De nuevo, Argentina ha llegado a una crisis cambiaria que era muy previsible, a pesar de las circunstancias relativamente favorables que brindó el comercio internacional desde 2020. En los últimos días, el gobierno tomó medidas orientadas a permitir a los productores comprar dólares al tipo de cambio oficial más impuestos por 30 por ciento de sus ventas y tener acceso a plazo fijo dolar-link para el resto, buscando que se acelere la liquidación de granos durante el mes entrante. En esta nota se vuelve sobre las otras opciones que se abrían en el contexto actual y sobre cuáles son las medidas que se deberían tomar a largo plazo.

Al igual que en octubre de 2020, aparece la disyuntiva del palo o zanahoria para que el sector agropecuario liquide sus stocks de granos, que se estiman en 15 mil millones de dólares. En aquel entonces, se había definido una reducción temporaria de la alícuota a las retenciones a las exportaciones de 33 a 30 por ciento para mitigar el alza en los dólares financieros, logrando los resultados buscados. 

Por lo tanto, pareciera que tentar al sector con esa herramienta podía ser técnicamente válido, aunque políticamente la situación ahora es distinta. Además, en términos fiscales la resignación de una parte de esa recaudación complicaría llegar a las metas acordadas con el FMI.

Incentivos

Otra alternativa era asegurarle al productor que la ganancia que obtiene mantendrá su valor. Eso es lo que pretende el flamante "plazo fijo chacarero", que ofrece un índice atado a la evolución del dólar para las ventas de los productores agropecuarios. Esta es la medida que tomó el Gobierno, junto a la habilitación de la compra de dólares del sojero a un tipo de cambio diferencial a cambio de una venta de sus granos. 

El circuito normal de venta del sector consiste en que el productor vende en pesos sus granos a los intermediarios, que luego revende a los exportadores. De esa forma, si el productor tiene una expectativa de devaluación, de nada le sirve vender sus granos almacenados en la actualidad, sino que es más lógico esperar. 

El otro incentivo lanzado ahora pasa por ofrecerle al productor la posibilidad de comprar dólares si se informa la venta de granos ante la AFIP, esto es, que pueda formar activos externos pero a cambio de una venta que redundará en exportación. Esa forma de devolverle parte de los dólares de exportación al productor podría ser mal visto desde la política dado que se puede considerar como una "fuga" de divisas de un sector en permanente confrontación con el oficialismo. No obstante, se puede entender su uso en función de los alcances de la negociación y de los objetivos que quiere alcanzar el Gobierno.

Asimismo, se podría incentivar la importación de soja de Paraguay para que ésta se procese y de esa forma incrementar las exportaciones en un momento donde la capacidad ociosa de las aceiteras es importante. No obstante, ésta parece ser la peor solución: no solo existen sospechas respecto del buen uso de esa herramienta de parte de las empresas transnacionales, en las cuales las triangulaciones con Paraguay se han demostrado en el caso de Vicentín, sino que incluso se estima que una parte de esos granos se originan en Argentina, y no en el país vecino.

La información sobre las importaciones muestra que se estuvo incrementando la compra de soja a Paraguay para su procesamiento, pero también se debe considerar que no toda esa soja se exportó, con lo cual la misma soja paraguaya podría estar siendo stockeada por las empresas transnacionales para esperar mejores condiciones y presionar sobre los propios productores locales.

En cuarto lugar, aprovechando la cercanía de la siembra y la necesidad de inversión de los productores de soja en septiembre, el incentivo a desprenderse del stock es muy bajo si se ofrece alternativamente unos préstamos bancarios a tasas subsidiadas. Es decir, para efectuar esa inversión el productor tiene dos alternativas: tomar un préstamo o desprenderse de sus ahorros en dólares (o poroto de soja en este caso). 

Como lo haría cualquier ciudadano de a pie, la tasa de interés debe ser muy elevada como para que esa inversión implique desahorrar. De esto se desprende una conclusión simple: si se subsidia la tasa de interés al sojero, entonces éste no tiene ningún incentivo a desprenderse de sus stocks. Subir la tasa de interés bancaria para el sector agropecuario de la pampa húmeda a niveles acordes a la inflación no es castigar al sector sino alinear los incentivos en función de las necesidades del gobierno.

En quinto lugar, es necesario que los contratos de futuro en la Argentina tengan una mayor relevancia. Es absolutamente discutible que esto genere una financiarización en el caso local, dado que solo un 50 por ciento de la producción de soja se vende como derivado financiero, un mercado en el cual los agentes no comerciales tienen nula influencia. La razón del escaso uso de los contratos de futuro es cultural, pero también afecta la tasa de interés real negativa ofrecida por los bancos, ya que las tasas de contratos a futuro deben emparejarse las tasas bancarias.

Al regalar tasa de interés bancaria a los sojeros, el propio Gobierno desincentiva el uso de los futuros, que se vuelven muy caros. Si se mira lo que ocurre en Estados Unidos, donde el uso de contratos a futuro es más común, las ventajas parecen claras: la venta de soja a futuro es una alternativa al acopio, ya que el productor ya se asegura un precio, y eso debería poder articularse con el plazo fijo chacarero de forma a desdolarizar el sector, alineando los incentivos.

Problema de fondo

Pero más allá de estas soluciones coyunturales, el problema del almacenamiento de granos es uno de los nudos problemáticos de la política y economía en Argentina, frente a lo cual se deben tomar definiciones estructurales. 

Para dar cuenta de esa situación es necesario remitirse a lo que ocurre a nivel internacional, donde se definen los precios de los granos. Los stocks de soja de Estados Unidos son el elemento relevante para determinar la evolución de los precios en el ciclo de corto plazo. La tendencia en los últimos 40 años es a una reducción de los stocks de soja en Estados Unidos, de un 10 por ciento del uso mundial de soja en los años '80 a 1 por ciento en 2006, lo cual se relaciona con el esquema de subsidios oficiales, que privilegia reducir stocks tanto públicos como privados, así como la mayor coordinación vertical de las cadenas de valor de alimentos, que se orientaron hacia el just-in-time en la gestión del almacenamiento, además de un uso corriente de los contratos a futuro.

Los analistas concuerdan en que tanto la política agrícola de Estados Unidos como la Política Agrícola Común de la Unión Europea se orientan hacia subvenciones que incitan a no stockear la mercadería, a partir de marketing loans, pagos contracíclicos y seguros. 

Por ejemplo, el Fair Act de 1996 adoptado en Estados Unidos había consagrado la posibilidad para los agricultores de asegurarse el precio-sostén (loan price) sin necesidad de vender sus productos al organismo de stock público estadounidense, la Commodity Credit Corporation (CCC). De esa forma, las autoridades públicas dejaron de controlar la oferta de corto plazo e incentivan los agricultores a volcar su producción en el mercado reduciendo los costos de almacenamiento.

En el resto del mundo, la situación es distinta ya que los stocks de Argentina (6 por ciento de la demanda mundial), Brasil (6,0) y China (5,0) empezaron a tomar un valor importante y representan gran parte de las existencias de soja a nivel mundial. Si se mira esto en relación a la producción de cada país, reaparece la tendencia bajista de largo plazo en el caso de Estados Unidos, desde un promedio de 15 por ciento sobre el total de su producción en los años ochenta a los 5 por ciento en los últimos años. 

Brasil fue reduciendo sus stocks desde 2011, pasando de niveles de 35 por ciento a 25 por ciento de la producción en la actualidad. A la inversa, Argentina fue incrementando sus stocks, que ya eran elevados, en los últimos 10 años, pasando de 40 por ciento del total a un 50 por ciento. Sin dudas, la conflictividad entre el sector agropecuario y el Gobierno es parte de la explicación del salto en los stocks, siendo la volatilidad macroeconómica la segunda razón de importancia.

Los stocks privados argentinos son en la actualidad incluso superiores a los stocks públicos chinos, principal país importador. La compra de grandes stocks por parte de una empresa pública como Sinograin se puede explicar por las tensiones que su dependencia de las importaciones conlleva para su soberanía alimentaria. 

Si bien esos stocks terminan siendo caros, ya que se nutren de soja importada, a su vez le permiten a China frenar el precio internacional compensando parcialmente el efecto de la baja de stock de Estados Unidos. El otro gran freno para un mayor incremento de precios de la soja a nivel internacional es el propio stock que tienen los brasileños y los argentinos.

Paradójicamente, los elevados niveles promedio de stocks de soja en Argentina son mayores que los que existían en los tiempos de la regulación de los mercados de granos por parte de la Junta Nacional de Granos. Esto revela una pérdida de eficiencia productiva, ya que el stock privado implica un costo que la inestabilidad macroeconómica argentina no puede justificar, ya que las herramientas financieras para sortearla existen y serían más adecuadas.

De acuerdo al análisis previo se concluye que la constitución de stocks públicos de soja parece ser la mejor forma de solucionar uno de los problemas estructurales de Argentina. Esto requiere de una empresa estatal, que se podría haber puesto en marcha cuando se tuvo la posibilidad de nacionalizar Vicentín, pero que ahora podría ser YPF Agro o la Empresa Nacional de Alimentos. 

La utilidad de esa empresa sería clara. Podría comprar al productor a precio diferencial en relación a la segmentación que se quiera realizar y permitiría realizar escala en la comercialización interna del grano. El Estado podría manejar parte del circuito de la soja y mejorar los controles impositivos que se derivan de ellos, y en términos generales se podrían trasladar los costos de almacenar desde el sector privado al sector público, con el consiguiente beneficio para ambas partes: el chacarero reduce sus costos y el Estado evita los efectos adversos de la retención de granos.

*Coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación