El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto restablecer las cláusulas de antidiscriminación en el sistema de salud contra las personas trans que fueron eliminadas bajo el mandato de su antecesor, Donald Trump.
El anuncio fue realizado por la Casa Blanca a través de un comunicado, en medio del diagnóstico de coronavirus que se encuentra transitando el mandatario demócrata.
Según lo precisado oficialmente, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se reforzará una disposición de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como "Obamacare", que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad y discapacidad.
"Todo el mundo en Estados Unidos debería poder obtener la atención que necesita de cualquier proveedor de salud en el país, especialmente si ese proveedor está recibiendo financiación del HHS", explicó el secretario de Salud, Xavier Becerra.
Y continuó: "Queremos asegurarnos de que los estadounidenses no sean discriminados cuando intenten acceder a la atención que necesitan".
Según los grupos de defensa, las personas transgénero y no conformes con su género se enfrentan a una discriminación endémica en la atención sanitaria como la denegación total de atención o el acoso.
Más allá de las implicaciones de la ley para las personas trans, la norma también "deja claro que la discriminación por razón de sexo engloba la discriminación por embarazo o condiciones relacionadas, incluida la 'interrupción del embarazo'", concluye un comunicado.
Acceso a medicamentos para abortar
Respecto al aborto, el HHS ya había accionado en medio del debate por la derogación del fallo federal que protegía este derecho.
En esta línea, la entidad emitió a principios de julio una guía para unas 60.000 farmacias de todo el país "recordándoles sus obligaciones en virtud de las leyes federales de derechos civiles", ya que son receptoras de fondos federales.
La guía se distribuyó después de que varios informes revelaran que incluso en los estados donde el aborto sigue siendo legal, algunas farmacias se negaban a suministrar medicamentos con receta para interrumpir el embarazo.
La nueva norma también exigirá a las entidades que impartan formación al personal sobre la prestación de servicios de asistencia lingüística a las personas con un nivel de inglés limitado.
