Las agresiones contra periodistas en El Salvador aumentaron 184% entre 2019 y 2021, según el informe "Libertad de prensa y acceso a la información pública", elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana, presentado este martes.
El documento registra que solo el año pasado hubo 219 agresiones hacia periodistas, producto de una fuerte criminalización y persecución, el discurso de odio y estigma y los ataques digitales. Entre 2019 y 2021 hubo 421 agresiones en contra del sector periodístico: en 2019 se contaron 77 casos, en 2020, 125 y en 2021, 219.
Las temáticas abordadas en la investigación incluyen las restricciones al ejercicio periodístico, los ataques que incluyen discursos de odio, intimidación y ataques físicos, el acceso a la Información pública de los periodistas y el espionaje.
Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de Asociación de Periodistas de El Salvador, dijo que los ataques a los periodistas han sido frecuentes. "Un ejemplo de ello es que el presidente del Órgano Ejecutivo de El Salvador ha llegado a pedirle a los periodistas "incómodos" que se retiren del país, que aquí no se necesitan", señaló.
"Hay una fuerte campaña mediática por parte de los medios estatales que refuerza el discurso de odio hacia los periodistas y medios que intentan hacer bien su trabajo", sostuvo Valencia. Además, alertó que el panorama de acoso podría empeorar en el inicio del año electoral.
Acceso a la información pública
El informe OUDH también señala un escaso o nulo acceso a la información pública, tras monitorear los portales de 19 instituciones públicas: 14 del Órgano Ejecutivo, 1 del Órgano Legislativo, 2 del Órgano Judicial y 3 del Ministerio Público.
La investigadora del OUDH, Carla Quinteros, aseguró que "no hay acceso a la información" y que por ende los periodistas no pueden generar notas sobre la base de esa información. Para Quinteros, esto trae como consecuencia que la población no esté "realmente consciente de lo que está sucediendo en el país" y no pueda "ejercer su derecho a informarse".
Liduvina Escobar, experta en acceso a la Información pública, dijo durante la presentación del informe que las reservas de información, deberían ser excepciones en la ley. "Sin embargo, vemos un incremento de reservas con la finalidad de esconder información por parte del gobierno", afirmó.
Según Escobar, muchas de las reservas de información no tienen base legal. “Hay una intención del gobierno para que no se sepa estos datos”, aseguró.
