Incluso para los tribunales de Comodoro Py el sobreseimiento que la Cámara Federal porteña le otorgó a Mauricio Macri fue un límite. El fiscal ante ese tribunal de apelaciones, José Agüero Iturbe, pidió que la Cámara Federal de Casación Penal anule ese fallo y sostuvo que los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia usaron “parafernalia argumental” para defender a las autoridades imputadas –léase Macri y los jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cambiemita– pero se olvidaron de analizar cómo se violaron los derechos de quienes solo le reclamaban al gobierno saber qué había pasado con sus seres queridos, parte de la tripulación del submarino San Juan de la Armada Argentina.

Agüero Iturbe recurrió el fallo que el viernes 15 de julio dictó la Sala I de la Cámara. Entonces, los jueces Bertuzzi, Llorens y Bertuzzi reconocieron que la AFI hizo tareas de inteligencia sobre los parientes de los 44 submarinistas entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 –mientras el ARA San Juan estuvo desaparecido en el mar–. Sin embargo, para los camaristas, estas tareas estuvieron justificadas en aras de proteger la seguridad de Macri y la seguridad interior.

Sostener ese argumento sería decir que los familiares que reclamaban al Estado saber qué había pasado con los suyos –sin haber incurrido jamás en una acción violenta– eran un peligro para la seguridad del país. Agüero Iturbe la descartó de plano y planteó el absurdo de sostener esa teoría: “A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración –creo y espero– que ninguno está dispuesto a sostener”, escribió.

En concreto, el fiscal afirmó que a los jueces les faltó fundamentación, que gastaron demasiada energía en defender a Macri y mostraron poco interés en investigar qué había pasado con las verdaderas víctimas. Además, señaló que una denuncia como ésta –de trascendencia institucional y que reviste un mínimo de seriedad y verosimilitud– no puede ser cerrada arbitrariamente por los jueces.

Los argumentos de Agüero Iturbe para pedir que la Sala II de Casación revierta el fallo de la Cámara Federal son los siguientes:

  • Los familiares no eran un peligro para la seguridad de la Nación. “Se omite considerar que ciudadanos comunes y corrientes (sin que ello importe consideración peyorativa alguna) que habían perdido a un ser querido en alguno de los luctuosos acontecimientos que ya se mencionaron a lo largo de la investigación no constituían en modo alguno un conjunto terrorista, un grupo de ciberdelincuentes”, dijo.

  • El accionar estatal los volvió a revictimizar. “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, agregó.

  • El mantenimiento de la seguridad del Estado no puede sobrepasar la esfera de reserva salvo cuando determinadas acciones afecten a terceros o que la orden de intromisión provenga de un juez –que incluso tiene restricciones a la hora de invadir la vida de las personas–.

  • Hubo un interés desmedido por desvincular a los imputados y poco interés en ver cómo se afectó a las víctimas. “Advierto que la parafernalia argumental, asimilable a una pirotecnia verbalista de relumbrón, solo apunta a uno de los extremos del pragma conflictivo (enfocada en las autoridades imputadas), obviando analizar adecuadamente el avasallamiento del derecho de las víctimas”, completó.

No es un dato menor que Agüero Iturbe descalifique en duros términos la resolución de la Cámara Federal. Semanas atrás, el mismo fiscal había pedido que se anulara el procesamiento de Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan por considerar que no se había respetado su derecho de defensa cuando declaró en Dolores ante el juez federal Martín Bava. El mismo fiscal había también propiciado el cierre de la causa por las visitas de los casadores Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a Macri, diciendo que mantener la investigación abierta “profundizaría la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”.

Después de ese dictamen, la abogada querellante Valeria Carreras pidió que lo apartaran de la causa porque entendía que el fiscal iba a pronunciarse siempre a favor de Macri. Sin embargo, Carreras destacó el pronunciamiento que se conoció este lunes. “No es para festejar pues no podemos olvidar que se trata de una apelación de un fallo cuyo origen está en el espionaje ilegal de quienes habían perdido a sus seres queridos y que pretendió dar un punto final acusando a las víctimas. Pero estamos mejor que el día del fallo aberrante que sobreseyó a Macri, a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani”, dijo la abogada.

“Si tuviera que rescatar algo es que, en su recurso, Agüero Iturbe plantea la aberración de haber revictimizado a las víctimas de espionaje ilegal y cuestiona la legalización de las tareas de inteligencia montada sobre la equiparación de las víctimas con terroristas, justamente lo que más indignó a las familias”, agregó Carreras.

Un pedido de remoción

Luis Tagliapietra, el otro abogado querellante en la causa, presentó este lunes un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura contra los tres camaristas por el fallo que sobreseyó a Macri. “Ni las propias defensas de los imputados se animaron a tanto”, sostuvo Tagliapietra en la presentación que hizo ante el organismo que preside el supremo Horacio Rosatti.

“El accionar de los denunciados deviene en la utilización abusiva de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrados federales, con motivos probablemente espurios, en virtud de la actual situación procesal que devendría de su fallo si adquiriera firmeza. La interpretación que puedo hacer en virtud de todo esto, es que el accionar de los denunciados es conducente a absolver definitivamente a quienes sobreseyeron o con fines espurios y/o por ’amiguismo’”, resaltó.

En el Consejo viene tratándose sin éxito de aprobar las ternas para designar a quienes reemplazarán en sus cargos a Bruglia y a Bertuzzi, trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal durante el gobierno de Macri. La Corte sostuvo que debían ser reemplazados en cuanto se designen sus reemplazantes, pero el Gobierno denuncia que la oposición –con el auxilio de la propia Corte– bloquea esa posibilidad.

En el Consejo deberá sortearse un consejero para que instruya la denuncia de Tagliapietra, que también recurrió el fallo de la Cámara. El abogado pretende llevar el reclamo ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Días atrás, Carreras ya había pedido la intervención de Diego García Sayán, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados.