El juez federal Ariel Lijo intimó a Socma, empresa del Grupo Macri, a que entregue toda la documentación sobre operaciones que haya hecho con el Correo Argentino, firma de la que es controlante. La medida es parte de la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento. El viernes último el fiscal Juan Pedro Zoni había pedido, en una ampliación de las imputaciones de este expediente, que se pusiera la lupa sobre diversas operaciones, como alquileres y compras de acciones, con las que se habría intentado un vaciamiento del a empresa postal.

La nueva línea de investigación definida por Zoni apunta a esclarecer “un posible vaciamiento” del Correo Argentino “a favor de las empresas controlantes”, que son Socma y Sideco (ambas de la familia Macri) en perjuicio de los acreedores”. El fiscal se basó en los últimos dictámenes de su colega del fuero comercial Gabriela Boquín, quien en un comienzo denunció que el acuerdo por la deuda de 4000 millones de pesos era “ruinoso” y “abusivo” y luego detectó maniobras de todo tipo vinculadas a ese proceso. Una de ellas, en sus propias palabras, eran movimientos de dinero (de las cuentas del concurso preventivo) para, por ejemplo, que el Correo Argentino le comprara a Socma acciones de una sociedad radicada en Uruguay llamada Neficor para un negocio automotriz por 2.100.000 dólares. Y si el Correo quebraba las acciones se las quedaba Socma.

Es una de las cuestiones que recogió Zoni y por las que el juez Lijo envió una orden de presentación a Socma (una especie de allanamiento más amable) con un plazo de tres días para entregar la documentación. Aquellos movimientos de vaciamiento que denunció Boquín se concretaron, a lo largo de 2016, desde un tiempo antes de la firma del acuerdo por la deuda y a lo largo de todo el año en cinco oportunidades con permisos de la jueza de primera instancia del concurso, Marta Cirulli, quien fue uno de los nuevos nombres abarcados por la imputación del fiscal Zoni. Cirulli recién rechazó los pedidos del Correo para retirar dinero este año, cuando se hicieron públicas las irregularidades de este caso.

En la presentación de la semana pasada, Zoni también amplió la imputación contra Mauricio Macri. Es porque cuando se conocieron los términos que había aceptado el Estado en el acuerdo con el Correo, el Presidente salió a decir públicamente que haría volver todo a “foja cero” y, días después, se presentó el entonces procurador del Tesoro, Carlos Balbín, diciendo que Macri lo había instruido para pedir la reformulación del pacto en cuestión. Por eso, de hecho, la Cámara Comercial convocó a una nueva audiencia que, increíblemente se suspendió, porque el Estado mismo pidió una prórroga de 120 días. El hecho es que según Zoni, Macri no podía dar ninguna instrucción ni hacer anuncios sobre un tema en el cual a su entender estaba comprendido por conflicto de intereses. 

El fiscal dijo que ya con la ley vigente desde 1999, la ley de Ética Pública, el caso del Correo implicaba un conflicto de ese tenor para el mandatario, cuyas acciones en el Correo Argentino cedió pero toda su familia (sus hijos y hermanos) siguen manejando la firma mientras que su padre tiene el usufructo vitalicio de las acciones.