Mientras el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que el Gobierno nacional está "elaborando" la respuesta del Ejecutivo al reclamo de las Naciones Unidas, que pidió la inmediata liberación de la dirigente, la organización Tupac Amaru denunció que el próximo miércoles comenzará en Jujuy, en el Juzgado Contravencional de la capital provincial, el juicio oral contra la diputada del Parlasur a raíz del acampe realizado por la Red de Organizaciones Sociales frente a la Casa de Gobierno desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016.
La defensa de Sala, detenida desde el 16 de enero pasado, presentará como testigos al secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Acosta; a José del Frari, de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy; a Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy, y al secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido, Horacio Pietragalla, quienes defenderán el derecho a la manifestación que el gobierno jujeño pretende criminalizar.
Para la defensa de la dirigente social, “la manifestación frente a la Plaza Belgrano constituyó un uso tan legítimo del espacio público como lo son las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas. "La Red de Organizaciones Sociales no tomó una plaza ajena, sino que la plaza le pertenece hace más de 500 años”, argumentó la Tupac, a través de un comunicado.
“La detención de Milagro Sala usando como excusa la manifestación, la represión por medios penales de derechos que sostiene el sistema constitucional constituye una violación más de este gobierno a los derechos humanos y es obligación del pueblo defender estos derechos”, expresó el abogado Ariel Ruarte, integrante del equipo de defensores de Sala, quien adelantó parte de la estrategia que llevará al juicio, al señalar que "el derecho a la libre expresión, de peticionar a las autoridades de una reunión, es de indiscutido rango constitucional".
