Dolores Etchevehere comienza a escribir un nuevo capítulo en la lucha contra sus hermanos de sangre. “Son estafadores seriales. Para ellos el fraude es una herramienta de trabajo a través de la cual ganan plata, acceden a tierras y consiguen un cargo político”, plantea en el libro Sola (Planeta). 

La detención por narcotráfico de Leonardo Airaldi, que compartía negocios de ganado en El Pillo, una isla del Paraná, con el exministro de Agroindustria del gobierno de Macri, Luis Miguel Etchevehere, como informan desde Proyecto Artigas que lidera Juan Grabois, volvió a poner en foco la investigación que inició Dolores hace más de una década y su posterior denuncia en la justicia por el vínculo comercial de Airaldi con “los Etchevehere corruptos”, como ella los define. Sin respuesta alguna por parte de la denominada “Justicia”, la única hermana mujer de la familia Etchevehere presentará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a la Fundación Una Puerta, para luego acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Miembro de una familia entrerriana tradicionalmente poderosa, dueña de diarios, establecimientos rurales, empresas y portadora de altos cargos políticos, Dolores sufrió la costumbre machista de los Etchevehere de excluir a las mujeres. Cuando su padre Luis Félix Etchevehere murió en septiembre de 2009, sus tres hermanos varones --Luis Miguel, que fue presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria de Macri, Sebastián y Juan Diego-- le negaron el acceso a sus derechos hereditarios. Entonces fue descubriendo “los manejos espurios” que realizaban y realizan sus hermanos de los bienes que su padre dejó en herencia, que siguen siendo utilizados por “los Etchevehere corruptos”, pese a encontrarse indivisos al estar en trámite la sucesión. En las investigaciones encontró “vaciamientos de empresas, desvíos de fondos societarios, irregularidades en el desempeño de cargos públicos, presentación de documentos falsos y demás maniobras perpetradas de los modos más violentos posibles, en abuso del gran poder ostentado”, resume Dolores a Página/12.

Narcopolítica y agronegocios

El exintendente de Paraná, Sergio Varisco, que fue condenado por narcotráfico y murió en mayo de 2021, tenía vínculos con los hermanos Etchevehere. Esos vínculos se manifiestan en la figura de Rubén Pagliotto, exabogado de Varisco y actual abogado de los hermanos Etchevehere, revelan desde Proyecto Artigas. Apadrinado por Luis Miguel Etchevehere y Mauricio Macri, Varisco fue candidato a la intendencia de Paraná en 2015. Daniel “Tavi” Celis, jefe narco de Paraná, financió la campaña de Varisco, referente radical de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. A modo de devolución de favores, una vez en el cargo de intendente, Varisco puso el municipio a disposición de la banda narco, con contratos municipales y cargos; hasta utilizaban camiones municipales para distribuir droga. Después de un largo proceso, a fines de diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Varisco a seis años y medio de prisión como partícipe necesario de comercialización de estupefacientes.

Un nexo clave entre la narcopolítica y el ¿narco? Agronegocio, informan desde Proyecto Artigas, es Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante --el departamento de Entre Ríos con uno de los puertos más importantes del Río Paraná--, que fue detenido la madrugada del domingo 24 de julio por Gendarmería en un operativo contra el narcotráfico en Rosario. Airaldi responde a Luis Miguel Etchevehere; juntos participaban del negocio de ganado en El Pillo, una isla del Paraná. Airaldi fue denunciado en el marco de “la causa narco Varisco” por recibir droga desde Paraguay en sus islas, droga que tenía como destino final Rosario. Como si la trama de esta película policial no fuera suficiente, este año las islas del Paraná estuvieron en el centro de la escena por sufrir quemas intencionales para el agronegocio. Una de las islas que se prendió fuego fue justamente El Pillo, donde Airaldi y Etchevehere tenían negocios conjuntos.

La salida “por arriba”

El reclamo de Dolores excede lo estrictamente patrimonial; su propia vida corre peligro, según ella misma confiesa. Los sucesos de violencia que sufrió desde muy pequeña, relatados extensamente en su libro Sola, dan cuenta de una profunda trama de relaciones marcadas por un denominador común: extorsión, violencia económica y de género perpetrada por una familia dueña de gran parte de la provincia de Entre Ríos. Ante el desamparo en el que se encontraba acudió a la Fundación Una Puerta, una organización de académicxs y profesionales, presidida por Laura Cantore, “preocupadxs por los derechos humanos, las interseccionalidades de géneros, raza, etnia y otras, como así también por las violencias que afectan la calidad de vida de las personas y a la sociedad toda”, como describen en la página web. Los abogados Facundo Taboada y Silvana Mammana, equipo de trabajo liderado por Juan Grabois, patrocinan a Dolores en las causas judiciales en trámite.

El abogado Nicolás Cocca, asesor de Dolores en la nueva etapa internacional que se abre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya que resulta clara la urgencia con la que precisa órdenes judiciales. “Los Etchevehere corruptos continúan realizando maniobras para achicar el activo que por ley le corresponde, agrandando los activos que figuran a nombre de ellos. El daño que esto le ocasiona es de una gravedad absoluta, máxime cuando se tiene en cuenta que Dolores es el sostén de cuatro hijos que dependen de su fuente de ingreso y que la situación es, en consecuencia, un vejamen irreparable a sus derechos como sucesora de su padre y socia de las empresas familiares que actualmente presentan un patrimonio cada vez más flaco, mientras se engrosan los bolsillos de los Etchevehere”, explica Cocca y agrega que las circunstancias “habilitan la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, de conformidad con el artículo 25 de su propio reglamento”.

El requisito de admisibilidad que deberá cumplir la petición individual para que la CIDH tenga la posibilidad de presentarla en la Corte IDH está expresado en el artículo 46, párrafo 1 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos”. Podrá interponer una petición individual quien pueda demostrar que, pese a no haber agotado las vías internas, existió en el juicio llevado a cabo en el Estado correspondiente, una violación al debido proceso, denegación de justicia, o bien retardo injustificado de la decisión.

 “Sin dudas esto es lo que ocurre en las diferentes causas por las que transitan los expedientes que tienen a Dolores como parte, ya sea como denunciante o como heredera”, argumenta Cocca. La salida “por arriba”, al acudir al sistema interamericano de protección a los Derechos Humanos, parece condensar las “serias irregularidades que ha habido en todos los procesos y que harían al Estado Argentino responsable”, según la perspectiva del abogado. La lucha de Dolores por lograr “justicia, verdad y reparación” continuará.