Ciudadanos del departamento de San Vicente, en El Salvador, protestaron este lunes contra la construcción de un centro penal “gigantesco” para los pandilleros capturados desde que se instaló el régimen de excepción, el 27 de marzo.
“Es un proyecto inconsulto, que no cuenta con la aprobación del municipio y que generará graves daños ambientales, sociales y productivos, como la contaminación de los ríos, quebradas y mantos acuíferos de los que subsisten las comunidades”, sentenció la vocera de los locales, Marina Díaz, a través de un video difundido por La Prensa Gráfica.
Asimismo, responsabilizó por los daños que se puedan causar al alcalde de Tecoluca, Nicolás Antonio García, y al Partido Nuevas Ideas, ya que los identificó como quienes autorizaron la construcción de la cárcel.
El anuncio de la construcción del centro lo hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukle a través de su cuenta de Twitter, en junio: "Hemos decidido hacerlo alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape", explicó.
Este “centro de confinamiento del terrorismo” (tal como lo describió Bukele) es una de las tantas medidas que implementó el gobierno para “la guerra contra las pandillas”, en el marco de la cual han sido detenidas más de 46.000 personas, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad en su cuenta de Twitter.
El régimen de excepción, que fue aprobado originalmente para “restablecer el orden y la seguridad ciudadana” ha sido cuestionado por organizaciones salvadoreñas e internacionales. Según medios locales, 63 personas murieron en los penales desde el anuncio de la medida, aunque no se cuenta con cifras oficiales.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, registró 1.931 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Asimismo, el abogado de la organización de derechos humanos Cristosal Abraham Ábrego aseguró que 65% de las 808 denuncias que recibieron de capturas involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas.
