En 2013 en el marco del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” se creó el componente “Ellas Hacen” en cabeza de Ministerio de Desarrollo Social, destinado a mujeres con tres o más hijos/as, o al menos un hijo discapacitado, siempre que reciban la Asignación Universal por Hijo o sean víctimas de violencia de género llegando a cubrir a 92.424 mujeres.

El 1 de mayo pasado el presidente Mauricio Macri anunció la salida paulatina del “Ellas Hacen” y de otros programas sociales mediante el Programa “Empalme”. No es algo nuevo. Es la continuidad de medidas ensayadas que sin demasiado éxito promovieron la inserción de receptores como empleados en el sector privado. El propio Decreto 304/17, que lanza esta política, apela a la ampliación del “Programa de Inserción Laboral” creado en 2006. En la práctica, durante veinticuatro meses, permitirá que los empleadores descuenten del salario los 4.000 pesos que actualmente transfiere el Estado por el “Ellas Hacen” o “Argentina Trabaja”.

No queda claro cuál será la oferta laboral para esas mujeres para quienes justamente cuatro años atrás se pensó una transferencia de ingreso por la dificultad extrema para insertarse en el sector privado, entre otras cosas, por las tareas de cuidado que tienen a su cargo. Tampoco queda claro si será obligatoria la aceptación de un trabajo, si habrá margen de elección o qué sucederá ante la potencial pérdida del empleo pasados los veinticuatro meses.

En el escenario del Día del Trabajador el anuncio adquiere sentido como parte del repertorio político y electoral del gobierno frente a los renovados temores sociales en materia de planes sociales asociados con la vagancia y la pasividad (“vivir del Estado”) que emergen con fuerza en la agenda mediática y en algunos sectores de la sociedad. Esas miradas moralizantes sobre la pobreza subestiman la cantidad de cosas exigidas a las mujeres receptoras de programas sociales para poder acceder y permanecer. Para el caso del “Ellas Hacen”, deben cumplir con capacitaciones sobre diversos temas (género, prevención de violencia, promoción de derechos de familia, formación ciudadana, cooperativismo, promoción de la salud y en oficios). Se les obliga a finalizar el primario/secundario, además se les exige demostrar el cumplimiento de controles de salud y asistencia escolar de sus hijos. A esto se suman las actividades de cuidado que en general realizan al interior del hogar (y ante la ausencia de oferta prevista por el programa), actividades comunitarias, trabajos en el sector informal, changas. Los supuestos de la vagancia generalizada están bien lejos de las realidades de esas mujeres que de por sí hacen demasiado.

* Pilar Arcidiácono es politóloga, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Conicet.
Angeles Bermúdez es politóloga e investigadora de la UBA.