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Un grupo de damnificados por el ajuste del gobierno en las pensiones por invalidez presentó ayer un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Viedma, Río Negro, para evitar las suspensiones arbitrarias sobre ese derecho. Desde diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, la gestión de Carolina Stanley al frente del Ministerio de Desarrollo Social dio de baja unas 170.000 pensiones por invalidez mediante un endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio. El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino, defendió los recortes y aseguró que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, “puede trabajar si lo desea”. La presentación ante la Justicia rionegrina fue encabezada por afectados por este ajuste, con el acompañamiento de la Fundación Patagónica Inaun Salud que conduce Walter Benzoni y legisladores y concejales de la oposición. La Defensoría del Pueblo de la Nación también tomó intervención en el caso y exhortó al Gobierno a que “restablezca de forma inmediata todas las pensiones suspendidas considerando que éstas se habrían llevado a cabo sin un acto administrativo que las avale”.
Ante la repercusión mediática del ajuste, Stanley se comunicó ayer con la vicepresidenta de la comisión de Discapacitados de la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano, para comunicarle que su cartera está dispuesta a reconsiderar los casos que lo ameriten, aunque se trata de una política que ya lleva un año y medio y no de errores puntuales. El contacto fue confirmado a este diario por fuentes de Desarrollo Social. Ciñéndose a la letra escrita de un decreto de 1997, que el gobierno anterior había flexibilizado para incluir a más beneficiarios, el macrismo fue reduciendo el número de pensiones no contributivas. “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, declaró Badino para justificar el ajuste sobre sectores vulnerables.
Según reconoció la cartera de Stanley en un comunicado oficial, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. En lo que va de este ya se eliminaron otras 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491 por el mismo concepto. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas en lo que va de 2017. La justificación fue la revisión de los beneficios en el marco de un cumplimiento estricto de las condiciones para al acceso a este derecho de los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. Frente a los reclamos de los damnificados, en el 40 por ciento de los casos las pensiones fueron restablecidas, pero luego de un arduo proceso que se demora seis meses en promedio.
A estas eliminaciones y suspensiones arbitrarias se suma que Desarrollo Social no pide precedentes para aclarar el estado patrimonial de las familias involucradas, a lo que se suma que desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias. Sobre este punto se sustentaron la mayoría de las denuncias que recogió la Defensoría del Pueblo para fundamentar las distintas presentaciones judiciales.
La denuncia
Dos organizaciones sociales y legisladores de Río Negro presentaron ante la Justicia Federal de Viedma un amparo colectivo para la depuración del padrón que lleva adelante el Gobierno y que ya se cobró 170.000 pensiones no contributivas. El amparo redactado por el diputado rionegrino Martín Doñate (FpV) fue presentado ante la jueza federal de Primera Instancia de Viedma, Mirta Filipuzzi. Este escrito tiene como antecedente inmediato la cautelar presentada la semana pasada en la Justicia Federal de General Roca por Miguel Bravo, de 62 años, quien perdió uno de sus brazos hace 40 años y percibía ese beneficio desde 2010. En abril Desarrollo dispuso dejar de pagarle 6000 pesos mensuales. El juez federal Hugo Greca aceptó el amparo individual y exigió la restitución de la pensión a ese vecino de Chimpay, pero no lo aceptó como demanda colectiva, lo que busca conseguir el amparo de ayer.
El planteo es similar al que aceptó el juez Greca. El texto argumenta que la quita de las pensiones “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”. Las expectativas favorables respecto de la conectividad de una y otra causa impulsaron a que diputados de otras provincias adelantaran que replicarían la misma presentación en sus distritos. Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Buenos Aires serán las provincias donde se harán demandas iguales, adelantó Doñate. “Tenemos registrados más de 180 casos, pero se sumaron datos de las localidades de Conesa, San Antonio, Bariloche, General Roca, Cipolletti y otras ciudades, que suman alrededor de 400 en toda la provincia”, explicó.
En el amparo se solicita “la inmediata rehabilitación de los citados beneficios y de todos aquellos afectados por el obrar arbitrario e ilegítimo de la demandada, con más sus intereses hasta el efectivo pago”, según el escrito al que accedió PáginaI12. En paralelo, se discutirá en la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja un nuevo marco legal que establezca la intangibilidad de las pensiones por discapacidad, así como también un nuevo esquema legal para evitar que se las puedan dar de baja (ver página 4). También se propondrá modificar la resolución aprobada durante el menemismo y que utiliza el macrismo para ajustar partidas para pensiones por invalidez.
Entre las causas que aduce la Comisión para retirar la pensión, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanzar el 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión, entre otras.
La Defensoría del Pueblo exhortó a la CNPA a que “reestablezca de forma inmediata todas las pensiones suspendidas considerando que éstas se habrían llevado a cabo sin un acto administrativo que las avale, y que considere una reforma normativa a fin de modificar los criterios que actualmente dejan sin protección a un gran número de personas que tienen derecho a esta clase de protección social”. Exigió el cese de suspensiones con motivo de falta de acreditación de incapacidad reglamentaria, en el caso puntual de “las pensiones no Contributivas por invalidez hasta tanto no se obtenga un nuevo Certificado Médico Oficial y/o una nueva auditoría médica”. Desde Desarrollo aseguraron que, como se viene haciendo desde fines de 2015, el Ministerio esta dispuesto a reconsiderar aquellos casos que lo necesiten, para lo cual invita a llamar al 0800 de la comisión. De todos modos, el organismo viene revisando por petición de los damnificados pero el saldo continúa siendo negativo, ya que por cada alta al sistema hay cuatro bajas o suspensiones.
