Representantes de pueblos originarios, funcionarios públicos, dirigentes de federaciones agrarias, académicos e incluso Carlos Verna y Alfredo Cornejo, los gobernadores de La Pampa y Mendoza, respectivamente, sostuvieron sus posiciones en la audiencia pública que convocó la Corte Suprema de Justicia para dilucidar la disputa judicial entre ambas provincias por el río Atuel. El conflicto comenzó hace 70 años, cuando Mendoza inauguró un dique que modificó el cauce del río y terminó, en 2014, con la demanda de La Pampa contra Mendoza por el uso de las aguas de esta cuenca hídrica interprovincial. El pampeano Verna pidió “que devuelvan el río que se robaron” y el gobernador mendocino replicó: “No resulta razonable pedirle agua al desierto. No se puede entregar lo que no se tiene”. Los jueces, que no tienen plazo para resolver, recriminaron al Gobierno nacional no impulsar la creación de un comité para el río Atuel.
De todos modos, el subsecretario de Recurso Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, no pudo responder porque nunca apareció.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, esperó unos minutos pasadas las 10 de la mañana para dar comienzo a la audiencia pública. La demora se debió, en parte, al ingreso de gran cantidad de medios de las provincias de Mendoza y La Pampa, cuya presencia confirmó algo anticipado por el gobernador Verna: “El río Atuel es una cuestión de Estado”, había declarado antes de viajar a Buenos Aires. La disputa por la cuenca, que nace en la Cordillera de los Andes y culmina en la llanura del oeste pampeano, incluye factores políticos y sociales: desaparición de pueblos, migraciones internas, construcción de represas, sentencias de la Corte Suprema y de las Naciones Unidas (ONU), e incluso la instauración de un día específico –21 de octubre– para conmemorar la soberanía pampeana sobre el río. Algunos de esos argumentos fueron explicitados en la reunión “conciliatoria” planteada por el máximo tribunal.
La primera exposición estuvo a cargo del director del Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Universidad de Buenos Aires, Juan Vicente Sola, quien pidió que se resuelva el conflicto a través de la vía judicial. Luego, a medida que se sucedían los oradores de ambas provincias, la apuesta fue subiendo. Jorge Scarone, investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, dijo que “lo único que no se puede forzar es la realidad” y agregó que debido a los “errores y desperdicios hídricos” en Mendoza, el territorio pampeano sufrió un desastre ecológico. “Hubo poblaciones enteras que debieron migrar ante la falta de agua”, indicó. Su par mendocino, Miguel Mathus, vice rector de la Universidad de Mendoza, indicó que “es irrazonable derivar agua cuando hay sequía sólo para que se infiltren cauces secos”. Mathus dijo que el cambio climático modificó notablemente el caudal del río y que, por ende, sólo se puede hacer énfasis en la problemática actual. Hoy en día, casi 56.000 hectáreas del territorio cuyano se riegan con agua del Atuel.
“Vengo a manifestar el sufrimiento que tiene nuestro pueblo ante la decisión unilateral y arbitraria de cortar el cauce del río Atuel por parte de Mendoza. La falta de agua nos está obligando paulatinamente a migrar, por segunda vez, en nuestra historia. Nuestra vida autosustentable ya no puede seguir”, advirtió Pedro Coria, presidente del Consejo de Lonkos de la Nación Rankulche, la comunidad indígena que es originaria de la zona.
La audiencia alcanzó su máxima temperatura con los discursos de ambos gobernadores provinciales. Verna aseguró que lo de la escasez de agua “es todo mentira”. “Entre El Sosneado y el dique El Nihuil, en San Rafael, se pierden 15 metros cúbicos por segundo. Si se impermeabiliza esa zona, hay agua para todos”. El mandatario pampeano también exigió la creación de un comité nacional de la cuenca y sostuvo que el accionar de los diques mendocinos convirtió al oeste pampeano en un desierto, y obligó el éxodo. En el censo de 1905, la población de los pueblos de San Rafael (Mendoza) y Santa Isabel (La Pampa) era casi idéntica: alrededor de 3.000 habitantes. Cien años después, la ciudad mendocina tiene 50.000 residentes. Santa Isabel, en cambio, sigue con 3.000.
La respuesta mendocina llegó cinco minutos después. Cornejo, en su exposición, destacó el fallo de la Corte en 1987 –que denegó la posesión de caudales para La Pampa– y estableció que los cantidad de agua en el Atuel “es deficitaria para cubrir, incluso, los usos actuales de riego”.
Todos los oradores mendocinos destacaron que las obras que mejoran la eficacia del riego fueron costeadas por los propios chacareros. A diferencia de La Pampa, Mendoza necesita cultivar bajo un sistema de riegos. “No hay ninguna planta, ningún árbol, en nuestra provincia, que no dependa del apoyo humano”, cerró Cornejo.
El último turno correspondía al Gobierno nacional, pero Pablo Bereciartua, subsecretario de Recurso Hídricos, nunca apareció.
Informe: Jeremías Batagelj.
