El anuncio del Ministerio de Seguridad, sobre un pedido de la Fiscalía Federal de Mendoza, informa que se recompensará con un millón y medio de pesos a quien brinde información “para dar con el paradero de Paulo Christian Guardati”. El joven fue visto por última vez una madrugada de mayo, en 1992. El caso es la marca del oprobio en la historia democrática de la policía y el poder judicial de Mendoza. La causa tuvo 14 magistrados a cargo, entre jueces y fiscales. Implicó en su momento la renuncia de un ministro y el recambio de dos cúpulas de la policía mendocina. Treinta años después, la justicia vuelve a buscar el esclarecimiento del hecho.

La fuerza provincial ostentaba antecedentes: Raúl Baigorria de 28 años y Adolfo Garrido de 31 fueron desaparecidos en 1990. Y sumaría luego otro caso emblemático: el de Sebastián Bordón en 1997. Todos portan la crueldad del abuso de autoridad que implica la participación de fuerzas de seguridad en los hechos, y hoy se inscriben como "desapariciones forzadas". El común denominador de las causas muestra que las fuerzas “aportan pruebas falsas y esconden testimonios”, afirman los familiares de las víctimas.

En la localidad de Godoy Cruz, una zona urbana integrada al Gran Mendoza, Guardati fue intimidado ese mayo de 1992 por un hombre que portaba un arma de fuego y comenzó una persecución que derivó en la “aprehensión” de la víctima y su traslado a la repartición policial del barrio La Estanzuela, a cuatro cuadras de donde se produjo el incidente.

Paulo tenía 21 años. Salía de un festival solidario donde recaudaban fondos para una escuela del barrio La Estanzuela. Según los testigos, tras un incidente con quien sería un “agente policial de civil” que trabajaba como “seguridad” en ese evento, Paulo fue llevado al destacamento. También pudo haber pasado luego por el Hospital Lagomaggiore, en Mendoza capital.

El periplo judicial

Durante largo tiempo la desaparición de Guardati fue investigada como averiguación de paradero. Hasta que en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un giro al entramado juridico y lo catalogó un caso de desaparición forzada, es decir, un delito de lesa humanidad imprescriptible.

En 1997, por pedido de la CIDH, explica Carlos Varela, el abogado que representa a Hilda Lavizzari, la madre de Paulo Guardati, se nombra a un tribunal arbitral que laudó a favor de considerar al caso de Guardati, y al de Baigorria y Garrido, como desapariciones forzadas. "En Guardati se logró imputar a cuatro personas, pero los sobreyeron. El caso quedó impune", lamenta Varela. Sin embargo, ya estaba caratulado como delito de lesa humanidad. Esto, junto a la búsqueda que Hilda Lavizzari sostiene en el tiempo, permite que hoy vuelva a ser investigado por la Justicia Federal de Mendoza. "Y a raíz de sus reclamos se actualizaron las recompensas", confirma el letrado.

Puede leerse en la forma de rutina publicada en el Boletín Oficial, firmada por Anibal Fernández. Sus palabras consignan la tragedia: la búsqueda de “paradero” remite a la desaparición. En esta causa, y por pedido de la madre de Paulo, la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza solicitó incorporar el caso al programa Buscar para recompensar a quienes "sin haber intervenido en el hecho delictual, puedan brindar datos de su paradero”.

Esta nueva fase de la investigación comenzó en febrero de 2022. A 30 años de aquella madrugada fatídica. La busqueda sigue siendo por verdad y justicia. La que reclama la madre del Paulo, desde entonces. Incluso la CIDH condenó a la provincia a indemnizarla --con 136.000 pesos--, en tiempos en que gobernaba Arturo Lafalla, y su policía conocida como “la mendocina”, se amotinaba para forzar amparo e impunidad.

Cómo fue la desaparición

"Vieja, voy al baile; no me esperés levantada", fueron las últimas palabras que el joven le dijo a su madre en la noche del 23 de mayo. Salió. Y fue visto por última vez en la madrugada del 24, rumbo a un destacamento policial.

La investigación preliminar determinó que fue interceptado por un hombre en los alrededores de la Escuela Profesor Anastasi, de La Estanzuela, cuando se retiraba de un festival solidario para ayudar a la cooperadora escolar. Salía del lugar con sus amigos. Jugaban a tirarse piedras. Una fue a dar contra “el cabo Godoy”, explicaron los testigos.

El joven habría sido “aprehendido en las inmediaciones de la escuela”, detalla el oficio. Los testigos aseguraron que el agresor “disparó varias veces un arma de fuego”. Y “arrojándolo al piso mientras le apuntaba con el arma”, le colocó una mano en la nuca “conforme al procedimiento policial”, para luego dirigirse con el joven, caminando “al destacamento de La Estanzuela”.

A partir de ese momento no se supo más de Paulo Christian Guardati, nacido el 12 de marzo del 71. Hijo de Juan y de Hilda Gladys Lavizzari. Soltero, 1,70 de altura, delgado, cabello negro ondulado, cutis trigueño, marcas de acné, cicatriz en la ceja derecha. Esa madrugada vestía un jean, campera de cuero, remera de rayas azules y zapatillas.

Los relatos de testigos indicaron que Paulo fue demorado por un hombre que medía cerca de 1,75 de altura, de pelo oscuro y tez blanca, pantalón azul con una raya blanca al costado y borceguíes similares a los utilizados por personal policial. El sujeto "realizó disparos de arma de fuego intimidatorios" --relataron-- y comenzó la persecución que terminó con el joven en el piso. Paulo fue llevado a la comisaría Nº 40 de La Estanzuela esa madrugada. Pero no hay registros que prueben su ingreso.

Sostener la búsqueda

Por pedido de la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad dictó en abril la resolución donde señala, en el marco del programa Buscar, que “se ofrece recompensa de pesos un millón quinientos mil", a quien brinde datos del paradero de Paulo Christian Guardati. Esto reactualiza el caso después de treinta años, cuando cuatro agentes fueron imputados, luego sobreseídos y no exonerados. Siguieron prestando servicio. Uno fue Walter Rubén Godoy, quien se supone que, trabajando de civil, habría llevado a Paulo a la repartición de La Estanzuela. Esa noche allí prestaban servicio José Aracena y Rolando Páez, además del cabo Ramón Luffi, también imputados.

En 1995 la jueza Estela Garritano de Cejas dispuso el procesamiento de quince personas. Entre ellas estos cuatro policías, un médico y un camillero del hospital Lagomaggiore, y empleados del cementerio de la ciudad de Mendoza. Todos fueron sobreseídos por la Quinta Cámara del Crimen ya que las exhumaciones no reportaron restos del joven. El abogado Carlos Varela sostuvo entonces que la línea de investigación de la jueza era correcta, pero fue “desviada deliberadamente por cómplices de los asesinos”.

En 2012, la fiscal Claudia Ríos, junto a personal del Cuerpo Médico Forense y la Policía Científica de Mendoza, volvieron a instruir excavaciones en búsqueda del cuerpo, sin resultados. Pero ya en 1997, la CIDH había concluido que la autoría de esta desaparición recaía en los cuatro policías imputados. Eso amplificó el caso a nivel internacional. Lo sostuvo en el tiempo. Y permitió en 2017 inscribir sobre la investigación la carátula de “desaparición forzada”, una figura que en los ‘90 no existía, para designar una desaparición a manos de fuerzas de seguridad, en democracia. Así el caso que en lo penal no avanzaba, entró en 2021 a la Justicia Federal.

Reactivar la causa en 2017 habilitó el pago de la indemnización a Hilda Lavizzari --que hoy vive en Chile-- y permitió sostener la búsqueda. Estos delitos no prescriben. Y el pacto de silencio que los encubre puede deshilacharse en palabras al pasar el tiempo. En febrero de este año, el fiscal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica --titular del Juzgado de Instrucción N 3-- por pedido de la familia reactivaron la investigación. Y tomaron como referencia el informe del ’97 de la CIDH, y de la Comisión ad hoc integrada entonces, entre otros, por el actual juez federal de Mendoza Alejandro Piña.

Con el ofrecimiento de la recompensa, vuelve a movilizarse la energía de esta trama y se espera que nuevos acontecimientos puedan alumbrar la oscuridad de esta desaparición forzada. "Procuramos una investigación dentro de la policía --agrega Varela--. Lo dijimos siempre, la policía debe ser investigada. Porque todavía hay esperanzas de encontrar la verdad", sostiene. 

La historia en ámbitos del gobierno provincial

La desaparición de Paulo Guardati ocurrió durante la gobernación de Rodolfo Gabrielli (1991-1995) pero su impacto extendido en el tiempo afectó a la gestión de Arturo Lafalla (1995-1999). Según los medios locales, este último incluso llegó a definir como estrategia “para seguir en la carrera electoral” la necesidad de “esclarecer este crimen”. 

La decisión habría sido el germen del motín policial que, tras la muerte del cabo Hernán Castillo (1998), movilizó en masa a los efectivos mendocinos al punto de forzar al gobernador Lafalla a pedir intervención federal para contrarrestar la inacción de los 5500 amotinados. Con el peso del caso de Sebastián Bordón (1997) sobre la dinámica pública, claro está. Esto devino en la reforma policial y la creación del Ministerio de Seguridad provincial, ya que la interna de “la maldita policía mendocina” seguía la línea del vicecomodoro Julio César Santuccione, a cargo de la fuerza durante la dictadura.

El Programa "Buscar"

El Ministerio de Seguridad a través del programa Buscar, ofrece $1.500.000 en recompensa para quien ofrezcan datos útiles sobre el paradero de Paulo Christian Guardati. Para colaborar con la investigación hay que comunicarse telefónicamente al 134. El pago será realizado en el Ministerio de Seguridad. Previamente se analizará la pertinencia de la información brindada.

Este programa se organiza en articulación con las fiscalías y las familias de las víctimas. Y destina el Fondo de Recompensas para quienes aporten información que permita dar con el paradero de personas desaparecidas y de prófugos en causas de Lesa Humanidad o delitos complejos, entre otras. En esa linea, desde el Ministerio consignan que Lesa Humanidad, narcotráfico, abuso sexual y femicidios, son los ejes de estas búsquedas. Y se publican recompensas a diario para mantener activa la investigación. También fue publicada una recompensa por datos sobre María Cash, de tres millones de pesos, a 11 años de su desaparición.