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En el edificio más alto de la Argentina que se levanta en Puerto Madero, la desarrolladora Criba SA, que aportó fondos a la campaña electoral del PRO en 2015, cometió varias irregularidades laborales junto a más de una decena de empresas contratistas. Los responsables de la obra donde se construye la Alvear Tower, que tendrá 54 pisos y cuyo metro cuadrado costará hasta 11 mil dólares, no tenían registrados a más del 15 por ciento del personal, el 40 por ciento del cual percibía parte de sus salarios en negro. Tampoco brindaban las condiciones de seguridad necesarias a los obreros, por lo que les suspendieron el uso de una grúa. La AFIP denunció estas violaciones de las normas vigentes y distribuyó fotografías donde se observa el obrador con el nombre de la compañía, aunque el texto del comunicado no lo menciona. Se trata de la misma empresa que construyó el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Parque Patricios, que remodeló la estación del ferrocarril Mitre en Retiro y que se adjudicó la realización de la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud de 2018, en Villa Soldati. Hace dos años, durante la campaña por la jefatura de Gobierno, Criba donó 832.000 pesos al macrismo; la cifra fue una de las más altas aportadas entonces por firmas constructoras hoy beneficiadas con contratos de obra pública.
“AFIP detectó 60% de irregularidad laboral en el edificio residencial más alto de Sudamérica”, dice el comunicado del organismo fiscal. En el predio de más de 6600 metros cuadrados donde se levanta la Alvear Tower, ubicado en el boulevard Azucena Villaflor 559 del Dique 2 de Puerto Madero, la AFIP realizó un operativo conjunto con el gobierno porteño. En la denuncia se lee: “más del 15 por ciento de los trabajadores no estaba declarado por las firmas que brindaban servicio y entre los 292 empleados relevados, se encontraron 117 obreros con diferencias de remuneración, es decir, percibían parte del salario ‘en negro’”. La dependencia de la AFIP que participó en la inspección al obrador es la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.
En el mismo comunicado se informó que el Gobierno de la Ciudad “detectó deficiencias en la seguridad del personal, por lo cual labró un acta con la suspensión de la grúa, hasta que se realice el debido mantenimiento”. Más adelante, la AFIP señaló que “en este operativo se controlaron a 11 empresas contratistas que se desempeñaban en esta importante obra en construcción y 9 de ellas mantenían a los trabajadores con alguna irregularidad”. La abrumadora cantidad de compañías involucradas, aun cuando el organismo no las menciona y ni siquiera se alude a Criba S.A. como firma a cargo de la obra, no exime de responsabilidad a esta última.
PáginaI12 consultó al inspector Edgardo Castro, de la Subsecretaría de Trabajo porteña y especialista en el tema. Dijo que “en un caso como este la máxima responsable de la obra es Criba, la contratista principal, de acuerdo a la Ley 265 de la ciudad, el decreto nacional 911 y las normativas laborales que fijan los convenios colectivos de trabajo”. El texto de la 265 le otorga a la Dirección General de Protección del Trabajo (Dgpdt) “las funciones de fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las normas relativas a la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la seguridad social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo, dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En su informe, la AFIP también apuntó que “el relevamiento del personal que se encontraba trabajando fue realizado con la metodología TRL -Trabajadores Registrados en Línea-, una herramienta informática que les permite a los inspectores verificar on line y al instante si el trabajador se encuentra declarado o no por su empleador”. Más del 15 por ciento, es decir aproximadamente 44 obreros, no estaba registrado.
Entre los datos que aportó la AFIP hay uno que es bastante ilustrativo. Se trata de una fotografía de la inspección realizada donde se observa un cartel verde de Criba, debajo del cual está la inscripción “Nosotros construimos” y la dirección de su página web www.cribasa.com.ar. Ante la puerta de ese obrador tapiado con chapas acanaladas, se ve lo que podría ser un grupo de inspectores que esperan para ingresar al lugar. En otras imágenes tomadas en el interior de una improvisada oficina, se encuentra un obrero con el casco verde de Criba y otro con el buzo de la UOCRA denunciando ante los representantes del Estado su situación laboral.
“El responsable de que haya personal en negro ahí adentro es Criba. Independientemente de que las multas se las haga el Gobierno de la Ciudad a los subcontratistas. Las multas deben aplicárselas a Criba y a las demás empresas, porque por el decreto 911, aquella tiene la obligación de controlar las normas de higiene y seguridad de su obra. O si un subcontratista ingresa con personal en negro, debería decirle que no puede entrar a trabajar”, explicó Castro.
La compañía fundada en 1952 es una de las más prolíficas en el desarrollo de obras en la ciudad de Buenos Aires. En su página corporativa se menciona que construyó el nuevo edificio del Gobierno porteño en Parque Patricios, el Centro de Exposiciones y Convenciones, la plaza Vaticano y el entorno del Teatro Colón, el estacionamiento de la plaza Emilio Mitre y remodeló el hall central de la estación Retiro del ferrocarril Mitre. Pero su trabajo más difundido gracias a la aceitada relación que mantiene con el Estado quizá sea la Villa Olímpica ubicada en Villa Soldati.
El gobierno porteño la publicita así en su página oficial: “Son 31 inmuebles de seis o siete pisos que conforman 1.200 viviendas para albergar a alrededor de 7.000 atletas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Revitalizará e impulsará el desarrollo de la zona”. El complejo que después será utilizado como viviendas para familias carenciadas, se encuentra en la Comuna 8, entre las avenidas Roca, Escalada y Fernández de la Cruz, en una superficie que pertenecía al Parque de la Ciudad. El sitio periodístico Nuestras Voces informó sobre el tema: “Apenas asumió Macri, una semana después de la gala de la fundación Suma, el gobierno le adjudicó a Criba SA la Licitación N°9 de Villa Olímpica por $ 137.837.182”. La compañía hizo la oferta más baja y superó a competidoras como Riva, Conorvial y Constructora Sudamericana, entre otras.
La dinámica de trabajos en serie para el gobierno porteño que viene obteniendo Criba, explica su aporte de campaña al PRO en las últimas elecciones de 2015. Como proveedora del Estado, violó lo que dispone la Ley de partidos políticos que prohíbe expresamente a empresas contratistas aportes de dinero a las distintas agrupaciones que se presentan a elecciones. Aunque la primera responsabilidad es del gobierno, que alienta este tipo de vinculaciones donde recibe favores económicos de grupos empresarios afines.
Al menos 124 millones de pesos le fueron donados al macrismo en 2015 y entre sus aportantes había unas cincuenta compañías privadas que son contratistas del Estado porteño. Las constructoras, aunque no ocuparon el top ten entre las aportantes, hicieron contribuciones considerables para asegurarse obras públicas. Criba arrimó 832 mil pesos al oficialismo aunque no fue la única. IRSA, Riva SA, Naku Construcciones y Construmex entregaron jugosos donativos de campaña. Eso no obstó, como en el caso de Criba y su costoso emprendimiento de la Alvear Tower, para que su socio el Estado le descubriera varias irregularidades en su obrador de Puerto Madero.
