La jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, resolvió que en 10 días la provincia debe presentar un Plan de Salud Mental ante su juzgado. Este tiene que involucrar el cumplimiento de las metas presupuestarias destinadas a la salud mental, que alcanzan al 10 por ciento del total de las partidas destinadas al Ministerio de Salud de la provincia. Ese Plan debe cumplirse en un año a partir del dictado de la sentencia, que fue ayer. La resolución se dio en el marco del amparo colectivo presentado por los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz. 

La magistrada habló en su fallo de una "no prestación injustificada del servicio de Salud" que afecta a Orán. Detalló la situación en la cual se encuentran el Hospital local, San Vicente de Paul, y el Centro Tinku, destinado al tratamiento de las adicciones. 

Citó todos los inconvenientes que surgieron en las inspecciones oculares e informes que respondieron algunos sectores a los que convocó para ello, a excepción de una vaga e incompleta información brindada desde las carteras de Salud y Economía del gobierno provincial. 

Al detallar el inconveniente sobre los recursos humanos, Carriquiry destacó que hay un solo médico psiquiatra residente “en carácter de devolución”, un psicólogo que hace consultas viernes y sabados en Pichanal, y otro en el Hospital de Hipólito Yrigoyen."El departamento de Salud mental se integran con un psiquiatra, una psicóloga de planta, y dos licenciadas contratadas por 30 horas semanales", indica el fallo al que Salta/12 accedió ayer. 

En el caso del psiquiatra de planta, indicó que fue la misma situación que atraviesa por la falta de recursos suficientes para dar atención y contención a sus pacientes que solicitó licencia médica.

La misma gerenta del Hospital oranense, Gladys Laime, calculó que "en una población de 140 mil habitantes, son necesarios por lo menos 14 psicólogos y tres médicos psiquiatras". A ello se suma la necesaria derivación de los casos más graves que llegan (otros no lo hacen por la misma falta de recursos humanos e infraestructura) y que reciben internación en la guardia del Hospital. 

En la audiencia pública convocada en el proceso surgió del relato de los profesionales de la salud el hecho de que "nadie ve la interculturalidad en las poblaciones atentidas, y que las psicólogas que trabajan en línea no cobran hace cinco meses y continúan desempeñando sus funciones sin saber si van a cobrar", reseña el fallo. En cuanto a las personas que trabajan en la Junta de Discapacidad (de Orán), se expuso que "tienen los contratos vencidos y sueldos impagos desde hace meses". 

La postura del Ejecutivo

La provincia desconoció en todo momento la competencia de la jueza en esta causa, al punto de no presentarse en la audiencia pública. Además sus representantes, participaron de las audiencias con los demandantes por videoconferencia y respondieron los informes parcialmente. 

En esa línea, la Fiscalía de Estado, a través del abogado Lucas Sachetti, planteó la inadmisibilidad del recurso de amparo por vía judicial en tanto, aseguró, “solo existe una mera disconformidad” con las políticas aplicadas. “El reclamo es pretencioso, hipotético, ajeno a la realidad existente y limitado a situaciones puntuales”, sostuvo el letrado al añadir que "la demanda importa un análisis dogmático y parcializado del asunto, que no hace presumir una ausencia o desatención del Estado en salud mental”. Para Sachetti, "debió agotarse la vía administrativa", y consideró que el amparo colectivo resultó "ser una cómoda herramienta para omitir el cumplimiento de los procedimientos administrativos”.

En cuanto a la cartera a cargo de Roberto Dib Ashur (Ministerio de Economía), que debía responder por el presupuesto destinado a salud mental, la jueza Carriquiry indicó que solamente se "acompañó un presupuesto global, sin discriminar" lo destinado a cada sector. Lo mismo sucedió con un informe que elevó Sachetti a la jueza indicando que desde 2019 a la fecha desde el Ministerio de Economía no podía establecerse de manera detallada la información que requería por ubicación geográfica y áreas de Salud.  

Carriquiry destacó que, a diferencia de las respuestas esquivas de algunos ministerios, fue la secretaria de Salud Mental, Irma Silva, quien en declaraciones a los medios reconoció que el presupuesto que se destinaba al área a su cargo era solamente del 0.4 por ciento. 

“Es sumamente importante que la funcionaria reconozca las falencias del sistema, a diferencia de la Fiscalía de Estado y Ministerio de Salud, quienes tienen una visión insostenible frente a las propias declaraciones de los funcionarios y la prueba rendida en autos”, evaluó la magistrada. 

"Estado de cosas inconstitucional"

Con cita a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Nº 1 del Comité y el derecho constitucional a la salud, la jueza declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de salud mental en el departamento Orán. El estado de cosas inconstitucional es un mecanismo o técnica jurídica creada por la Corte Constitucional de Colombia mediante la cual declara que ciertos hechos resultan abiertamente contrarios a la Constitución, por vulnerar de manera masiva, derechos y principios consagrados en ella. A través de esta figura se insta a las autoridades competentes para que, en el marco de sus funciones y dentro de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar tal estado de cosas. La utilización de esta figura en Argentina se verificó en una causa por problemáticas habitacionales, en la que la justicia porteña concedió un amparo, afirmando que el diseño de políticas públicas resulta una deuda social que exige ser atendida con urgencia.

Además de pedir que se presente el Plan de Salud Mental en 10 días informando sobre su instrumentación cada 60, y que se cumpla con el 10 por ciento del presupuesto de salud destinado a la salud mental (como dispone la Ley), Carriquiry ordenó:  "Efectivización de los trabajadores del Hospital San Vicente de Paul. Pleno funcionamiento de adicciones Tinku. Incorporación de médicos psiquiatras hasta el número mínimo de tres profesionales en total. Incorporación de psicólogos hasta el número mínimo de diez profesionales en total. Capacitación obligatoria para la totalidad del personal del Hospital San Vicente de Paul de Orán".

También dipuso que se disponga de un sector, refaccionado y reacondicionado, del Hospital San Vicente de Paul para la atención de pacientes con padecimientos mentales, así como la "Puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión en Salud Mental en 90 días"; la "Intervención del Comité contra la Tortura hasta que funcione en el Órgano de Revisión de Salud Mental", y la "Intervención de la Auditoría General de la Provincia en el control de la ejecución del presupuesto en materia de salud y salud mental, toda vez que el Ejecutivo Provincial dice carecer de la información específica sobre el presupuesto".

También anexó a su sentencia un resumen en lenguaje más accesible destinado al colectivo de habitantes de Orán.