Estefanía y Marianela Gorosito tenían 25 y 28 años. Eran hermanas inseparables, cada una tenía un hijo. El 19 de julio por la tarde fueron juntas a merendar a un bar céntrico de Rosario, y cuando salieron, las subieron a un auto. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en un basural de la vecina localidad de Pérez, al oeste. Entre las dos, recibieron una docena de disparos. Cinco días después, Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra esperaban el colectivo en Maestros Santafesinos e Isola, en la zona sudoeste, cuando dos vehículos pasaron disparando sin miramientos hacia una de las torres de la zona del Parque del Mercado. La madre murió en el lugar, mientras que la hija, de 32 años, lucha por su vida en una cama del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Al tiempo que esta nota se producía, Brisa Brest, una joven madre de 22 años fue baleada en el abdomen, en barrio Empalme Graneros, en circunstancias que se investigan. Las víctimas se suman. Son hermanas, madres e hijas y hasta embarazadas, como Débora Andino, asesinada en los primeros días del año, en Viamonte al 7300, durante un ataque en el que resultó herida su hijita de 9 años; o Georgina Olguín, una joven vulnerable que estaba de 9 meses cuando su cuerpo fue encontrado sin vida, en las primeras horas de junio, en un descampado de Aborígenes Argentinos al 7100. En 2018, la concejala rosarina Norma López puso el foco en estos feminicidios -así los llama por la responsabilidad estatal en la falta de políticas eficaces, como mínimo- y decidió incluir en las estadísticas que elabora aquellos casos vinculados a la criminalidad organizada, en base al protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

El femicidio de Estefanía y Marianela puso en evidencia que cada vez hay más víctimas mujeres en eso que se generaliza bajo la calificación de “crímenes narco” y conviene desmalezar. Hubo versiones de grandes deudas impagas, que hasta ahora no han sido confirmadas y así se las empezó a configurar como “malas víctimas”. Hasta que Claudia y Virginia -asistente escolar la madre muerta, profesora de danzas árabes la hija gravemente herida- pusieron el foco en que la muerte es una amenaza latente para todas. La indignación tomó a una sociedad quebrada que naturaliza la violencia extramuros a menos que sus víctimas puedan presumirse “inocentes”.

Hasta el miércoles, eran 159 los homicidios registrados en el departamento Rosario, en 2022, según el Observatorio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de la Acusación. La semana pasada, el fiscal Patricio Saldutti, que investiga como femicidio el crimen de las hermanas Gorosito, reconoció un incremento de los hechos de violencia que dejan como víctimas fatales a mujeres, en relación a casos en los que aparecen involucradas redes o estructuras criminales. Incluso, cuando imputó a dos de los acusados en el hecho -hay más personas que están siendo buscadas-, Saldutti habló del caso como "la muerte violenta de dos mujeres, víctimas vulnerables, madres con hijos menores (uno cada una), en un contexto de violencia de género de relieve, por la violencia y la atrocidad con la que se cometió y por la forma y lugar de descarte de sus cuerpos", dijo en la audiencia donde imputó "Femicidio, en concurso ideal con homicidio criminis causae y en concurso premeditado por dos o más personas", además del robo de joyas que solían usar las víctimas y la portación de al menos un arma por parte de los agresores. También dijo que sigue en investigación el móvil del hecho y que un testigo de identidad reservada mencionó a un hombre -que está prófugo y es sospechoso como parte del grupo atacante- como quien habría mantenido relación con una de las hermanas.

Los casos de mujeres como víctimas fatales de la criminalidad organizada (que hoy puede verse en balaceras, ataques sicarios, venganzas ligadas a economías ilegales) son analizados desde 2018 por el observatorio del espacio político que tiene como referenta a Norma López. Cuando presentó el relevamiento de aquel año, la edila recordó a Norma Bustos, asesinada en noviembre de 2014, cuando pasaba los días buscando testigos para esclarecer el homicidio de su hijo. Fue Mercedes Pagnutti, quien realizaba ese trabajo como integrante del equipo de género de la concejala, quien puso el foco en el aumento desmedido de esa cifra. Pagnutti falleció el 19 de julio pasado, por una enfermedad. Lo que esta histórica militante feminista empezó a contar hace ya un lustro, hoy es materia de análisis en el Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal de Homicidios Dolosos de Rosario, Gisella Paolicelli, confirmó el aumento de las mujeres víctimas de la violencia relacionada con estructuras delictivas. "Es lo que vamos notando caso a caso, turno a turno. Hay muchísimas más mujeres como víctimas", dijo.

En ese sentido, consideró que "en algunos casos, las mujeres se han puesto al mando de los negocios, al estar presos la mayoría de los líderes de las bandas. Tomaron un lugar que quizás antes no tenían, con lo que eso implica; y por ocupar esos lugares pueden aparecer como víctima estratégica para la banda contraria. Lo que no quita que además haya cuestiones de género que atraviesan siempre. Aparecen como supeditadas por quienes están presos o que antes tenían el negocio. Lo que no se ha visto es su rol en el sicariato"; y aseguró que "la violencia en sí misma tiene origen en el varón".

La fiscal recordó que el Ministerio Público de la Acusación trabaja con el protocolo de femicidios, presentado a fines de 2020. " Se toman medidas en particular, se tienen ciertos recaudos, incluso para hacer autopsias y -desde que la investigación comienza- se presume femicidio", detalló. "Cuando se investiga con perspectiva de género, siempre se investiga mejor", enfatizó.

La enumeración es apabullante. Además de Débora Andino, también en enero fue asesinada Natalí Longhi, a quien le dispararon desde la mirilla de la puerta cuando desconocidos se acercaron a su casa de pasaje Franco al 1900 y la llamaron por su nombre. A finales de ese mes también se cometió el triple crimen de Ibarlucea, donde dos de las víctimas fueron mujeres: Érica Romera y su beba -además del padre de la nena- murieron en un ataque a tiros, a la salida del casamiento de una pareja que estaba por ir a juicio en una causa federal. En abril, Magdalena Acosta, de 74 años, murió tras haber recibido disparos mientras estaba en la vereda de Pasaje Rafaela al 5200, con su nieta, cuando les pidió a un grupo de chicos que pasen más despacio con las motos porque había niñes en la calle y la atacaron.

Otro crimen resonante fue el de Aymara Altamirano, asesinada junto a su hija Ámbar Auriazul, de 6 años, y su pareja, en mayo. La madre de la chica aseguró que fue un error. Y en junio, Carmen Villalba, de 53 años, y su hija Marlén, de 15, fueron víctimas de una balacera contra el frente de la vivienda de un familiar, en Ugarte al 700.

La noche del martes se sumó Brisa Brest, una joven madre de 22 años que fue baleada en el abdomen, en barrio Empalme Graneros, en circunstancias que se investigan. El ataque fue a metros del club Los Pumas, donde a esa hora se jugaba un torneo de fútbol femenino. "Viste como es, el tema del narcotráfico está en todos lados. Eso atrae las balas", deslizó un vecino a Canal 3, sobre una versión que vincula el caso con ese tema.

Estos femicidios empiezan a hacerse un lugar en una estadística ya bastante abultada. En la previa del último 3 de Junio - Ni Una Menos, el Observatorio de Femicidios de La Corriente, contabilizó 118 femicidios en el país, 28 en la provincia de Santa Fe: 7 íntimos y 21 en contexto de criminalidad. En todo 2021, los femicidios/trans/travesticidios ligados a entramados de criminalidad organizada habían sido 19.

Más de un mes después, cuando fueron asesinadas las hermanas Gorosito, el observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos", de la organización Mumalá, dio a conocer que sus registros contabilizaban 40 las muertes violentas de mujeres en toda la provincia: 27 casos en contexto de violencias urbanas; 10 femicidios íntimos, un transfemicidio y un suicidio femicida, además de tres casos en investigación. En todo el país, contabilizaron 134 femicidios. Es decir que en la provincia de Santa Fe, el peligro de sufrir un femicidio íntimo es alto, pero no tanto como ser asesinada por una banda criminal, en circunstancias de lo más variadas.

El impacto del asesinato de Claudia Deldebbio, de 58 años, es altísimo, porque quedaron en medio de una balacera con la que no tenían nada que ver. Ella y su hija no pertenecían a ninguna banda. Se ligaron los balazos por vivir en el mismo barrio que personas vinculadas al clan Ungaro, relacionado con varios hechos violentos, desde el temprano asesinato de Pimpi Camino, líder de la barra brava de Newell’s Old Boys, en marzo de 2010.

Lejos de ese entramado, Claudia -también como una forma de protección por los peligros que implica salir a la calle- acompañó a su hija Virginia a tomar el colectivo, el sábado a la tarde, y perdió la vida. Las dos mujeres quedaron en medio de una balacera que se investiga como una posible represalia de un crimen de la semana anterior, por un conflicto entre bandas.

Las marchas se sucedieron: abrazos al Hospital de Emergencias, a la escuela donde Claudia trabajó durante 25 años, movilizaciones callejeras y hasta un ruidazo fueron convocados para manifestar la bronca por esta muerte, mientras la imagen de Virginia Ferreyra se multiplica en todos los canales de televisión, con pedidos de pronta recuperación. “Estas muertes que conmocionan tienen que ver con las características de las víctimas, con cuáles víctimas logramos poder construir una mayor empatía, y también tiene que ver con la metodología, porque hay formas de matar muy espectaculares que generan más incertidumbre en el resto de las personas que circulamos por la ciudad”, señala la investigadora Eugenia Cozzi, que es doctora en Antropología, investigadora del Conicet y publicó recientemente el libro “De ladrones a narcos, violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento”.

Lo que deja en claro Cozzi es que la vulnerabilidad es muy diferente según qué zona de la ciudad se habite. “No todas ni todos estamos del mismo modo en riesgo de sufrir este tipo de agresiones en la ciudad, porque si podemos hacer una caracterización acerca de cuáles son la mayoría de los muertos de nuestra ciudad de los últimos años, nos vamos a encontrar con que la gran mayoría de los muertos son jóvenes varones de sectores populares y algunos de ellos con cierta vinculación con el mundo del delito popular. No todos, y no todos ni siquiera con el mercado de drogas ilegalizado. Entonces, no es lo mismo ser varón o mujer, ser de un barrio del centro o de un barrio popular, participar o no del mundo del delito”, planteó y recordó que “la victimización letal está distribuida de manera desigual en nuestra ciudad y eso además aparece en toda América Latina. Las tasas de homicidio dan cuenta de esa desigualdad”.

Cozzi trabaja en una investigación sobre la participación de mujeres en lo que describe como el mundo del delito popular. “Una de las cosas que nos interesa ver es si esta última ola feminista, así como ha incidido en otros ámbitos sociales, en el sentido de generar tensiones en relación a los roles que ocupaban las mujeres históricamente, también lo hizo en el mundo del delito popular que además es un espacio social hipermasculino y masculinizado, donde la formas de despegue de violencia, también están muy ligadas a una forma de masculinidad hegemónica del modelo patriarcal”, relata.

Lo que les interesaba indagar es si hubo modificaciones al interior del mundo del delito con la aparición de estas mujeres o si lo que se modificó fue la forma de mirar esa participación. “De las primeras cosas que empezamos a relevar, lo que aparece es que pasaron las dos cosas, hubo una reconfiguración del mundo del delito popular en relación a la participación de mujeres o cuerpos feminizados. Ha habido una reconfiguración y también ha cambiado la forma de mirarlos”, plantea la investigadora.

Es que las mujeres venían participando en el mundo del delito organizado, pero sus roles eran invisibles. “Ahora aparecen ocupando roles que tradicionalmente eran ocupados por varones. Esto las expone a nuevos riesgos, que se suman a los riesgos que ya acarrean por ser mujeres”, describe Cozzi.

La autora trae a Rosario el concepto de violencia expresiva, que Rita Segato despliega en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. “Hay que tomar en cuenta la expresividad de esas violencias, tienen que ver con formas de dominación. Entonces, las explicaciones rápidas sobre lo que sucede en Rosario que aluden a la idea de guerra narco, ligada con una violencia instrumental para disputas de mercados ilegales, quedan corta. Hay que pensar cómo es el uso expresivo de esa violencia, en el sentido de probar masculinidad, pero también para probar que yo domino al otro, a la otra”, señala la investigadora y subraya: “Es una forma de ejercicio del poder, no solo una disputa instrumental por un mercado”.