Las nuevas categorías de usuarios para la segmentación de tarifas quedaron definidas tras vencer en la medianoche de este domingo el proceso de inscripción para acceder a los subsidios, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Energía.
Los incrementos que todavía resta disponer solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE), en tanto los niveles 2 (menores ingresos) y 3 (ingresos medios) no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando.
El vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, indicó que ya se registraron 8,5 millones de usuarios y sostuvo en declaraciones a Télam que la previsión es que se inscriban 11 millones de usuarios residenciales en todo el país.
Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena (sin subsidios) de manera gradual en un proceso que culminará a fin de año y que se reflejará en un incremento promedio de 1200 pesos mensuales a partir de septiembre hasta completar unos 3500 desde enero de 2023.
Esta franja de usuarios deberá reunir al menos una de estas condiciones: ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (actualmente 364.758 pesos), ser titular de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, de 3 o más inmuebles, de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
Los usuarios de menores ingresos, adheridos a la tarifa social, ya tuvieron en el primer semestre un incremento total del 21,6 por ciento, equivalente al 40 por ciento de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado.
Los usuarios de esta franja tienen ingresos inferiores a una CBT (104.216 pesos), un integrante en el hogar con certificado de vivienda del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado y al menos un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Si entre los integrantes del hogar hay al menos uno que posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, los ingresos totales para ser incluido en el nivel 2 se elevará al equivalente a 1,5 CBT (156.325 pesos).
Por otra parte, a los usuarios de ingresos medios se les aplicó un aumento total de 42,7 por ciento (80 por ciento del CVS de 2021).
En este caso, para ser incluidos en el nivel 3 no tendrán que reunir las características de los otros dos niveles, salvo que se trate de usuarios el nivel 2 pero sean propietarios de 2 o más inmuebles o de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Los niveles 2 y 3 seguirán teniendo, en distintas proporciones, tarifas con subsidios, entendidos por la Secretaría de Energía como "una herramienta del Estado para el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación", según los considerandos del decreto 332/2022.
En esa norma se establecieron los criterios de segmentación que "permitirán identificar en forma más adecuada a distintos grupos de consumidores y consumidoras, en un marco de mayor equidad distributiva y justicia social".
El mismo decreto advirtió que la actual estructura de subsidios "genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago".
Por eso la norma consideró "necesario orientar la política de subsidios con sentido social protegiendo fundamentalmente a los sectores con menores ingresos, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva, contemplando las distintas realidades y situaciones del universo de usuarios y usuarias".
En el primer semestre, los subsidios del Estado nacional destinados al sector energético ascendieron a 764.483,2 millones, con un incremento interanual del 116,8 por ciento, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
