Como casi todo en esa prolongada tensa calma con la que convive el Frente de Todos, la decisión de darle al campo un beneficio cambiario para que liquide dólares y le alivie la situación al Gobierno en plena carencia de divisas, es una especie de testeo de estabilidad política que está atado a resultados y evaluación de costos políticos de un tema espinoso e incómodo para el oficialismo. La idea final de avanzar en ese frente se tomó, según contaron fuentes de la Casa Rosada a Página/12, hace al menos quince días en una mesa compartida entre Economía, la AFIP, el ministerio de Agricultura y el Banco Central (BCRA). Antes de despegar hacia Washington y a pesar de las desmentidas iniciales de parte del Gobierno, la ministra Silvina Batakis ya conocía el detalle, que se trabajó con el presidente Alberto Fernández en las horas previas a su breve periplo por Estados Unidos.

El día mismo de la confirmación oficial, el titular del BCRA, Miguel Pesce, recibió un llamado de directivos de una cámara agraria apoyando la decisión y elogiando el sistema como importante para acelerar liquidaciones. Este miércoles, en tanto, Pesce junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantuvieron una reunión con esos dirigentes del campo y con referentes agroindustriales para analizar el alcance e impacto del beneficio. 

En ese encuentro participaron los bancos que ejecutarán el sistema, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, Cra y Coninagro) las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, Chaco y Santa Fe; el MATBA Rofex, corredos, acopiadores y exportadores de granos. Todos vieron a la medida como favorable con la excepción de consideraciones de aplicación técnica que plantearon los bancos. Algunos, incluso, adelantaron que venderán. 

El contexto político

El Presidente Fernández habló con Batakis por teléfono antes de que embarcara de regreso de los Estados Unidos, evaluaron en esa llamada la gira y las medidas, que según la Casa Rosada son parte de un paquete de “decisiones de consenso” que no necesariamente tendrán una celebración pública de los sectores más vinculados al kirchnerismo. El silencio de la vice, Cristina Kirchner, en estos contextos, dice bastante más que las manifestaciones públicas que aguardan los ansiosos. 

Es que los sectores que en la crisis le sugieren cosas al presidente, que son varios, entre ellos los gobernadores en el almuerzo de ayer y el massismo, no le requieren algo específico sobre esta decisión del campo, sino un paso político más coyuntural, con medidas de fondo que avancen en diferentes frentes y cambios en el Gabinete, que según trascendió se darán en las próximas horas. No es ya una discusión aislada sobre la medida del agro, sino un rumbo más profundo y definido, que incluiría una reformulación del Gabinete Ecoonómico. Hoy, todo el Gobierno está detrás de apuntalar la idea de resolver la tormenta, la corrida y avanzar con medidas. Esa es la prioridad número uno.

La eficacia de la medida, un test clave

Allí entra en juego la eficacia o no de la medida de un dólar diferencial para el campo, que en el Gobierno salen a defender asegurando que no es un desdoblamiento sino un esquema que ya tienen otros sectores. Algunos ejemplos, por excedente de exportaciones, la Economía del Conocimiento y la industria tienen, según el régimen cambiario, la posibilidad de libre aplicación del 20 por ciento de los dólares que puedan comprar a valor competitivo. Según el Gobierno, como el objetivo de la liquidación son las ventas de los productores a los exportadores, no se puede catalogar su margen de exportaciones, por lo que quedaba sólo darles un mejor precio cambiario por la venta. 

Según cálculos oficiales, entrarían con el beneficio al campo entre 2500 y 3000 millones de dólares antes del 31 de agosto. Eso, según el Gobierno, equivale a un poco más de lo que habrá que pagar de importaciones de energía en agosto, último mes de tensiones cambiarias vinculadas a los pagos de ese suministro. 

Hasta ahora, el gasto en energía reflejó desembolsos del BCRA por cerca de 2000 millones en junio y algo más en julio. La expectativa es que en agosto se paguen cerca de 1600 millones. El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, les prometió a los industriales de la UIA que de allí en más se normalizaría el suministro de dólares fabriles, tras el invierno y la energía.

Todavía no está habilitado el mecanismo para el trámite de ventas de los sojeros, pero según detalles a los que accedió este diario, estará terminado el lunes. Así, se espera que en las últimas dos semanas del mes haya ventas para llegar a esos números, según afirman en el sector privado, confirmando las cifras que maneja el Gobierno. En este sentido, aclaran fuentes oficiales que, según los procesos industriales, desde que se vende el grano hasta que eso tiene impacto en el mercado, pasan unos 45 días. 

En este escenario, en todo el Frente la única idea es concentrarse en resolver la corrida y salir de la coyuntura más que crítica. Hay un dato central en esta política pro campo del Gobierno, que se transformó en una posición unificada. Si el resultado de la liquidación que se espera no es satisfactorio, se verá si el agro pulseaba por una compensación razonable o bien presionaba por una devaluación sólo asimilable al tipo de cambio paralelo. Ahí está la apuesta a exponer a los que jugaron fuerte con el tipo de cambio.