Una acusación más se suma al frondoso prontuario de Ramón Elpidio Guaraz, intendente de Bañado de Ovanta, localidad del este de la provincia de Catamarca.
En este caso, se trata de una denuncia por intimidación radicada por María Cristina Armas, madre de Shirli Cordero, la joven de 24 años que en junio de 2021 sindicó a Guaraz por los delitos de acoso sexual y coacción, aunque finalmente el edil fue imputado por “abuso de autoridad”.
Cabe recordar que Cordero declaró haber sido acosada sexualmente durante más de 5 años por el intendente y ante sus negativas, éste clausuró el bar-hospedaje de su familia, que finalmente pudo ser habilitado mediante un recurso de amparo presentado ante la Corte de Justicia.
La actual denuncia se radicó ante la presencia del conocido Pablo Angelina, condenado por el asesinato de su esposa, quien brindando una falsa identidad pretendió alojarse en el hospedaje de la familia de Cordero, cuando ya se encontraba alojado en la hostería a cargo del intendente, con quien mantiene un innegable vínculo de amistad.
Ante la nueva situación de amenaza, Natalia Páez Vaca, abogada de Shirli Cordero, presentó ante el Concejo Deliberante de Bañado de Ovanta un pedido de intervención del municipio y el consecuente desplazamiento del actual titular Ramón Elpidio Guaraz.
La solicitud de la representante se sustenta en una serie de irregularidades por parte del edil, como ser la instauración ilegal de un Juzgado de Faltas, cuando el municipio no es autónomo y no supera los 10 mil habitantes; la retención indebida de aportes jubilatorios en una causa caratulada como “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”; el incumplimiento de la ordenanza de actualización salarial a los empleados municipales y la mencionada imputación por el delito de abuso de autoridad en la causa de Cordero.
El reiterado abusivo ejercicio del poder de Guaraz ostenta otras acusaciones en el marco de la violencia de género que se suman a su prontuario. Una de ellas es la denuncia de Carolina Vasconsellos, quien lo sindicó también en 2021 de privarla ilegítimamente de la libertad, abusarla sexualmente y ser autor de repetidos hechos de violencia desde que ella tenía tan solo 14 años de edad.
En un posteo en su página de Facebook, la abogada Páez Vaca describió detalladamente las acciones que llevaron a la última denuncia y exhortó a las autoridades municipales, judiciales y legislativas a actuar ante una situación de indebido ejercicio de poder que “ya no da para más”.
