La Unión Europea (UE) determinó que los nuevos modelos de vehículos que salgan al mercado, a partir de julio de 2022, deberán llevar obligatoriamente una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Se trata de una tecnología con cámaras, que entre sus funciones pueden hacer un rastreo ocular o análisis de pestañeo, para detectar la fatiga de los conductores a la hora de conducir.
Según explicaron las autoridades, para saber el estado del conductor, la cámara medirá la frecuencia del parpadeo, el rastreo ocular, y la inclinación de la cabeza, tecnologías consideradas intrusivas. En caso de detectar somnolencia, el sistema mandará una alerta acústica, visual o sensorial al usuario.
Los coches también deberán incorporar un regulador inteligente de velocidad, que conecta el control de crucero con un sistema de reconocimiento de las señales; un detector de tráfico trasero que facilite las maniobras o una caja negra que pueda ayudar a averiguar las causas de accidentes. Todas estas medidas funcionan gracias a distintos sensores (radar, lídar, ultrasonidos, cámaras exteriores) que procesan información sobre el entorno que rodea al vehículo.
Además, será obligatoria la alerta de cambio involuntario de carril, el bloqueo del vehículo con alcoholímetro, la frenada de emergencia, y la alerta de cinturón en las plazas traseras.
Desde la UE aclararon que estas medidas, que algunas marcas como BMW ya introducían de forma voluntaria en sus modelos, serán obligatorias para cualquier coche nuevo que se venda a partir de 2024.
Asimismo, los vehículos que se quieran homologar desde julio de 2022 en territorio europeo, deberán hacer el trámite e incorporar sistemas que midan el nivel de alerta, sueño y fatiga del conductor.
Controversias
Esta medida, que ya fue implementada por Bruselas, comienza a acercarse a las medidas de inteligencia artificial que se utilizan en China y generó algunas críticas puesto que algunos consideran que puede poner en peligro la libertad individual.
A través del reconocimiento facial –en uso desde hace ya varios años en el país asiático– y la recopilación de datos de los 1.4000 millones de ciudadanos chinos, el Estado puede detectar, por ejemplo, dónde se encuentra una persona que tiene antecedentes penales.
