Por primera vez desde la sanción de la Ley de Salud Mental, una causa por la muerte de un interno en una comunidad terapéutica llegará a juicio oral. Se trata del caso de Saulo Rojas, el joven mendocino con consumo problemático e insulinodependiente que en 2013 se ahorcó en la Fundación San Camilo de Pilar, tras ser encerrado en una celda de aislamiento mientras atravesaba una crisis y sin sus dosis de insulina. El juicio comenzará el martes y juzgará por homicidio culposo a Ángel Súñez, el empleado de seguridad que encerró a Rojas, mientras que los dueños del lugar acordaron una probation antes de llegar a juicio. La comunidad terapéutica fue clausurada en 2017 luego de las denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ese año constató "torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental".  

"No pido venganza, pido justicia. Más allá de cualquier resultado yo siempre voy a perder, a mi hijo no lo voy a recuperar más, pero quiero justicia por él y por los chicos que fueron dañados en ese lugar". Miriam Lucero responde a Página 12 desde Mendoza. Es la tarde del viernes y se encuentra saliendo del "Espacio Saulo Rojas", donde funciona el centro comunitario con el nombre de su hijo que entrega alimentos y mercadería a familias que lo necesitan. Hace unas semanas, el 14 de julio, se cumplieron nueve años desde que Lucero recibió el llamado de la comunidad terapéutica San Camilo en el que le comunicaron que su hijo "había sufrido un infarto y que lo habían encontrado en su cama en la habitación", según recuerda. Este lunes viajará a Buenos Aires para presenciar en la sede del Juzgado en lo Correccional N°4 de San Isidro el proceso que empezará el martes y juzgará la muerte de su hijo. 

En el banquillo estará Ángel "Pipi" Súñez, acusado por el homicidio culposo de Rojas. Se trata del empleado de seguridad de San Camilo, que se ocupaba de encerrar y castigar a los pacientes, una práctica sistemática. Ese 14 de julio, Súñez encerró al joven de 23 años en una celda de aislamiento contra su voluntad, algo que prohibió la Ley de Salud Mental de 2010. Aunque desde San Camilo informaron a Lucero que se había tratado de un infarto, la investigación pudo comprobar que fue encerrado "en una habitación pequeñísima, con piso y paredes de cemento sin revocar, una ventana sin vidrio y la puerta con rejas y candado", segó indicó el CELS en un comunicado difundido ante el inicio del juicio. 

Allí se detalla que Rojas entró en la celda "a las ocho de la noche, depresivo, sin su dosis diaria de insulina y con su cinturón y sus cordones en las zapatillas. Minutos después, se ahorcó". "Súñez tenía la llave de la celda, pero mi hijo la de su vida y decidió usarla para evitar que le siguieran haciendo daño, por eso son responsables", sostiene Lucero, que agrega que le hubiera gustado ver en el banquillo al dueño de San Camilo, Martín Iribarne, y al director terapéutico, Alejandro Jacinto, que pactaron una probation antes del juicio. 

Rojas llegó a Buenos Aires un año antes de su muerte, "el 29 de junio de 2012", recuerda con precisión la madre. En Mendoza no había espacios que atendieran de forma integral su depresión, su problema de adicción y su diabetes. Lucero recuerda que con un amparo "conseguimos enviar la historias clínicas a tres lugares diferentes, uno de ellos fue San Camilo, el único que dijo que tenía todo lo que Saulo necesitaba. Lamentablemente no era así, era para captar más clientes. Nunca me iba a imaginar que en estos lugares podían pasar cosas semejantes".

El periodista especializado Pablo Galfré, autor del libro "La Comunidad: viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos" y uno de los principales impulsores de la investigación que deriva en el juicio por Rojas, destaca a este diario que "esta es la primera vez en la historia que sucede un juicio de este tipo. La Resolución 15/14 del Órgano Nacional de Revisión de la Ley establece que toda muerte en una institución de salud mental tiene que ser investigada por la Justicia, pero esto no sucede nunca". Según su registro, son 17 las muertes dudosas que se acumulan en comunidades de este tipo en los últimos años.

El pasado marzo cuatro internos fallecieron en un incendio en la comunidad terapéutica San Fernando de Las Lonjas, que no estaba habilitada. En junio de 2021, la comunidad San Antonio fue clausurada luego de que su administrador, Nicolás Perrone, amenazara con un arma de fuego a los internos. En 2018, la CPM ya había denunciado violaciones a los derechos humanos en ese lugar, donde murieron tres pacientes en circunstancias dudosas. En el caso de San Camilo, la clausura llegó en 2017, tras las denuncias de la CPM y a cuatro años de la muerte de Rojas.

"A los dueños de San Camilo logramos que se les clausure el negocio, eso es una condena muy importante. Tenían una empresa basada en ir contra la voluntad de la gente con el objetivo de facturar", asegura Galfré, quien subraya que Rojas murió "encerrado en la celda de aislamiento en contra de su voluntad. El Estado y la Justicia tienen que comprender que las muertes en estos lugares tienen que ser investigadas".

Para el periodista, "todavía no se ha caído el paradigma de que la única vía posible es el encierro. La mayoría de los medios solo difunden noticias cuando los adictos son victimarios, pero cuando son víctimas solo les dan el derecho a ser encerrados". Lucero espera en este sentido que el juicio por la muerte de su hijo "marque un precedente". "Esto no pasó solo en San Camilo, pasa en muchos otros lugares. Abusan de personas en estado de vulnerabilidad como una gran empresa, los toman como objetos a los que les sacan dinero y juegan con la esperanza de las familias", concluye.