El 24 de febrero de 2020 Carlos "Bocacha" Orellano, de 23 años, salió a bailar con amigos al boliche Ming, en la zona de La Fluvial. Dos días después, su cuerpo apareció sin vida en el río Paraná. Ayer, los cuatro acusados en la causa quedaron más cerca del juicio oral. En audiencia preliminar, el fiscal Patricio Saldutti pidió condenas de 19 años de prisión para dos policías que cumplían adicionales; y 17 años, para dos empleados de seguridad privada del local. Mientras que la querella que representa a la familia del joven apuntó a que sean condenados por montos de 23 y 20 años. La acusación es por haber retirado con violencia de la disco al joven, haberlo acorralado y golpeado, forzando su caída al agua. Familiares, amigos y miembros de organizaciones, como la Multisectorial contra la Violencia Institucional, movilizaron ayer al Centro de Justicia Penal para acompañar la nueva instancia judicial. 

"A nosotros ya nos tocó y peleamos para que no le toque a nadie más", es una frase que Edgardo, el papá de Bocacha, dijo con convicción cuando se cumplieron dos años del hecho por el que no volvió a ver con vida a su hijo. Ayer, estuvo en el Centro de Justicia Penal, que se llenó de banderas y carteles que piden "justicia por Carlitos".  

El año pasado, los policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, que cumplían adicionales, fueron imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravada. Ayer, el fiscal Saldutti pidió para cada uno de ellos la pena de 19 años de prisión. En tanto, el jefe de seguridad del local bailable, Fabián Maidana, y el custodio Emiliano López, quedaron implicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, y enfrentarán un pedido de pena de 17 años de prisión, por parte de la Fiscalía. Al mismo tiempo, la querella pidió 23 años de prisión para la pareja de policías, y 20, para los empleados de seguridad.

La acusación que hizo Saldutti da cuenta de la mecánica del hecho: "Entre las 4.30 y las 5 de la madrugada, mientras se encontraban cumpliendo servicio de policía adicional y seguridad privada para el local bailable, luego de que la víctima fuera retirado del boliche y encontrándose todos los imputados fuera del mismo, ejercieron violencia física contra Orellano. Este hecho sucedió dentro del complejo La Fluvial, en cercanías al muelle 3, tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpearon, determinando con su accionar que Carlos Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancias que le provocaron el fallecimiento".

Tras ello, "la imputada Gómez dio aviso a la central de emergencias del 911 (a las 5.36 am) y a personal de Prefectura (aproximadamente 5.30 am) indicando el hecho pero omitiendo información. Luego todos los imputados se retiraron del lugar, sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, impidiendo con su accionar que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado, pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate", dice la imputación. Los policías también están acusados de falsear declaraciones en el acta de procedimiento.

Ayer se presentó la acusación y los pedidos de pena ante el juez Nicolás Foppiani. Tras ello, se pasó a un cuarto intermedio hasta viernes 5 de agosto, para discutir respecto a la prueba ofrecida y tratar las medidas cautelares. Los tres hombres están en prisión preventiva efectiva; mientras que Gómez tiene arresto domiciliario por tener un hijo pequeño. 

El abogado querellante, Salvador Vera, aseguró que tanto "la fiscalía como la querella entendemos que hay elementos suficientes para obtener una condena”.

Por otro lado, en la unidad de Violencia Institucional, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy tiene imputados al entonces jefe de la seccional 2ª Pablo B. y a su sumariante, Brenda L., por incumplimiento de deberes de funcionario, al considerar que durante los dos días que Bocacha estuvo desaparecido omitieron el pedido de la fiscal Valeria Piazza Iglesias de secuestrar los registros de las cámaras de seguridad del boliche y de la zona. Desde un primer momento, la familia de la víctima mencionó esas irregularidades.