El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, criticó este miércoles a la fiscal general, Sandra Quiñónez, y aseguró que “perdió su credibilidad” porque se “convirtió en un brazo político de un sector que, a través de promesas de impunidad, construyó un equipo político”.

En esta línea, el mandatario cuestionó que no haya votos suficientes para impulsar el juicio político contra Quiñónez. La Cámara de Diputados empezó el domingo una sesión para tratar esa posibilidad y desde ese entonces no ha contado con los legisladores necesarios para retomar los encuentros.

“Lo que toda la ciudadanía sabe es a quiénes están defendiendo. Es lamentable lo que estamos viviendo, es lamentable que la plata del crimen organizado hoy influya para que algunos políticos no hagan quórum para llevar adelante un proceso político”, subrayó Abdo.

Quiñónez es acusada de proteger al expresidente y líder del Partido Colorado, Horacio Cartes (2013-2018), y la apertura de un juicio político es resistida por la bancada del sector del oficialismo que él lidera, Honor Colorado, y a la vez impulsada por los demás movimientos del partido de gobierno, incluso el liderado por Abdo. 

Se prevé que la sesión de la Cámara de Diputados sea retomada este miércoles. Sería la cuarta vez que se vota el inicio del juicio político, que requiere del apoyo de 53 de los 80 legisladores que integran la cámara baja.

En la sesión anterior se discutieron dos de los 11 puntos enmarcados en la denuncia, por lo que este miércoles se deberán tratar los restantes. Entre otros, figuran los supuestos beneficios dados a Roque Fabiano, uno de los socios de Cartes, así como el caso de Darío Messer, un financista asociado al pago de sobornos por parte de las empresas vinculadas a la Lava Jato, en Brasil y en el exterior, que supuestamente era socio de Cartes, quien lo habría ayudado a ocultarse en Paraguay cuando estaba prófugo de la justicia de su país. 

Quiñónez también es acusada de haber desatendido informes de entes gubernamentales vinculados a Cartes en los que había indicios de irregularidades, como la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Además, se la acusa de haber actuado con parcialidad, arbitrariedad y selectividad, tomando acciones diferentes ante procesos similares, así como de ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa.