La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó este martes un informe que denuncia que 562 defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos fueron asesinados en el país entre 2016, año de la firma del acuerdo de paz, y 2021.
El informe "Violencia territorial en Colombia: recomendaciones al nuevo gobierno" indicó que "desde 2016 a la fecha el incremento de homicidios ha sido progresivo". En ese período fueron asesinados 64 mujeres, 61 indígenas (incluidas 13 mujeres), 21 afrodescendientes (dos mujeres) y siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+.
La ONU señaló también que sigue registrando un alto número de ataques, amenazas y otro tipo de agresiones en contra de líderes sociales. Las amenazas generalmente se trasmiten a través de folletos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o personas intermediarias. En el caso de las mujeres defensoras, hay también amenazas de índole sexual o dirigidas a miembros de sus familias.
La ONU citó en su informe una parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el que hay un compromiso para "asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio", y para "diseñar e implementar una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata el acuerdo que amenacen la construcción de la paz".
La representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Juliette de Rivero, dijo durante la presentación del informe que en algunas zonas los grupos armados "parecen suplantar algunas de las funciones propias del Estado y regulan muchos aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local".
Recomendaciones al gobierno de Petro
El organismo presentó tres recomendaciones para el gobierno de Gustavo Petro, que comienza el 7 de agosto: reducir y eliminar la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios afectados por la violencia, priorizar la implementación territorial del acuerdo de paz y consolidar el Estado de derecho en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
En esta línea, la ONU señaló que es necesario reforzar la presencia del Estado y la capacidad de las instituciones y los organismos de control en los territorios, así como reforzar a los gobiernos locales y los representantes de los pueblos afrodescendientes e indígenas. "Esto deberá ser acompañado por una campaña cuyo objetivo sea restaurar la confianza en la institucionalidad del Estado, abriendo espacios de diálogo y participación para las comunidades afectadas y la sociedad civil", indicó.
"Colombia está frente a un momento histórico de reconocimiento de la verdad. La implementación de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en particular, las relativas a la necesidad de reforzar la independencia e imparcialidad dela Fiscalía y las metodologías de investigación de violaciones a los derechos humanos, son esenciales para la transformación hacia la paz", finalizó el organismo internacional.
