La jueza laboral Susana Perkins cuestionó ayer los dichos del presidente Mauricio Macri sobre "la industria del juicio" y recordó que cada uno de los 10 jueces laborales de Rosario tiene 10 mil expedientes en trámite, lo que implica que cada juicio demore entre 3 y 5 años en resolverse. "Estamos muy ofendidos por estas acusaciones absolutamente gratuitas que se nos han hecho, de formar parte de mafias y de la mal llamada industria del juicio, cuando tenemos una manda constitucional que se traslada a la protección general del trabajador, como la parte más débil", dijo Perkins, quien recordó que "la ley de contrato de trabajo establece una serie de normas que indican a los jueces cuál es nuestra posición en un pleito. Los jueces laborales somos imparciales, como todos, pero no somos neutrales. No podemos permitir que un trabajador obtenga menos de lo garantizado por ley". Para la magistrada, la acusación presidencial es "infundada y peligrosa, porque la está haciendo el titular del Ejecutivo nacional y recordemos que la base de una república es la división de poderes. Las pymes están cerrando por otras cuestiones, no por la indemnización que deben pagar a los trabajadores".