El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó a un productor ganadero a tres años de prisión en suspenso por el delito de "facilitación de la prostitución". La sentencia incluyó el pago de una reparación económica de un millón y medio de pesos destinado a cinco víctimas.

El fallo fue dictado el miércoles último por el juez Domingo Batule y homologó un acuerdo logrado por el Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien llevó adelante la investigación del caso por el cual fue condenado Sergio Andrés Mamani.

El caso se inició el 25 de junio de 2020 a partir de una denuncia radicada a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata, mediante la cual se dio a conocer la existencia de una red de prostitución en la que podrían estar involucradas personas menores de edad.

Entre otros datos aportados, el denunciante mencionó un sitio de servicios sexuales para adultos que era utilizado como enlace con jóvenes que ejercían la prostitución. La investigación posterior pudo establecer que Mamani administraba el alquiler de un departamento en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, que rentaba a jóvenes que conoció a través del sitio web y a quienes les cobraba una renta diaria por el uso del inmueble donde ejercían la prostitución.

En las tareas de campo coordinadas por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, se estableció que la actividad denunciada se ejercía en departamento, lo que fue también revelado por los vecinos del lugar, quienes confirmaron la presencia de mujeres en el inmueble y la visita frecuente de hombres en distintas horas.

También se determinó que Mamani le había ofrecido a una de las jóvenes ejercer la prostitución en el departamento de su madre a cambio de una renta diaria que partió de los 1000 pesos para luego subir a los 1500.

Una vez avanzada la investigación, desde el Área de Víctimas de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de Verónica Olguín Rufino, se asistió a las víctimas, que aportaron información relevante para el caso. Entre otros aspectos, estas jóvenes contaron que Mamani les indicó que debían comentarles a los otros inquilinos que eran estudiantes o manicuras. Incluso contaron que en una ocasión tuvieron que salir de urgencia del departamento, porque llegaba de visita la madre del acusado.

Además de facilitar el lugar, Mamani solía llevarles clientes a las cinco mujeres que pagaban la renta exigida, quienes se movilizaban en un utilitario para llegar al departamento. En su momento este departmaento fue allanado y Mamani fue detenido.

Formalizada la acusación penal, en julio del 2021, la fiscalía reunió elementos de prueba que daban por acreditada la denuncia realizada a la línea de ayuda 145, por lo que se avanzó con la acusación por facilitación de la prostitución. Al respecto, el fiscal recordó que el acto de facilitación "es toda aquella conducta de comisión u omisión que contribuya, por ser idóneo al modo de prostitución”, que describió como dolosa dado el comportamiento desplegado por Mamani.

Acuerdo entre fiscalía y defensa

En el análisis del acuerdo, del que también participó el Defensor General de Víctimas Nicolás Escandar, la fiscalía evaluó la responsabilidad de Mamani, la calificación legal y la pena, que se ajustó al grado de culpabilidad y a la lesión del bien jurídico protegido.

En el marco de las obligaciones asumidas por el Estado nacional respecto al deber de protección de las víctimas y de restauración, se estableció una reparación económica por un millón y medio de pesos, monto que será dividido en partes iguales con las cinco víctimas identificadas. En este punto, el fiscal destacó la línea de ayuda 145 como mecanismo de denuncia.

Al momento de la homologación del acuerdo, la defensa prestó conformidad, en tanto que Mamani reconoció su responsabilidad penal en el hecho y también confirmó el compromiso asumido respecto a la reparación dispuesta.

El Área de Casos Complejos ya desbarató una red de prostitución que operaba de la misma forma en la ciudad de Salta, en ese caso en mayo de 2021 fueron condenados dos hermanos a 3 y 6 años de prisión por el delito de trata de personas. Esa sentencia incluyó también la reparación económica de las víctimas.