Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri concretó su amenaza de intervenir la histórica Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y desplazó a su rector organizador, Germán Ibáñez. Designó en su lugar al ex interventor del Inadi y juez contravencional, Javier Alejandro Buján. El anuncio sacudió a la comunidad académica y los estudiantes tomaron pacíficamente anteanoche la sede de la institución para rechazar medida. Denuncian que habrá despidos y una revisión de los planes de estudios basados (desde su fundación en 1999) en los derechos humanos. Para Mariela Canessa, de la Junta de Docentes del instituto, “intervenir es un intento de dar vuelta la página y escribir nuevamente la historia”.

La notificación de la intervención del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (Iunma, tal su nombre desde la estatización sancionada por ley 26.995 de noviembre de 2014) llegó el martes a la anoche mediante una resolución conjunta firmada por los titulares de los ministerios de Justicia y de Educación, Germán Garavano y Esteba Bullrich, respectivamente. Allí se oficializa la decisión de que Buján reemplace a Ibáñez “a partir del 14 de junio”.

La reacción de la comunidad educativa no se hizo esperar. Los alumnos iniciaron el mismo martes a la noche una “permanencia pacífica” en el 5° piso del edificio ubicado en 25 de Mayo 544, de la ciudad de Buenos Aires. Allí funcionan cuatro aulas para 1200 alumnos, mientras que otras se utilizan en otros dos edificios que son prestados a la institución.

“Vamos a estar aquí hasta tanto se dé marcha atrás con la medida y no vamos a permitir el ingreso de Buján”, advirtió a PáginaI12 Belén Sarubbi, presidenta del Centro de Estudiantes, para quien “no hay fundamentación para la intervención”. 

Decenas de alumnos de distintas carreras se sumaron a la medida de protesta y denuncian un “vaciamiento” de la institución desde la llegada del gobierno de Cambiemos. “Hace un año y medio que no tenemos edificio, no firmaron nunca la contratación de los docentes y hubo un recorte presupuestario del 75 por ciento”, enumeró Sarubbi.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y principal impulsora de la universidad, Hebe de Bonafini, expresó su apoyo a “los estudiantes que tomaron en sus manos la defensa de la universidad que costó tantas vidas y que fue la lucha de nuestros hijos, de los 30 mil, y que la quieren poner en manos de los que no saben nada lo que es el pueblo”. Además, llamó a la comunidad a “acompañar la toma” para que “ninguno nos venga a pisotear”. “Si nos vencen a nosotros, van a vencer a las demás universidades populares”, advirtió.

La decisión de desembarcar en la histórica Universidad de las Madres, tal como se la conoce popularmente, fue anunciada a fines de mayo pasado por las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la base de tres objetivos: cambiar las autoridades, realizar una auditoría sobre sueldos y gastos, y analizar los objetivos pedagógicos de la institución.

Durante las últimas dos semanas, Ibáñez recibió presiones constantes para que renuncie. “Lo llamaban todos los días y le pedían el cargo, era una persecución constante”, aseguraron varios docentes y estudiantes a este diario. A través de una nota interna, Ibáñez reconoció su apartamiento del cargo y dijo haber hecho durante este tiempo “los mejores esfuerzos y las gestiones para lograr la definitiva organización del Iunma (...) sin resignar un proyecto educativo inclusivo y comprometido con los Derechos Humanos, gestado por las Madres”. Agradeció el trabajo y compromiso de la comunidad académica, así como también “el apoyo recibido en los últimos tiempos”.

Los fundamentos del Gobierno para intervenir giraron siempre en torno de sospechas sobre el manejo de los fondos, sobre todo desde que la Justicia puso la lupa en plan de construcción de viviendas populares “Sueños Compartidos”, puestos en marcha por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pese a que la universidad nada tenía que ver con ella. 

Cristina Caamaño, directora ad honorem de la carrera de Derecho, subrayó que “la decisión se tomó sin consultar a Hebe. El rector no renunció, lo desplazaron y no tuvieron ningún problema en pagar el costo político”, añadió.

No obstante, los desbarajustes económicos comenzaron desde que asumió el nuevo gobierno. Tal como lo denunciaron los docentes el año pasado, el presupuesto de 2016 fue de 98 millones de pesos y el de 2017 sufrió un duro recorte: 23 millones de pesos. Ibáñez, el rector desplazado, “no manejaba dinero. Lo hacía un representante administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos que nunca vino a la institución y, por lo tanto, nunca lo ejecutó”, aseveró a este diario Caamaño.

La nueva situación puso en alerta a los 162 docentes que se desempeñan en todas las materias, varios de los cuales están desde los inicios de la institución en 1999, cuando Madres de Plaza de Mayo tenía 23 años de existencia. “Estamos muy preocupados”, expresó Canessa.

Según explicó a PáginaI12, las “preocupaciones” pasan por dos ejes: la posibilidad de que haya un “achicamiento presupuestario” que conlleve a un recorte de personal con despidos, y que se afecte la libertad de cátedras y los planes de estudios y programas. “Puede haber una intromisión sobre nuestro trabajo. La comunidad está muy alterada”, agregó.

La situación de los docentes no es nada buena desde hace tiempo. “La mayoría no cobra desde diciembre, y los meses de octubre del año pasado a enero de este se lo pagaron al 50 por ciento del personal con el presupuesto de 2017, porque al del año pasado no lo ejecutaron”, puntualizó. Durante el último año y medio el Gobierno tampoco dispuso contrataciones ni pases a planta permanente.

“La intervención es parte de la avanzada contra las Madres”, remarcó Caamaño, para quien, al igual que Canessa, detrás de la medida tomada por el Poder Ejecutivo hay algo más que un achicamiento presupuestario.

“Lo que ahora ocurre en el Iunma hay que analizarlo con una mirada general –sostuvo Canessa–. En estos últimos meses allanaron la Fundación, quisieron detener a Hebe y luego la procesaron. El 24 de marzo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que los desaparecidos no fueron 30 mil. Hay un gobierno negacionista y un viraje en la política de derechos humanos. En este contexto, intervenir es un intento de dar vuelta la página y escribir nuevamente la historia.”