La detención de cinco uniformados de la comisaría de Laprida, llevada a cabo durante el domingo, en el marco de la investigación por la muerte de Daiana Abregú, fue la primera conclusión judicial en línea con el resultado de la reautopsia que echó por tierra la versión policial del suicidio. En la orden de detención, librada por la jueza de Garantías 1 de Olavarría, Fabiana San Román -que tuvo que aceptar el fiscal supuestamente especializado en violencia institucional de Azul, José Calonje-, se ordena analizar la construcción del relato policial previo a la llegada de la ambulancia a la comisaría, entendiendo que debe haber existido algún tipo de acuerdo, y que se investigue la probable ampliación del círculo de posibles participantes ya sea en el crimen, demostrado por la reautopsia, ya sea en el encubrimiento. La jueza le dedica más de un párrafo de su escrito -para ser objetivos le dedica cuatro páginas- a cuestionar la falta de pruebas aportadas por Calonje, quien durante semanas defendió la versión policial del suicidio. La lógica del caso viene a demostrar el funcionamiento del armado de causas que encubren delitos policiales, y que usualmente además de la complicidad policial requiere de eslabones judiciales que al menos prefieran no remover las aguas.

Vale recordar que la primera autopsia, realizada el 6 de junio pasado, al día siguiente de la muerte de Daiana Abregú, señaló que "(...) presenta surco de ahorcadura a nivel de cuello, por encima del cartílago tiroideo, con dirección oblicua ascendente y hacia atrás, incompleto, de 3 cm de ancho no en toda su longitud a predominio izquierdo".

La familia rechazó la idea del suicidio y la Comisión Provincial por la Memoria, que participa en la causa habilitada por la ley como Mecanismo Provincial de Protección contra la Tortura, reclamó una reautopsia, reclamo que fue desatendido durante semanas por Calonje, quien se atuvo a la versión policial mientras pudo. 

La CPM había denunciado que la primera autopsia no se había realizado siguiendo el protocolo de Minnesota, de aplicación en peritajes forenses sobre casos de muertes violentas en lugares de encierro. Y detalló los motivos, entre ellos que la profesional que realizó la autopsia no estaba especializada en aplicar el protocolo, tal como se exige. Las dudas de la familia agregaron determinación. Finalmente, la intervención del Fiscal General de Azul, Marcelo Sobrino, habilitó la reautopsia, realizada en la Asesoría Pericial de La Plata, ahora con especialistas calificados para el caso, que pusieron en duda la existencia de ningún surco, y determinaron que la muerte de Daiana fue por asfixia. Por lo tanto, fue asesinada.

San Román destacó el testimonio de un médico y una enfermera del hospital donde fue llevada previo a su alojamiento en la celda, que sostuvieron que estaba tranquila, solo llorosa porque no quería quedar presa, y llamó la atención al fiscal, ya que pese a esos testimonios, insistió en la versión policial de que se encontraba muy nerviosa. 

Le cuestiona al fiscal, además, no haber tomado testimonio a la pareja de policías que trasladó a Daiana al hospital antes de llevarla a la comisaría. Que no identificó correctamente a la enfermera que había declarado que la joven no estaba nerviosa. Y que se apoyara en la versión policial que recién inicia la causa con la llegada del médico que intenta resucitar a la víctima. "Se necesitó de un margen temporal suficiente --sostiene San Román-- en el  que los intervinientes mancomunadamente implantaran la coartada falsa, que fuera volcada en el acta de procedimiento que diera inicio a las actuaciones", explica.

"Llama la atención la inacción del MPF -sostiene la jueza refiriéndose al Ministerio Público Fiscal, a la sazón encabezado por Calonje-, que no ha podido mínimamente recrear, a un mes y medio de acontecidos los hechos, el estado de situación del lugar y de los allí presentes, cuanto menos sea recibiendo declaración testimonial al médico de guardia que se hiciera presente, al enfermero, al chofer ambulanciero; ni a los expertos de la delegación de Policía Cientifica que concurrieran una vez anoticiado el Ayudante Fiscal".

Y reitera que "los únicos datos aportados (por el fiscal)  provienen de miembros de la fuerza, que en esta instancia se encuentran involucrados."

También le critica no haber tomado testimonio a otros funcionarios policiales que podrían haber estado en contacto o en conocimiento de lo ocurrido ese día, que no se haya revisado el celular de la víctima ni los de ninguno de los funcionarios policiales.

"Las detenciones de los cinco policías son el primer paso de una causa que da cuenta de prácticas sistemáticas de la Policía Bonaerense y de la connivencia de muchos fiscales que no investigan los hechos y adoptan la versión policial como propia --dijo Roberto Cipriano, secretario de la CPM, a Página/12--. El fiscal Calonje hizo todo para que no sepamos que pasó, rechazo la reautopsia y no quería pedir las detenciones. La jueza es muy crítica de su actuación. Pero hay que seguir investigando para delimitar otras responsabilidades en el encubrimiento y también seguir reclamando al procurador de la provincia, Julio Conte Grand, para que cumpla con la ley de implementación de las fiscalías especializadas en violencia institucional, que hasta ahora no puso en marcha."