Los ministros españoles de Defensa e Interior tendrán que declarar como testigos ante el juez que investiga el presunto espionaje a través del programa Pegasus al presidente del gobierno de España Pedro Sánchez y a numerosos líderes independentistas catalanes. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, acordó en tomar declaraciones como testigos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles. Acorde al comunicado difundido por la corte, los teléfonos de los ministros habrían sido infectados con el programa de espionaje, Pegasus.

Este sofisticado programa, creado en Israel por la empresa NSO, tiene la capacidad de instalarse de manera remota en los celulares sin que su usuario se de cuenta. Una vez instalado, es posible el control total del teléfono donde no solo se tiene acceso a los mensajes, sino también al GPS, micrófono y cámara. Es decir, que no solo espía a la víctima, sino que tiene, además, acceso a su entorno.

Detalles de la investigación

El magistrado ya tomó declaración al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muy próximo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, solicitó viajar a Israel para interrogar al director ejecutivo de la compañía NSO Group, una petición que debe ser aprobada por las autoridades israelíes.

El juez abrió su investigación tras la denuncia formulada por el Gobierno español en mayo, por el espionaje con Pegasus a los teléfonos de Sánchez y de varios de sus ministros. Por su parte, el ejecutivo admitió el espionaje, pero aseguró que se trataba de un "ataque externo", aunque no sabía quién estaba detrás. Varios medios españoles señalaron entonces a Marruecos, que atravesaba una compleja crisis diplomática con España cuando se produjeron los hechos.

Sumado a esto, se agregó en el mismo comunicado de la solicitud de declaraciones, el pedido del juez Calama al Gobierno donde solicita desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados que pudieran verse afectados por los testimonios que darán los ministros de Defensa e Interior.

En esta misma línea, a principios de julio, Pere Aragonès, el coordinador nacional del partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y presidente de la Generalidad de Cataluña, presentó también una querella ante los juzgados de Barcelona para que se investiguen los ataques que sufrió su teléfono en enero de 2020. Justo en el momento en que sucedía la plena negociación de la asunción de Pedro Sánchez como presidente.

ERC es uno de los grupos que presta apoyo parlamentario al Gobierno de coalición en España, junto con El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la formación de izquierda Unidas Podemos. El supuesto espionaje coincidió además con los años más agitados en Cataluña, cuando el Gobierno regional catalán convocó en 2017 un referéndum de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.

Varios políticos como el expresidente del Gobierno catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras ser procesado por esa declaración unilateral de independencia, anunciaron que llevarían ante la Justicia al Estado español y a la empresa israelí NSO, que desarrolló el programa.

El escándalo comenzó el 18 de abril de este año cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó un informe que identificaba a más de 60 independentistas cuyos teléfonos habrían sido atacados entre 2017 y 2020 con el software israelí. Poco después, el Gobierno admitía que había sido espiado en mayo y junio de 2021 con este programa. Además, los servicios secretos españoles reconocieron haber vigilado con autorización judicial a 18 independentistas catalanes.

En Israel también funciona Pegasus

Se presentaron este jueves las conclusiones por la parte de la investigación abierta llevada a cabo en Israel por el supuesto caso de espionaje por parte de la policía a civiles. Según el panel de investigación, no hubo violaciones a las leyes del país, aunque se reconocieron casos en los que hubo excesos.

En enero de este año, se dijo que la policía israelí utilizó el programa de espionaje para vigilar civiles, entre los que se encontraban manifestantes e intendentes opositores del exprimer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el panel de investigación comunicó sus conclusiones a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y destacó que, si bien la Policía excedió las autorizaciones dadas por los tribunales en algunos pocos casos, no hubo acceso masivo a teléfonos con los software Pegasus o Saifan, tal como se había denunciado.

Luego de seis meses de investigaciones, el panel determinó que las acciones llevadas a cabo por la Policía se enmarcaron en sus competencias y resaltaron que no se tuvo acceso a las bases de datos internas de NSO, por lo que no pudo manipular o cambiar datos.

Por su parte, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel reiteró que el uso de este tipo de programas por parte de la Policía es ilegal, ya sea con orden judicial o sin ella. "El pecado original es el acto de comprar y usar programas de espionaje. La fiscal general debe seguir prohibiendo el uso de estos programas por parte de la Policía", declaró la asociación.