Tras el fuerte paro de colectivos de Córdoba, que paralizó por nueve días el transporte urbano en la capital provincial, el oficialismo logró declarar en la legislatura local al transporte como un “servicio esencial” para limitar el derecho a protestar de los trabajadores. El día anterior, el PRO había intentado hacer lo mismo a nivel nacional pero no consiguió la cantidad de avales necesarios en el Congreso. Desde la CGT y la CTA denunciaron que la ley cordobesa es inconstitucional y advirtieron que acudirán a la Justicia.
Con el apoyo de Unión por Córdoba, UCR, PRO y el Frente Cívico, los legisladores cordobeses declararon "servicio esencial" al transporte público de pasajeros junto al de provisión de agua potable y energía y limitaron el derecho de huelga en dicho rubros. Según la norma aprobada, en caso de paro "deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad”. La ley especifica también que los trabajadores deberán avisar con una anticipación de cinco días la realización de cada protesta y establece penas para los casos en que no se garantice el servicio mínimo.
La ley reforzó la postura del intendente radical Ramón Mestre que apoyó a las empresas de transporte urbano local y desconoció el acuerdo que habían alcanzado los trabajadores en el Ministerio de Trabajo provincial. “Los trabajadores despedidos han perdido su puesto y las horas no trabajadas no serán abonadas. No hay ni ha habido ningún acuerdo”, había dicho el intendente apenas se conoció el compromiso que alcanzaron los delegados, por el cual estaban dispuestos a levantar la medida de fuerza tras ocho días de paro.
"La falta de cumplimiento del deber de trabajar, por parte de las personas obligadas a la ejecución de los servicios mínimos, será considerado falta grave, y dará lugar a las responsabilidades previstas en las disposiciones legales, estatutarias o convencionales que les resultaren aplicables", determina la nueva norma.
Mientras la ley avanzaba en el recinto, la Mesa de Enlace de Gremios de Córdoba, las CGT Regional Córdoba, la Nacional y Popular Rodríguez Peña, CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos, se manifestaron en las cercanías de la Legislatura para expresar su rechazo.
"Una vez más, el poder político intenta avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Vienen cocinando a fuego lento la criminalización de las protestas sociales y gremiales, vienen tratando de demonizar a los trabajadores organizados a través de los medios hegemónicos. Y ahora, quieren reglamentar y restringir el derecho a huelga declarando al transporte como servicio esencial", señalaron desde las centrales obreras y anticiparon que recurrirán a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad.
El paro de los choferes de la ciudad de Córdoba comenzó el lunes 5 tras el rechazo del acuerdo paritario que el Gobierno local acordó en un 21 por ciento y en cuatro cuotas con la UTA. Los choferes pedían que el aumento sea otorgado en un solo pago y que ese porcentaje se sume a su sueldo básico. También pedían la normalización de la UTA-Córdoba, que se encuentra intervenida hace más de un año, y la reincorporación de los trabajadores despedidos en medio de las protestas.
Cuando había pasado una semana del paro de transporte, el intendente Mestre puso a circular 150 colectivos, que salían desde la Escuela de Aviación Militar, custodiados por Gendarmería y Policía Federal.
