El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat destacó este martes el proyecto que impulsan 16 gobernadores provinciales para reformar la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa busca "elevar el número de integrantes a 25, estableciendo que será una ley especial la que determine el modo de organización y funcionamiento de la misma". De este modo buscan ampliar el organismo que hoy en día está integrado por solo cuatro jueces.
Para el especialista, esta iniciativa “es la propuesta más representativa, republicana y federal”. Y aclaró, ante las denuncias de algunos sectores que critican el proyecto, que “la constitución no fija en ninguna de sus cláusulas el número de miembros de la Corte” por lo que es un atributo que queda a cargo del Congreso.
Barcesat apuntó además contra los que sostienen que la organización actual del máximo tribunal es “más constitucional” que uno ampliado. “Eso es un disparate jurídico, porque no es ni representativa, ni republicana, ni federal. Si alguien quiere contestar este argumento, con mucho gusto me gustaría escucharlo, porque me parece una estupidez”, dijo en diálogo con AM750.
Además, explicó cuál cree que es el trasfondo de las críticas a la iniciativa de los gobernadores: “Hay que dejarlo de lado como una de las tantas tonteras que dice la oposición con tal de mantener el actual elenco y la garantía de que sus privilegios van a estar indemnes. Este es el fondo de la cuestión”.
El proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte es apoyado por los mandatarios Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, y Tucumán. Es decir, los mandatarios peronistas, sin los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, más la inclusión del mandatario fueguino.
Lawfare y elecciones
Por otro lado, Barcesat se refirió al lawfare que hay en el país y puso el foco, al igual que el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni que aseguró que el objetivo de la Corte Suprema es proscribir a la vicepresidenta en 2023, en las elecciones del año próximo.
“La posibilidad sigue el modelo del golpe blando que se le hizo a Dilma Rousseff. Cuando no pueden ganar en las urnas, pretenden ganar en la justicia a través de la proscripción. Creo que la ciudadanía tiene que reunir esfuerzos. Hacer las únicas dos cosas que podemos hacer: las impugnaciones institucionales contra estos criterios de privación de jurisdicción idónea, y la movilización popular”, advirtió en este panorama.
Y finalizó: “Si la Corte ve miles de personas en las puertas del Palacio de Justicia clamando por una modificación en la integración y funcionalidad de la Corte, eso es de gran ayuda para impedir estos golpes de Estado. Hay que recordar que la Constitución habilita a la ciudadanía a repeler los actos de violencia institucional, que es lo que hace la Corte”.
