No son buenos tiempos para Shakira. Ni a nivel personal, tras su reciente separación de Gerard Piqué, ni a nivel legal. En este aspecto, la cantante colombiana atraviesa una compleja situación: ya que en las últimas horas la fiscalía de Barcelona, España, pidió una pena de 8 años y dos meses de cárcel para la artista, por fraude fiscal.

La justicia acusa a Shakira de haber cometido seis delitos contra la Hacienda pública, por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no vivía en España.

El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que vivía en España desde 2012  y —por ello— estaba obligada a tributar en este país.

Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria española y también abonó otros tres millones de intereses, pero esto no impide que sea acusada y deba enfrentar el juicio.

El miércoles pasado, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, ya que la artista confía "plenamente" en su inocencia.

En un comunicado, la cantante aseguró que decidió "dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón".

La acusación contra Shakira

La Hacienda española le reclamó 14,5 millones de euros a la cantante, al ver indicios de que en 2012 ya vivía en ese país y estaba obligada desde entonces a tributar. Algo que no ocurrió debido a que supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

Según los magistrados, la artista tenía conocimiento de las leyes locales, que establecen un máximo de 183 días de permanencia en el país para poder tributar en otra jurisdicción, cuando en verdad su domicilio permanente se encontraba en Barcelona.

Si bien ya pagó esos 14,5 millones de euros, más intereses, irá a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados "Paradise papers", una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelaron que vivía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones.

Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar "sin parar" y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.