Distintos organismos de Naciones Unidas le reclamaron a Brasil que extradite o juzgue a Roberto Oscar González, el represor que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y que se jactó de haber matado a más de cien personas en “enfrentamientos” y lamentó no haber sido quien gatilló contra el periodista Rodolfo Walsh cuando lo emboscó la patota de la Armada en 1977.

En mayo de 2020, el Tribunal Superior Federal (TSF) de Brasil rechazó la extradición de González –a quien los sobrevivientes de la ESMA lo recuerdan como “Gonzalito” o “Federico”--. Lo sorprendente fue que en simultáneo había dado luz verde para que mandaran para Buenos Aires a Gonzalo Sánchez, más conocido como “Chispa” en el campo de concentración de Avenida del Libertador.

González había estado dentro de los represores investigados por el juez español Baltasar Garzón a finales de la década de 1990. Cuando se reactivó la megacausa ESMA, el juez Sergio Torres lo llamó a indagatoria. Como no apareció, lo declaró en rebeldía en 2005. Los intentos para encontrar a “Gonzalito” fueron infructuosos y, en 2008, Torres dictó la captura internacional del represor –que era uno de los integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA) que actuaba en el grupo de tareas de la Marina–.

Recién en 2013, Interpol le avisó al juez Torres que González podría estar cerca de Porto Alegre. Lo arrestaron dos años después en la zona de Viamao. Vivía con otro represor de la ESMA, Pedro Salvia, y ambos estaban dedicados a la agricultura. Para entonces, la jueza María Servini también había pedido su captura internacional porque lo acusa de haber sido quien llevó al bebé que tuvo Ana Rubel a la Casa Cuna, donde fue apropiado.

Tras la detención, el tema quedó a estudio del TSF. Mientras tanto, Salvia murió y González dio una entrevista a un medio brasileño en la que dijo que había matado a más de 100 personas en enfrentamientos en la calle, pero negó haber participado en torturas. Lo que sí dijo es que lamentaba no haber sido quien le disparó a Walsh el 25 de marzo de 1977.

El TSF terminó protegiendo a “Gonzalito” con algunos argumentos sorprendentes: dijo que en Brasil rige la amnistía para los crímenes por los cuales se busca al represor o que, por la cantidad de años que pasaron, se puede presumir que los desaparecidos están muertos y, además, que los delitos están prescriptos.

Después de ese fallo, la Cancillería argentina le pidió al TSF que revea la decisión –algo que todavía está en trámite pero sin novedades– y organizaciones de derechos humanos recurrieron a distintos organismos internacionales para reclamarle a Brasil que entregue al represor de la ESMA. Entre ellos, las querellas de Kaos y de HIJOS Capital –representadas por las abogadas Anabella Montaner y Flavia Fernández Brozzi y por el abogado Rodolfo Yanzón– pidieron la intervención de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición –que está a cargo del jurista argentino Fabián Salvioli–.

En abril pasado, Salvioli junto a Aua Baldé (vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias) y Morris Tidball-Benz (Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias) le pidieron explicaciones a Brasil por el fallo de su Corte Suprema. Los tres expertos expresaron su “seria preocupación” porque con esa resolución se veda el acceso a la justicia de las víctimas, porque el fallo es incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos –en lo que hace a la prescripción y la posibilidad de amnistiar este tipo de crímenes– y porque la Ley de Amnistía brasileña –que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– no puede ser extrapolada a hechos cometidos durante la dictadura cívico-militar argentina. Más aún dijeron que un tribunal no puede dar por muertos a los desaparecidos, desconociendo el carácter de delito permanente que tiene la desaparición forzada.

Como era previsible, el gobierno del derechista Jair Bolsonaro no respondió al planteo de Naciones Unidas en el plazo de 60 días que le habían otorgado y los expertos hicieron pública su posición.