La posibilidad de que Estados Unidos y Brasil entreguen información acerca de los sobornos repartidos por Odebrecht en el país es cada vez más remota. El Ministerio de Justicia les tuvo que avisar ayer a los jueces y fiscales de Comodoro Py a los que había invitado a viajar a Washington para poder acceder a las bases con datos aportados por la constructora brasileña sobre las coimas en Argentina, que la travesía queda suspendida por supuestos problemas de agenda de los funcionarios estadounidenses con las fechas acordadas, que eran el 29 y 30 de junio. A la vez, en una reunión de fiscales del Mercosur que comenzó ayer en la sede de la Procuración General de la Nación, el fiscal de Brasil Vladimir Aras -director de Cooperación Internacional- anunció que ellos no aportarán datos si los investigadores argentinos no garantizan impunidad para los delatores de Odebrecht, porque eso es lo que pactaron ya con la empresa acorde a su legislación, que prevé un régimen de “delación premiada”. En Argentina sólo hay ley del arrepentido, que sólo permite una morigeración de la pena.

El sistema conocido como “delación premiada” es el que llevó a decenas de ejecutivos de empresas involucradas en sobornos en Brasil a dar información a cambio de no ser perseguidos judicialmente. Lo que puso en alerta a los investigadores argentinos y generó una inquietud sorprendente en el Gobierno de Mauricio Macri por el tema, fue que caducaba (hace dos semanas) el secreto sobre las delaciones de 77 empleados y ejecutivos de Odebrecht, una decena de los cuales aludió a Argentina. La posibilidad de que la información afecte a todas las gestiones políticas de la última década, y a empresas vinculadas con funcionarios -entre ellos el Grupo Macri–, desató una carrera entre la Casa Rosada, preocupada por controlar, y los tribunales. Pero con el correr de los días fue cada vez más evidente que era una fantasía que llovería información. Al contrario, fueron apareciendo cada vez más trabas: primero se informó a los fiscales que antes de darles acceso a la delaciones deberá haber una aprobación de Corte brasileña; ahora el fiscal Aras le ratificó a su par Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que no entregarán el contenido de ninguna declaración ni nada requerido por los investigadores argentinos sino ofrecen garantías de que no imputarán penalmente a los delatores. Hoy no habría forma de que los fiscales locales ofrezcan ese compromiso.  

Lo único que abre alguna expectativa en la Procuración es el encuentro que tendrán hoy la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó con su par de Brasil, Rodrigo Janot. El plan es que firmen por lo menos un acuerdo de cooperación para investigar corrupción de manera bilateral; Gils Carbó intentará también otro convenio específico para el intercambio de información sobre Odebrecht. El problema es que los fiscales de Brasil firmaron un acuerdo ya con la empresa en el que se comprometen a no dar ninguna información ni declaración que exponga a los delatores a quedar involucrados en una causa penal de otro país.  

La convocatoria del ministro de Justicia Germán Garavano a jueces y fiscales para ir a Estados Unidos fue a raíz de un viaje que él hizo allí. El ministro acusaba a la Procuración de no lograr resultados y eligió ese destino por sus contactos y porque ante la justicia estadounidense Odebrecht como empresa (no sus ejecutivos) había revelado el reparto de coimas en Argentina por 35 millones de dólares. El encargado de Asuntos Internacionales de la cartera judicial, Eugenio Curia, invitó a los jueces Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y Daniel Rafecas y a los fiscales Franco Picardi, Federico Delgado, Gerado Pollicita y Carlos Stornelli. Todos tienen causas penales sobre coimas de Odebrecht, excepto Ramos que investiga presuntos sobornos en la venta de Transener a Electroingeniería. Ayer a la tarde Curia les avisó a los convocados que el viaje quedaba stand by, porque los estadounidenses tenían problemas de agenda en los días convenidos con Garavano. A tribunales llegó otra versión según la cual se molestaron por la filtración de información sobre las tratativas con el ministro y el encuentro pactado con jueces y fiscales para facilitarles acceso a la base de información conformada con datos aportados por Odebrecht. Se supone que este tipo de convenios de cooperación deben mantenerse en estricta reserva. Por ahora no hay una nueva fecha, aunque en el Gobierno dicen que se reprogramará. También estaba convocada la Oficina Anticorrupción, que recién ahora pidió ser querellante pese que hay casos que llevan más de un año en trámite.

Cuando viajaron a Brasil tres fiscales dos semanas atrás, no esperaban traer información tan rápidamente, pero sí un convenio para generar un equipo de investigación bilateral. Viajaron Rodríguez, Franco Picardi (que investiga sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento) y Carlos Stornelli, quien rastrea un amplio espectro de obras adjudicadas a Odebrecht. Ya entonces les avisaron que para entregarles información habría requisitos que debería cumplir Argentina para proteger el acuerdo que ellos hicieron con la constructora. Al juez Ramos la causa sobre Transener, para la cual requirió declaraciones de empresarios en el caso Lava Jato, le exigieron un compromiso firmado por el fiscal, del juez y del Poder Ejecutivo de que no se avanzaría judicialmente contra los delatores.

Al día de hoy está todo en veremos: el contenido de las declaraciones, el acceso a documentación y la información pedida por los fiscales Delgado y Rodríguez sobre las transferencias por 850 mil dólares que uno de los arrepentidos de Lava Jato, el cambista Leonardo Meirelles, declaró que le hizo a una cuenta en Suiza al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por Odebrecht.