Parlamentarios alineados al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, buscan retomar las discusiones sobre una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) para darles a los expresidentes el cargo de senador vitalicio, lo que obstaculizaría las investigaciones judiciales en su contra.
El proyecto está inactivo en el Congreso desde 2021 y un grupo de congresistas impulsa que sea retomado, confirmaron fuentes al portal O Globo. Si se confirma lo que prevén las encuestas y Bolsonaro no consigue renovar su mandato en las elecciones del 2 de octubre, dejaría la Presidencia el 1 de enero de 2023, con lo cual se agilizarían las investigaciones judiciales en su contra.
La propuesta no ha sido incluida en la agenda del Congreso, a donde las iniciativas suelen llegar cuando ya hay acuerdos previos que facilitan su aprobación. Si fuera aprobada, beneficiaría a los cinco expresidentes democráticos vivos: Fernando Collor (actualmente senador), Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva (favorito para ganar las elecciones), Dilma Rousseff y Michel Temer.
Legisladores del grupo conocido en el Congreso como centrão, afín a Bolsonaro, dijeron a O Globo que patrocinan la aprobación de la PEC solo si es aprobada antes de las elecciones y si se logra un "pacto" con el Poder Judicial. Los parlamentarios aseguran que se sienten preocupados por las supuestas amenazas contra el presidente por parte de ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) en vísperas de la elección.
En Brasil las investigaciones sobre los presidentes en ejercicio o los congresistas recaen sobre el STF y suelen enfrentar la oposición de la Procuraduría General, cuyos titulares son nombrados por el presidente en ejercicio con el aval del Senado.
Las investigaciones contra Bolsonaro
Bolsonaro, junto con militares y funcionarios antiguos o actuales de su gobierno, es investigado en una causa sobre las milicias digitales durante la campaña de 2018 y los primeros meses de su gobierno, por campañas de desinformación dirigidas contra sus adversarios políticos y por la gestión de la pandemia de covid-19.
Con respecto a esta última causa, la Procuraduría General de Brasil solicitó este lunes al STF que archive siete de los 10 cargos penales que involucran al presidente, que se presentaron en base al informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia en el Senado.
El informe final concluyó que el gobierno de Bolsonaro expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", incluyendo a la vulnerable población indígena, por lo que pidió la inculpación del mandatario y de otras 67 personas y empresas, como varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.
