus propies trabajadores". 

El Plan ENIA es una política pública intersectorial que integra a los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación de la Nación, creada en 2017, luego de que, dos años antes, se detectara que el embarazo no intencional afectó la vida de 111.699 niñas y adolescentes menores de 20 años. 

En este sentido, su objetivo es garantizar los derechos de les adolescentes en lo que refiere al acceso a la salud integral y la información desde una perspectiva de género y derechos, a partir de la educación sexual integral. Esto es llevado a cabo a través de asesorías en las escuelas, consejerías en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, actividades de promoción comunitarias, gestión de turnos protegidos amigables para con las adolescencias, y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. 

Dentro del Plan hay cuatro dispositivos integrados por profesionales especializades que trabajan en distintos territorios articuladamente con estos fines: ESI (Dispositivo ENIA Educación), ASIE DiAlu (Asesorías de Salud Integral en las Escuelas Secundarias), SsyR (Dispositivo en Salud Sexual y Reproductiva) y DBC (Dispositivo de Base Comunitaria).

En ese marco les miembros de estos equipos jurisdiccionales y nacionales pertenecientes al Plan ENIA vienen organizándose para visibilizar y exigir una "pronta solución a la actual situación de incertidumbre que atravesamos con respecto a nuestras contrataciones y la percepción de nuestros salarios", según sostienen en el comunicado. 

"Una precarización laboral creciente"

La situación se tornó más alarmante después de que el 13 de diciembre de 2021 les fuera anunciada la modificación del formato de contratación anual, que pasó a ser por una contratación de servicios, homologada al decreto nacional 1109/17, "en el marco de las novedades del proceso de institucionalización en el Ministerio de Salud". Desde entonces, "no sólo no hemos tenido acceso a información sobre la consistencia del proceso de institucionalización precisado, sino que hemos transitado, siete meses y contando, de profundas irregularidades". 

A modo de ejemplo, denunciaron que distintos agentes territoriales y de equipos de gestión de todos los dispositivos y jurisdicciones, no han podido firmar sus contratos de locación de servicios en tiempo y forma, o "lo han podido realizar en las últimas semanas". Esto se debió a "supuestas incompatibilidades, notificadas con demoras significativas y explicaciones insuficientes, arbitrarias, poco claras, informales, y jamás brindadas por escrito". 

También sostuvieron que no hay convocatorias para incorporar nuevos profesionales a los equipos de trabajo. Esta falta de trabajadores se debe no sólo a los despidos generados a causa de las incompatibilidades ya mencionadas, sino también, por las renuncias de "cada vez más compañeres en el marco de este contexto". Esto ocasiona que los equipos "se encuentran sobrepasados de labores y compromisos". 

A eso se suma que su trabajo lo desarrollan en un contexto de falta de recursos, que involucra la ausencia de métodos anticonceptivos, material informativo y preventivo, materiales de librería, falta de viáticos. Además, afirmaron que es reiterada la demora en los pagos mensuales de los salarios, cuando les contratades efectúan una facturación en tiempo y forma. También persiste el incumplimiento del envío formal de las copias de los contratos de todos los perfiles contratados de acuerdo al decreto 1109/17, "al que sólo algunes agentes han logrado acceder, también por vias informales". 

Les trabajadores sostienen que cada uno de estos aspectos lleva a "una precarización laboral creciente". Lo que les significa que están frente a un "panorama de vaciamiento generalizado del Plan", a causa de la incertidumbre, la falta de respeto, de respuestas, y la precarización laboral creciente.

Sin embargo, y "sumado a este proceso de desgaste", el 16 de mayo pasado se les informó que se "realizó la adecuación correspondiente de la escala de honorarios con el 23.3% de aumento, vigente a partir del 1 de mayo de 2022". Dicho porcentaje de aumento fue considerado insuficiente por les trabajadores, ya que existe una diferencia con respecto a las paritarias logradas para trabajadorxs de la salud y de la educación, además de la no "correlación con los índices inflacionarios que venimos soportando en los últimos meses". 

En ese sentido, informaron que desde mayo vienen presentando notas exhortando a las autoridades nacionales del Plan ENIA a establecer un diálogo para resolver su planteo; con el fin de que "aseguremos el cese total de tales irregularidades que impiden el normal y correcto despliegue de nuestras actividades". 

Además, el 23 de mayo, se reunieron en una asamblea federal con autoridades de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Allí volvieron a emitir notificaciones a los Ministerios de Trabajo y Salud de la Nación en las que solicitaron una audiencia con las autoridades nacionales competentes, pero hasta el día de la fecha no obtuvieron respuestas.