El gobierno nacional le dio forma ayer a un nuevo marco normativo para la minería, que si bien no resuelve varias de las controversias pendientes con las provincias con recursos en su subsuelo, espera alentar nuevas inversiones en el sector. El presidente Mauricio Macri se entusiasmó ayer al jugar con las cifras y asegurar que “con la puesta en marcha del acuerdo se pondrán generar 125 mil puestos de trabajo”. También se autoelogió destacando las bondades de la quita de las retenciones mineras, disposición que fue una de sus primeras medidas de gobierno, calificando a las retenciones precedentes como “un castigo para las economías regionales”. Auguró que la minería “puede ser un gran pilar en la generación de empleo, al igual que la agricultura”. Dato incomprobable al ser contrastado con la realidad, pero que es consistente con el plan de desarrollo productivo que impulsa el gobierno, que cuenta a la agricultura y la minería como los sectores potencialmente “más productivos”, mientras que la industria manufacturera en general estaría condenada a reconvertirse o desaparecer.
El Plan Federal Minero fue elaborado por representantes de todas las provincias y aprobado por el Consejo Federal de Medio Ambiente. Según se informó oficialmente, el acuerdo minero deberá ser ratificado por el Congreso para “actualizar la normativa vigente de acuerdo a las prácticas de los países que más y mejor han avanzado en la industria”. Con este acuerdo se renueva el marco normativo a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones. El nuevo pacto minero, cuya firma ya fue postergada en dos oportunidades a raíz de diferencias con algunas provincias como Salta, “establece nuevas condiciones para que la minería se desarrolle de manera responsable con el ambiente y con la gente”.
En principio, nueve gobernadores ayer presentes suscribieron el acuerdo federal minero: Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, esta última con reservas. No lo hicieron La Pampa, Chubut, La Rioja y Santiago del Estero. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ya había anticipado su faltazo, al advertir que no autorizará la apertura de la actividad en su provincia, basando su decisión en “una encuesta entre la población que arrojó un 63 por ciento de rechazo a la minería”. La minería metálica quedó así prohibida por ley provincial 5001. La Pampa se autoexcluyó por similares motivos. La Rioja y Santiago del Estero, en cambio, postergaron su adhesión reclamando mayores “precisiones” sobre aspectos del convenio. En rigor, el gobierno riojano de Sergio Casas tiene demorada su adhesión por el conflicto con sectores ambientalistas en la zona de Famatina. En referencia a estos casos, Macri señaló ayer en su discurso en Casa Rosada: “Este es un recurso de cada provincia y será decisión de cada una si quiere desarrollar la minería o no”.
La firma del pacto minero ya había sido postergada en dos oportunidades a raíz de diferencias con Salta. “Una vez que sea ratificado por el Congreso, va a actualizar la normativa vigente en nuestro país de acuerdo a las prácticas de los países que más y mejor han avanzado en la industria”, se señaló en un comunicado de Presidencia.
El convenio definirá criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas, fijándole un techo del 3 por ciento sobre el valor bruto del mineral en boca de mina. Además, se destinará el 1,5 por ciento adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura. El tope máximo a pagar por parte de las empresas mineras concesionarias a las provincias será de 4,5 por ciento de lo que facturen, ya que se convino desactivar otro aporte, de 1 por ciento, a cargo hasta ahora de las grandes empresas mineras, para financiar obras de desarrollo a nivel local. El esquema acordado es similar al que actualmente rige en San Juan para la explotación de sus recursos minerales.
Las concesiones duran mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras. Un aspecto que se modifica en el nuevo acuerdo federal es que, en caso de producirse tres faltas graves en materia de cumplimiento de pautas ambientales, la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.
