El juicio oral y público contra dirigentes sindicales acusados en Chubut de encabezar las revueltas de 2019 por la crisis económica de la provincia llega a su fin. "En Chubut existe una flagrante violación a los derechos humanos ejecutada por el Estado provincial", señaló a PáginaI12 el dirigente del gremio docente Ctera, Alejandro Demichelis, aludiendo a las acusaciones contra un docente y dos auxiliares docentes que participaron de las movilizaciones por la falta de pago de los salarios y que finalizó con acampes frente a la gobernación y la ocupación parcial de la legislatura. "Son causas armadas en las que la misma policía confesó en el juicio que hacían espionaje sobre los participantes de las marchas. Es un plan que tiene el objetivo de criminalizar la protesta social", aseguró Noelia Silva, integrante de la ONG Comisión Contra la Impunidad y Por la Justicia, que acompaña a los gremialistas en el juicio.

"Los compañeros acusados en este juicio no son más que un chivo expiatorio de un gobierno que no supo dar ninguna respuesta a la crisis económica que atraviesa la provincia desde hace años", afirmó Demichelis desde Chubut, adonde viajó en representación de Ctera para acercar a los docentes procesados el respaldo del gremio a nivel nacional. El juicio abierto contra el exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, y las auxiliares docentes enroladas en el gremio estatal ATE, Mariana Castro y Marcela Ancaleo, como supuestos autores de incendios en la legislatura chubutense y la Casa de Gobierno provincial durante las protestas de 2019, mantiene en alerta a sindicatos y a los movimientos sociales. "Quieren disciplinar criminalizando la protesta social en vez de intentar dar respuestas a las demandas y reclamos. Y lo que es más grave aún, realizan espionaje ilegal sobre los dirigentes y los militantes", indicó Demichelis que anticipó a este diario que Ctera hará "una presentación ante la secretaria de Derechos Humanos", para denunciar el espionaje ilegal en Chubut.

La crisis económica en Chubut es de larga data. En 2018 los docentes realizaron dos paros ante el incumplimiento del pago de los salarios, que llegaron a atrasos de hasta tres y cuatro meses. Sin respuesta de parte del gobernador Mariano Arcioni, convocaron a un nuevo paro nacional en 2019 tras las agresiones que recibieron los maestros chubutenses mientras realizaban un corte en una ruta provincial. La gota que rebalsó el vaso fue la muerte de dos maestras, Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar, que volvían de Comodoro Rivadavia luego de participar en un plenario docente. Se declaró el paro nacional para el día siguiente, el 18 de septiembre de 2019, y se movilizaron hasta la legislatura y la Casa de Gobierno, donde algunos grupos ingresaron a los edificios públicos mientras afuera comenzaban algunos inicios de incendio.

El juicio tenía inicialmente a cuatro los acusados. Uno arreglo con un probation y quedaron tres. El maestro Goodman y las dos auxiliares. En la audiencia contra Goodman, Ancaleo y Castro, declaró Michael Barrera, Subinspector del Área Investigaciones, convocado después de presentar ante la fiscalía un informe de investigación y material de video realizado por él mismo, el día 17 de septiembre de 2019, vestido de civil y en un auto “no identificable”. El testimonio comenzó con el relato de cómo él y varios de sus compañeros fueron enviados por el jefe del área, a realizar la tarea de registro fílmico de las personas que se manifestaban ese día, desde aproximadamente las 18 hs, y continuó con la descripción de los sucesos que además de filmar, observó personalmente.

"Se realizaron presentaciones para la anulación de la causa ante la jueza María Tolomei que quedó a cargo del expediente, por la escandalosa declaración testimonial de un policía que confirmó que se espiaba ilegalmente a los manifestantes", destacó Noelia Silva haciendo un repaso del juicio. Según indicó Ctera en un comunicado, "la jueza aceptó parcialmente la nulidad", pero solo del testimonio del policía basado en el espionaje. De encontrarlos culpable, los tres trabajadores de la educación se enfrentan al pedido de la fiscalía de cinco años de prisión.

"La represión y el espionaje ilegal fueron la respuesta que dio el gobierno provincial ante la conflictividad social que vive la provincia provocada por la crisis económica que tenemos. Intentan generar un disciplinamiento criminalizando la protesta social", señaló la integrante de una organización no gubernamental que trabaja contra la impunidad. "Este no es el único juicio. Ya hemos pasado por esta situación varios dirigentes o integrantes de organizaciones que se manifiestan en la calle", agregó Silva. En la audiencia de este lunes se espera que se lean los alegatos de la fiscalía y de la defensa. Luego la jueza puede emitir su fallo durante el día o en las siguientes 72 horas.