Honduras: medio año de Xiomara Castro en el poder

Desde Tegucigalpa

Se cumple medio año desde que Xiomara Castro se convirtiera en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras luego de unos históricos comicios, donde no solo consiguió la mayor cantidad de votos en una elección del país centroamericano, sino que además se comenzó a cicatrizar la herida causada por el golpe de Estado que su compañero Manuel Zelaya sufriera en 2009.

A seis meses de comandar el poder ejecutivo a nivel nacional a través del Partido Libre, de gobernar las ciudades más importantes y de obtener mayoría simple en el Congreso junto a sus -por momentos- aliados del Partido Salvador de Honduras (PSH), ¿cuáles han sido los avances, los pendientes y los mayores retos que atraviesa el autodenominado “gobierno socialista del poder popular”?

Para Rodolfo Pastor de María Campos, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, lo primero que hay que hacer es un análisis de cómo se encontraron a las instituciones: “Hubo que llegar a literalmente a apagar fuegos, a poner tapones para que no nos hundiéramos”, ilustra el politólogo, quien añade que en los últimos 12 años, la nación “sufrió el impacto de un régimen autoritario y corrupto en el que se fueron deteriorando todos los índices de derechos humanos, con un aumento de la desigualdad y de la violencia”.

Honduras es, después de Haití, el segundo país más empobrecido del continente, con un nivel mayor al 73% de la población y con un 50% de indigencia, al que los anteriores dirigentes del Partido Nacionalista endeudaron para militarizar y saquear, mientras establecían un narco gobierno que cooptaba todas las esferas del Estado, a la vez que la gente comenzaba a escapar en caravanas migrantes con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida en otras tierras.

“La presidenta Castro nos ha instruido y hemos empezado a desmontar la dictadura. Por ejemplo, derogamos una Ley de Secretos que le daba el derecho al anterior gobierno de administrar recursos públicos sin tener que rendir cuentas, siempre que lo justificara como un tema de seguridad nacional”, explica Pastor. También, el Ministro de Defensa José Zelaya -sobrino de la presidenta- acaba de disolver el polémico Consejo de Defensa y Seguridad creado en 2011 por el ex mandatario Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.

“Estas son medidas que van encaminadas a hacerle frente al monstruo de la corrupción que tenemos instalado. Porque además, estamos todavía enfrentados a unos operadores de justicia, a una Corte Suprema y a un Ministerio Público que siguen permeados de manera profunda por el anterior régimen y que nunca persiguieron a Juan Orlando Hernández -el ex presidente hondureño extraditado en abril a Estados Unidos por conspirar para meter 500 toneladas de cocaína-, a pesar de que habían más que suficientes pruebas”, dispara el asesor de Xiomara.

La recién aprobada ley para nombrar a una junta que propusiera a los candidatos para la nueva Corte generó un quiebre -al menos temporal- en la alianza entre el partido Libre y el PSH. Los diputados alineados con Salvador Nasralla votaron en contra, porque “la Corte Suprema de Justicia debe ser totalmente independiente y las personas que lleguen no deberían tener conflictos de intereses por ser funcionarios públicos de este o de anteriores gobiernos”, describe la médica y diputada del PSH Ligia Ramos.

De todas formas, la doctora aclara que “hemos avanzado bastante, acompañando la mayor parte de los proyectos del Ejecutivo y de la agenda legislativa que hemos tenido en común con Libre.” Destaca la nueva política energética, “de la cual yo me siento muy orgullosa y la cual respaldo al 100%”, en la que se declaró a la electricidad como un derecho humano y por lo que el gobierno la subsidia a quienes tienen poco consumo.

También, a pesar de importarlo en su totalidad y en medio del conflicto bélico en Europa del este, se ha rebajado el valor del combustible por tercera semana consecutiva, en un intento de reducir la inflación. Por otro lado, se lanzó el Bono Tecnológico para aliviar al campo -con semillas transgénicas- y la Red Solidaria para asistencia social. Otro hito ha sido la creación de la Policía Comunitaria, a través de la cual se busca mejorar la funcionalidad de una de las instituciones más criticadas luego de una década marcada por la represión.

En materia de salud es donde la médica del PSH ve una “carencia de una política clara, con bastante desabastecimiento de remedios y conflicto laboral por colegas que tienen siete meses de no recibir sueldo”. Para la periodista Jennifer Ávila -directora del medio digital ContraCorriente.red-, se debe a que “el gobierno anterior dejó amarrados muchos tratos que no se pueden pagar”, en un país donde “el clientelismo político y el dar trabajo por ser activista, ha sido la forma normal en que en las instituciones del Estado emplean gente”, explica.

Según Ávila, hay promesas de campaña que aún no se han cumplido y que generan cierta incomodidad: “Una de las exigencias más grandes del movimiento feminista es la aprobación de la de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), ya que Honduras es el único país en Latinoamérica que tiene prohibida su venta y su distribución”, denuncia. La “pastilla del día después” era legal hasta que, posterior al golpe, fue prohibida por considerarse abortiva (sic).

Para Pastor, la demora en volverla a legalizar se debe a que la PAE estará enmarcada en la “Ley integral contra las violencias hacia las mujeres” que se está socializando entre diversos sectores. “Hay grupos de poder fáctico que tienen todavía mucha capacidad mediática de utilizarlo en contra. Y requiere de un trabajo muy cuidadoso para que no se perciba como una imposición del poder, sino como el resultado de un diálogo”, describe Pastor. Pero mientras se construye ese consenso, la PAE sigue prohibida y las mujeres no pueden acceder a un medicamento esencial -según la Organización Mundial de la Salud- “ni siquiera durante un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual”, argumenta Ávila.

“La labor de gobernar es un arte de equilibrios y en este momento sabemos el apoyo que tenemos, pero también estamos conscientes del frágil equilibrio que hemos logrado establecer y como podría ser afectado de dar un paso en falso”, ilustra el Secretario de Estado. Por esa misma razón queda -por el momento- apartada la idea de una Asamblea Constituyente, prometida también en la campaña electoral. “Es nuestra razón de ser. Libre nace a partir de un Golpe de Estado que lo que buscó fue interrumpir un proceso de apertura democrática y de consulta popular. Entonces, la Constituyente es una parte fundamental de nuestro proyecto, pero entendemos la realidad en la que estamos y sabemos que no hay condiciones”, describe Pastor.

Para Bertha Zúñiga, la hija de la asesinada defensora de los recursos naturales Berta Cáceres, “como COPINH constatamos la fuerza de los grupos de poder para los cuales plantear los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras -y la reivindicación que debe hacer el Estado- es una de las mayores amenazas a sus intereses”, analiza. Y más allá de ser recibidos en Casa de Gobierno por la presidenta Xiomara, aclara que “a pesar de la voluntad manifiesta, no hay avance en las demandas territoriales de los pueblos. Pero seguimos esforzándonos para que este tema sea abordado estructuralmente”, advierte.

“Sí ha habido ciertas cosas simbólicas importantes, pero todavía no se ve, por ejemplo, el impacto de la derogación de la Ley de las Zede, como mejoró o resolvió los conflictos socioambientales”, grafica la periodista Jennifer Ávila. Para la doctora y diputada Ligia Ramos, “tenemos que buscar el balance. El gobierno en el Poder Ejecutivo ha hecho cosas importantes que nosotros acompañamos en el Congreso. Tenemos al crimen organizado todavía dentro de las instituciones, que hace más difícil que las cosas funcionen bien rápidamente. Pero en seis meses, hemos avanzado bastante”, afirma.

Según Rodolfo Pastor de María Campos, Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia,”siendo optimistas y lo más realistas posible, en estos tres años y medio que nos quedan por delante, si somos capaces, vamos a lograr estabilizar el país, terminar de apagar esos fuegos, poner la casa en orden y sentar las bases, para que el próximo gobierno sea el que pueda empezar a construir un país más justo, más democrático, más próspero y también por eso más pacífico”.