El gobierno abre hoy la discusión sobre el aumento de tarifa requerido por Aguas Santafesinas SA (Assa) para el año próximo, que en el acumulado redondeará un incremento anual de 89 por ciento, según las entidades de usuarios, o del 56 por ciento, según la empresa. La propuesta cuenta desde el vamos con la reprobación de organizaciones civiles.

Desde las 9, en la sede de la UNR --el jueves en Casilda y el martes 29 en Santa Fe-- expondrán 30 oradores planteando sus argumentos en torno a la prestación del servicio. Luego el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) emitirá un dictamen no vinculante como conclusión global, y luego el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos decidirá cuánto y cómo aumentar.

La empresa ha definido que para 2017 necesita aplicar un aumento de 38 por ciento en el primer bimestre, y luego otros tres incrementos escalonados de 11% cada uno a lo largo del año. El argumento del directorio presidido por Sebastián Bonet apunta al factor inflación y a la devaluación de la moneda, debido a los insumos dolarizados que tiene la actividad. Pretende achicar el déficit operativo de 600 millones de pesos anuales que registra en la actualidad. "Al final del año, o sea, en el primer bimestre de 2018 y ya con todo el aumento aplicado, dos tercios de los clientes pagarán menos de 320 pesos por bimestre", aseguró el gerente de Relaciones Institucionales de Assa, Guillermo Lanfranco. Además, quieren avanzar con la instalación de medidores como forma de optimizar la facturación y el consumo de agua: proyectan unos 300.000 unidades en cuatro años.

La Multisectorial anticipa su rechazo. "Es ilegal e ilegítimo, porque en ocho años ya aumentó mucho, y el Estado debe garantizar la accesibilidad y asequibilidad del servicio porque así lo establece la ONU. Debe subsidiar y punto", afirmó el abogado Juan Alcaraz, desde ese espacio.

A priori, la posición del Enress asoma en el medio. Su titular, Oscar Pintos, consideró necesario "cambiar el régimen tarifario y diferenciar los usos comercial, industrial y residencial", avanzar hacia la medición del consumo y "compartir el esfuerzo entre el Estado y los usuarios".