Justicia cerca, Buenos Aires inclusiva, Acción respeto, stand ups de empoderamiento, campañas alusivas que sobreviven en vagones de subte. Una cantidad de acciones que ni asoman a desarmar la naturalización invisibilizada y legitimada del acoso sexual callejero contra niñas, adolescentes, mujeres y personas lgbtiq+. Esta semana, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) reeditó una encuesta virtual a jóvenes y adolescentes de todos los géneros, residentes en Ciudad y Gran Buenos Aires, donde repone que el 97 % lo padecieron y más de la mitad de lxs encuestadxs lo sufrieron antes de los 13 años. La encuesta "El acoso sexual callejero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Análisis de la situación en adolescentes y jóvenes" describe que sólo el 6,7 % llegó a denunciarlo o accedió a la Justicia, y más de la mitad no quedó conforme con el abordaje. Confirma, además, las demandas que se viralizan en redes y lamentan la ausencia de contenciones y escucha. “A pesar de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con dos leyes que determinan la prevención y sanción del acoso sexual callejero, aún existen relaciones desiguales de poder que impactan de manera diferencial en el tránsito por la ciudad”. Poder transitar y habitar el espacio sin violencias, subraya, es sinónimo de derechos y calidad de vida. “La calle y el transporte público no son territorios neutrales y los grados de libertad de las mujeres, jóvenes, adolescentes y personas lgbtiq+ al habitarlos, son muy dispares.”
El informe señala que la complejidad aumenta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ese aglomerado urbano común de 13.285 kilómetros cuadrados y 15 mil habitantes que conforman CABA y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde se desdibujan las franjas geográficas y el tránsito es continuo, ya sea por trabajo, trámites y educación, entre otras razones. “Esto hace que las vivencias cotidianas sean similares en una y otra jurisdicción. Sin embargo, las políticas, programas y leyes vigentes no son los mismos, lo que puede diferenciar la atención, abordaje y asesoramiento ante una problemática”, advierte. “Esto puede impactar, por ejemplo, a la hora de ir a hacer una denuncia.”
Hasta aquí, el 46,7 % de las personas que respondieron a la encuesta, trabajaba. De ellas, el 54,3 % en la calle o en el espacio público, y el 93,3 % utilizaba el transporte público. “El 97 % de las mujeres cis y el 93,1 % de las personas lgbtiq+ encuestadas respondieron haber sufrido acoso sexual callejero. En el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, el 66,7 % dijo que pasó por alguna situación de acoso.” Las principales manifestaciones de acoso callejero fueron comentarios o gritos obscenos, insultos o humillaciones y acercamiento físico sin consentimiento. Sólo un 6,7% denunció o pudo acceder a la Justicia, y más de la mitad del total no quedaron conformes con el abordaje.
"Por otra parte, en el 73,3 % de los casos la persona agresora lo hizo sola y en presencia de terceros que no intervinieron", remarca el estudio. "Lo que obliga a repensar el rol que ocupan las personas que son testigxs o presencian hechos de este tipo y eligen no involucrarse, o no conocen cómo hacerlo ni qué recursos tienen disponibles.”
La Línea 144 aparece como el medio más conocido a la hora de pedir ayuda, pero es imprescindible mejorar su capacidad operativa y procurar que alcance a la población adolescente y joven: del total de llamados recibidos entre 2020 y 2021, apenas el 6,72 % era de adolescentes. “Es necesario desarrollar un mejor registro, sistematización, publicación y difusión de la información relativa a la atención de los casos de acoso callejero”, y que se incorporen abordajes interseccionales que tengan en cuenta las variables de género y edad. “Los mensajes recibidos por la Línea ACOSO -22676- no registran edad, y en el 24,74 % de los casos no se especifica el motivo de la consulta ni el protocolo que se siguió.”
Dos de los ejes centrales que se plantean son la urgencia de incorporar el acoso sexual callejero como un contenido específico en los lineamientos de la Educación Sexual Integral (ESI), y activar un trabajo sostenido de formación y capacitación en las áreas de transporte y seguridad, que deberían dar respuesta. “Sólo se encontró un programa de capacitación de la Ley Micaela presentado por el Instituto Superior de Seguridad Pública, en 2021, destinado a aspirantes a Oficial de la Policía y aspirantes a Bomberos Calificados del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Si bien el plan de Género y Movilidad menciona la formación del personal de transporte, sólo se encontró un Manual destinado a taxistas con un módulo sobre género.”
