"Adonde vayan los iremos a  buscar...". El cántico retumbó ayer en la vereda de los Tribunales Federales de Oroño al 900, donde comenzó el juicio Guerrieri IV, que juzga a 17 imputados, entre integrantes de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y expolicías federales. El debate girará en torno de los delitos de lesa humanidad cometidos hacia 116 víctimas, durante la última dictadura militar. Se trata del cuarto tramo de esta megacausa, que apuntó a la investigación de crímenes del circuito de quintas y casas operativas del ejército en Rosario y alrededores, y en el que se suman 62 casos nuevos que nunca habían llegado a esta instancia judicial. Durante los siguientes meses, el tribunal escuchará el testimonios de más de 340 testigos. La próxima audiencia será el lunes.

Las banderas que acompañan cada uno de los juicio a los responsables de los hechos cometidos de la última dictadura militar volvieron a formar parte de ingreso a los Tribunales Federales de Rosario. Hasta allí se movilizaron ayer las organizaciones de derechos humanos y sociales que militan los pedidos de verdad, memoria y justicia en cada juicio.  

Durante la primera jornada de debate, dentro de la sala se empezó a leer la requisitoria fiscal de acusación, donde se apuntó al "plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121 con epicentro en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, así como en la Fábrica Militar". La Fiscalía estuvo representada por Adolfo Villatte, de la Unidad de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Dentro de la sala estuvieron algunos de los imputados, mientras que otros siguieron el debate por videoconferencia. Los delitos que les achacan son homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, tormentos agravados y asociación ilícita.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la abogada querellante Julia Giordano indicó que "es una jornada caracterizada por la formalidad y lectura de las imputaciones", por hechos cometidos hacia diferentes víctimas. "Como una cuestión a destacar, creemos quizás con este juicio tenemos una nueva oportunidad de dar cuenta del rol de la Iglesia, en relación a lo que entendemos que fue un centro clandestino de detención, que es donde funcionó el seminario Ceferino Namuncurá, que perteneció a la Iglesia de los salesianos", indicó. Se trata del lugar donde está ubicado el Liceo de Funes. La abogada Gabriela Durruty señaló: "Tenemos la particularidad del caso del excura (Santiago) Mac Guire".

Otro punto que destacaron es que por primera vez se juzgará a personal de la policía federal, junto a los miembros del destacamento de inteligencia que "fue la base neurálgica del entramado represivo", recordaron desde la Asamblea.

HIJOS y Nietos se hicieron presentes en la puerta de los tribunales

Por su parte, Alicia Gutiérrez, actual directora de Derechos Humanos municipal -querellante en lo que fue el primer tramo de la megacausa-, dijo que la jornada de ayer fue "muy importante por lo que significan los juicios en una ciudad como Rosario, donde hubo tantos desaparecidos, desaparecidas y asesinados, y que recién después de 46 años van a tener justicia".

En tanto, la militante de Hijos Rosario, Florencia Garat, recordó que entre los 62 nuevos casos está en el de su papá, Eduardo Garat. "La característica que tiene también esto es que mi papá fue visto en un centro clandestino de detención que hasta ahora no había sido visibilizado e identificado (por el Ceferino Namuncurá). Hay un testimonio de Santiago Mac Guire sobre ese lugar, y de un testigo que fue compañero de detención. Estuvieron los tres ahí. Mi papá es el único desaparecido. Santiago y Roberto Pistacchia estuvieron muchos años presos. Santiago falleció pero quedó su testimonio. El había sido cura, entonces tenía relaciones con la Iglesia y pudo saber que el lugar era de los salesianos. Su hijo va a ser testigo y es querellante también", destacó. 

Además, estuvieron integrantes de Nietes Rosario. "Hemos visto pasar gente querida por esto y ahora me está tocando con mi abuelo (Eduardo Garat) que será parte de este juicio. Es difícil y emocionante a la vez. Este juicio tendría que haber pasado hace mucho", dijo Camila, hija de Santiago Garat. En tanto, Renata Labrador sumó que "es una deuda enorme que tenía el Estado para con los familiares de víctimas y para toda la sociedad. Gracias a Néstor y a Cristina y a la decisión política de iniciar con los juicios de lesa humanidad, marcamos también el rumbo y el país que queremos, donde no se tolere, donde no se mire para otro lado. Es nuestra historia y la memoria siempre tiene que estar presente".

Lucila Puyol, secretaria de DDHH de la provincia, sumó que "es importante tener una política pública que siga rescatando memoria, verdad y justicia. Estamos hablando del circuito represivo del Ejercito; esta causa habla de los centros clandestinos por los que pasaron tantos compañeros", dijo en Radio Nacional Rosario.