La justicia porteña habilitó este lunes la feria judicial para que tramite, sin demoras, la demanda promovida por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por hechos de violencia institucional contra personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. 

La decisión fue tomada por la jueza Andrea Danas luego de contar con la opinión a favor de la fiscal Marcela Monti y con la intimación para que la demanda, también firmada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, fuera "readecuada" como una acción de amparo.

En la resolución más reciente, el juez de feria Guillermo Schreibler reenvió el expediente a la fiscalía, para que dictamine qusie la causa iniciada por los funcionarios nacionales contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) debe ser registrada como un proceso "colectivo".

En la causa, iniciada como un habeas corpus "colectivo y preventivo", Pietragalla Corti y Przybylski dijeron que actuaban "en favor de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los graves hechos de violencia institucional que han sido denunciados ante esta Secretaría".

La denuncia destacó que no son hechos aislados sino de un "modus operandi", cuyos destinatarios "son arbitrariamente despojados de sus pertenencias sin ninguna legalidad, hostigados y denigrados por funcionarios públicos con la finalidad de que abandonen las calles".

Pietragalla Corti y Przybylski pretenden que "por medio de la presente se garantice la libertad de este colectivo de personas y se ordene al gobierno local que cese en su hostigamiento, amenazas y robo de pertenencias a personas en situación de calle" marcando pautas de acción para las fuerzas de seguridad y agentes intervinientes.

Przybylski aseguró a este diario que "nosotros estamos marcando que no solo tienen el derecho vulnerado por estar en situación de calle sino que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los amenaza, los hostiga, les roba las pertenencias". Y añadió:  "Ese es el punto que estamos marcando para que la justicia intervenga: el cese a la violencia”.

Todavía en el expediente no le corrieron el traslado al Gobierno de la Ciudad, eso va a pasar cuando el Ministerio Publico Fiscal dé su respuesta. Recién en esa instancia “la Ciudad tendrá que hacer un descargo y fijar una posición y ahí nos enteraremos formalmente de lo que pasó”, explicó Przybylski.

Przybylski aseguró que cuando se presentaron con el habeas corpus y la jueza decidió cambiarlo por un amparo, la magistrada advirtió en la resolución que “los hechos son graves y merecen una acción rápida de parte de la justicia” y por eso “ordenó mandar un oficio a la Ciudad, aunque todavía se esta tramitando  la  resolución para que esté enterado de esta situación y que hay una denuncia”, sostuvo el director.

Además de las organizaciones que se acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos y originaron el amparo, Przybylski afirmó que otras organizaciones se acercaron para sumar su denuncia y contar que efectivamente “esto sucede” y que se van a presentar en el expediente para denunciar más casos y llaman a que otros se animen a denunciar la violencia.