Para Eduardo Matyas Camargo la defensa de los derechos humanos es un compromiso que ejerce hace más de cuarenta años. Abogado de presos políticos y de escasos recursos en Bucaramanga, como también docente, pasó por Buenos Aires para sumarse a la defensa del exguerrillero Facundo Molares y evitar su extradición a Colombia. Logró ese objetivo con otros colegas y organismos de DD.HH y regresó a su país con la expectativa de que algo puede cambiar. Desde sus redes sociales saludó la llegada de Iván Velázquez como ministro de Defensa designado por el presidente Gustavo Petro. “Un hombre digno, con carácter, incorruptible”, posteó en su Facebook. Involucrado en el informe final de la Comisión de la Verdad, señala avances y retrocesos en las luchas pasadas y que ahora tiene por delante.

- ¿Cuál sería su respuesta al dilema que presentó a modo de pregunta el sacerdote jesuita que presidió la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux cuando dijo: “cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos atrevemos a dejar que siga pasando”?

- La pregunta me resulta interesante, pero yo nunca compartiría los términos de cómo nos atrevimos todos, pues hubo una parte de la sociedad que apoyó y desarrolló todo el paramilitarismo desde el mismo momento en que se desarrolló, impulsaban las masacres y aún se siguen impulsando. Esperamos que a partir de este 7 de agosto que empieza un gobierno diferente todo pueda cambiar. Pero también siempre hubo sectores que se opusieron a esta masacre, a la guerra y son activistas de la paz y de los Derechos Humanos, o sea, no es toda la sociedad responsable como lo quiere hacer ver el padre De Roux.

- ¿Por qué?

- Porque el padre Francisco es un militante de la Iglesia Católica y sabemos que llevamos el pecado original en esa institución, entonces toda la sociedad sería responsable de todo lo que sucede y sabemos que no es así, digamos… Los responsables de lo que pasó han sido tradicionalmente en Colombia y desde la independencia, los que gobernaron en beneficio de ellos mismos, se han enriquecido y han excluido a la inmensa mayoría de los colombianos de la riqueza. Y se han apropiado del Estado. El 5% de los terratenientes tienen el 80% o 90% de la tierra en Colombia. Ellos son los que han propiciado el conflicto del cual esperamos salir definitivamente a partir de este año. También los grandes empresarios y principalmente los banqueros.

- En América Latina, el continente más desigual del planeta, ¿es posible que Colombia exprese una condición que no se da en la mayoría de los países y es cierta “cultura” de la guerra. Casi desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948?

- Es desde antes, porque Gaitán, que era un abogado, y virtualmente el presidente de Colombia por un liberalismo populista fue asesinado, pero recordemos que días antes de su muerte, él hacía grandes manifestaciones en Bogotá, como la marcha del Silencio donde decían “señor presidente: os lo ruego, os lo suplico, no nos asesinen más”. Entonces, ya desde antes de la muerte de Gaitán había una violencia engendrada muy fuerte y estaban matando en ese momento al movimiento alternativo que emergía. Gaitán hacia manifestaciones en Bogotá contra el asesinato de dirigentes liberales especialmente en los campos de Colombia.

- En este marco histórico que usted describe, ¿Cuánto ha contribuido Estados Unidos con su política de injerencia a la militarización colombiana y al interminable conflicto interno?

- Ha sido muy importante el papel de los Estados Unidos en la militarización de la sociedad colombiana y el régimen. Existen unas fuerzas armadas muy poderosas que van ser una de las grandes dificultades que deberá afrontar el presidente Petro cuando se posicione el 7 de agosto. Con la doctrina de la seguridad nacional que atraviesa a todas las fuerzas armadas, por lo menos, desde los años 60.

- ¿El informe final de la Comisión de la Verdad menciona el papel de Estados Unidos en Colombia?

- Sí, sí, claro que hace referencia a eso porque ya antes, en los años 40 existía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y a raíz de la revolución cubana de 1959 se acentúa toda la doctrina contra el sureste porque se dimensionan los movimientos territoriales de América Latina, especialmente en Colombia, y se aprueba en el año 65 un decreto de estado de sitio. El 3398 habla sobre el desarrollo de acuerdos internacionales que se transforman en la ley de la seguridad nacional. Es decir, eran en el marco del TIAR. Entonces se incorpora oficialmente al ejército colombiano en esa doctrina de la seguridad nacional y a la posibilidad de armar a los civiles en ayuda de la defensa nacional. Se vincula a una parte de la sociedad para combatir lo que llamaban la subversión en Colombia y ahí juega un papel fundamental Estados Unidos a través de la Escuela militar de Panamá. Se crea el marco legal que después tuvo un desarrollo nefasto.

-¿Qué se debería hacer con las fuerzas armadas y de seguridad en Colombia?

- La fuerza pública es una carta muy difícil de cambiar. En el programa del nuevo presidente está incluso separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, y la Constitución colombiana del ‘91 dice que la Policía es un cuerpo civil, pero tiene armas de guerra, tanques de guerra, helicópteros de guerra y participa de los combates. Hay una contradicción entre un mandato constitucional y una policía adscrita al Ministerio de Defensa que está militarizada. Es uno de los graves problemas y un gran reto que van a tener el gobierno de Petro y la sociedad colombiana: civilizar a las fuerzas públicas colombianas y quitarles la doctrina de la seguridad nacional.

- ¿Cómo se insertarían esos militares para evitar que se dediquen a negocios de otro tipo, en el marco de estos ejércitos privados que se forman, como los comandos colombianos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse?

- Es una situación bastante dramática y peligrosa que es necesario superar. El conflicto colombiano tomó una gran dimensión con la creación de los grupos paramilitares, llamados grupos de autodefensa campesina y que después se convirtieron en ejércitos privados de campesinos armados y entrenados por el ejército colombiano. Pero incluso por Israel, ya que a Colombia vino el mercenario Yahir Klein, que fue quien dio entrenamiento en operaciones, digamos, “antiterroristas”.

-Si la correlación de fuerzas no lo favorece a Petro para tomar medidas de fondo, como parece ¿Usted ve decisión política en él para avanzar sobre las cuestiones críticas que arrojó el informe de la Comisión de la Verdad?

- Sí, hay una voluntad indudable y una presión del movimiento social y político que llevó a Petro a la presidencia. De todas formas, hay un pacto histórico detrás de esto para que cumpla las promesas electorales ahora que entramos victoriosos a la presidencia. Petro dijo públicamente: vamos a estudiar las recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, vamos a estudiar las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a entrarle a esas reformas. Habrá que ver si alcanzan las mayorías para eso.

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