La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ayer ante la Justicia Federal a Alejandro Cacetta, a la diputada nacional Liliana Mazure y a María Lucrecia Cardoso, todos ellos ex titulares del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), por los presuntos delitos de “defraudación por administración fraudulenta” y “defraudación contra la administración pública”. Según informó el organismo encabezado por Laura Alonso a través de un comunicado de prensa, en la denuncia la OA cuestionó la contratación del complejo de salas Artecinema “perteneciente a la empresa Grupo Aleph S.A.”. Tras el sorteo realizado por la Cámara Federal porteña, la presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas y apuntó también contra el ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Pablo Rovito, y a los ex gerentes Raúl Seguí y Rómulo Pullol, y al ex coordinador de Espacios Incaa, Juan Zaffanella.
La denuncia se conoce en el marco de una campaña gubernamental de demonización del Incaa y cuando las nuevas autoridades del organismo decidieron, hace unas semanas, no renovar el contrato para Cine.ar Sala Artecinema de Constitución, por lo que la sala cerró sus puertas. El Cine.ar Sala Artecinema (Ex Espacio Incaa) era el segundo en todo el país en cantidad de espectadores al año. De los 22 mil espectadores que el Artecinema tenía en 2011 pasó a tener casi 100 mil en el último año. La comunidad audiovisual y los vecinos han expresado su preocupación y por estos días están exigiendo una explicación con movilizaciones y asambleas en predio ubicado en el barrio de Constitución.
En rigor, Grupo Aleph es el nombre que se le da en la causa pero sus titulares son seis: los hermanos españoles José y Miguel Morales (dueños de Wanda Films), Daniel Burman y Diego Dubcovsky, Pablo Rovito y Fernando Sokolowicz. Artecinema surgió en 2009 como un emprendimiento privado y luego, bajo la gestión de Mazure, pasó a ser Espacio Incaa Artecinema. “Cuando se inauguró la sala asistió el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien dio muchas manos desde el gobierno de la Ciudad para que esa sala se pudiera habilitar. La cinta del día de apertura la cortamos Macri y yo. Así que ahora que no se hagan los distraídos”, señaló la diputada Mazure a PáginaI12 apuntando a los denunciantes. Y agregó: “Cuando decidimos alquilar la sala llamamos al Tribunal de Tasación de la Nación que nos dio la cifra de cuánto debía ser el alquiler de la sala”.
Entre otros aspectos, la OA señaló que “el Grupo Aleph, sin sustento legal, retuvo el 50% de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato de 2011 se estableció claramente que la totalidad de los ingresos eran para el INCAA”. Una fuente de la sala lo desmintió: “Eso no es verdad. El Incaa no sólo pagaba el alquiler. Cuando alguien te alquila un local, paga al personal del local, la luz del local, y lo que recauda es para él, sea un local de cine, de ropa, de comida. Es un explotador de determinada actividad. Si el Incaa pagaba el alquiler también le pagaba al personal, aunque no figurara a nombre del mismo y pagaba también la luz y las expensas, con lo cual nosotros no teníamos nada que ver con esa recaudación. La recaudación la tenía el Incaa”.
