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Por primera vez una mujer preside la Cámara de Diputados de la Nación. Por primera vez, dos mujeres están al frente de las dos Cámaras legislativas. La designación es noticia por lo inédito. Pero más que un triunfo, revela los obstáculos que persisten para que las mujeres lleguen a ocupar cargos de conducción: pudimos ejercer por primera vez a nivel nacional el derecho al voto y a ser elegidas representantes en 1951. Pasaron poco más de 70 años y las mujeres en la política siguen enfrentando las trampas de un reparto de poder muy masculino aún cuando hay entre ellas figuran que se destacan por su liderazgo.
Si se analizan las presidencias de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, apenas el 33 por ciento está a cargo de mujeres y son mayormente las vinculadas a la “reproducción”: Familia, Niñez y Juventudes; Educación, de las Personas Mayores; Mujeres y Diversidad; Previsión y Seguridad Social; Población y Desarrollo Humano. Y en menor medida, aquellas comisiones relacionadas con la “producción” y “la preservación del sistema”: Presupuesto y Hacienda, Energía y Combustible, Economía, Transporte, Minería, Obras Públicas, Asuntos Constitucionales, Justicia, Defensa Nacional, por citar algunas de las comisiones más codiciadas, tienen presidentes varones, de acuerdo con un reciente relevamiento del Observatorio de Género de la Dirección General de Igualdad de la Cámara de Diputados. Son apenas botones de muestra.
En el gabinete nacional —que pretendió levantar como bandera la paridad al inicio de la gestión de Alberto Fernández—, quedan apenas dos ministerios a cargo de mujeres, y son aquellos justamente asociados —otra vez— al reparto de tareas más tradicional en términos de género: el de Mujeres, Géneros y Diversidad y el de Salud.
¿Qué pasa en las cúpulas sindicales? Las mujeres están mayoritariamente ausentes. En una reciente reunión de mujeres sindicalistas en La Rioja, Claudia Allegri, secretaria general del SADOP (Sindicato de Docentes Privados) de esa provincia, mencionó que de acuerdo con una investigación nacional sobre la participación de las mujeres en las organizaciones gremiales solo ocupan el 18 por ciento de los cargos. Y de ese total, apenas el 26 por ciento están en lugares “de toma de decisiones llámese secretaria general o adjunta, tesorería o gremial que serían los más importantes o de más relevancia. El 74 por ciento restante están en otras actividades específicas”.
En la Corte Suprema, no queda ni una sola jueza. Y según el mapa de género de la oficina de la Mujer del máximo tribunal (parece una humorada ya el nombre de esa dependencia), si se analiza al personal administrativo, son mujeres el 61 por ciento, pero cuando se va ascendiendo en la pirámide se observa que el 44 por ciento son funcionarias y solo el 28 por ciento cumple roles jerárquicos: 25 por ciento, entre camaristas; en la Defensoría General de la Nación, son un 37 por ciento; en la Procuración General de la Nación, 28 por ciento, y en las cortes provinciales, la diferencia es aún más notable entre ministras y ministros. Las mujeres quedan relegadas de los cargos jerárquicos.
Por las tareas de cuidado históricamente asignadas a las mujeres, no tienen la misma disponibilidad de tiempo para hacer cursos de posgrado, especializaciones, entonces es muy difícil que lleguen a los concursos. También quedan afuera mayoritariamente de la rosca política y sindical. Un estudio de la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) del Ministerio Público Fiscal de la Nación encontró que del total de fiscales designadas/os por concurso entre 2000 y 2016 —187 nombramientos—, el 27 por ciento son mujeres (51) y el 73 por ciento (136), varones.
Cuando las que llegan son la excepción ¿hay algo para celebrar? Poco.
