La Justicia sanjuanina rehabilitó la mina Veladero, que estuvo paralizada más de dos meses después del derrame de líquidos cianurados ocurrido en marzo pasado. El juez interviniente levantó la medida cautelar que pesaba sobre la explotación minera “en virtud de un pedido específico que realizó la empresa, que estaba acompañado por el informe del ministerio de Minería”, aunque aclaró que no realizó una inspección ocular del lugar. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó un amparo presentado por los operadores de la mina para que no intervenga el Defensor del Pueblo en la causa impulsada por los jachalenses para que se realicen estudios de sangre a los pobladores locales. En tanto, el abogado de los asambleístas de Jáchal sostuvo que “además de ser una puesta en escena que no hace más que confirmar la connivencia del gobierno provincial con la empresa, el ministerio de Minería de la provincia resolvió unificar las sanciones por el segundo y tercer derrame para evadir el cierre de la mina, como obliga el código de minería”. Uno de los referentes de la asamblea de Jáchal dijo, ayer a última hora, que no se habían enterado del levantamiento hasta que este diario lo consultó, porque estuvieron incomunicados durante casi todo el día y no pudieron comunicarse ni siquiera desde los teléfonos fijos, algo similar a lo que les había pasado durante el segundo derrame de la mina.  

La resolución del juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción Judicial de Jáchal, permite que la mina de oro y plata, operada por la canadiense Barrick Gold y la empresa China Shandong Gold Group, vuelva a funcionar, aunque la investigación para establecer las responsabilidades y las causas que determinaron el amparo tras el derrame continúe. 

La medida judicial se relaciona con la disposición que emitió el miércoles el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensell, que dio por concluidos los trabajos de adecuación que el gobierno le impuso a las empresas tras el derrame del 28 de marzo pasado, el tercero en menos de un año y medio.

Para rehabilitar la minera, el gobierno exigió que la empresa realizara varios trabajos de readecuación en el valle de lixiviación, donde se separa el oro y la plata de la roca por medio de la aplicación de agua con cianuro.

Las tareas, que demandaron algo más de dos meses y según estimó el gobierno local costaron unos 500 millones de dólares, permitieron al  ministro Henssel asegurar que “para la autoridad de aplicación es un tema superado. La minera cumplió con las medidas exigidas”.

Como parte de las tareas realizadas, se cambiaron los cinco caños corrugados que se usaban para conducir la solución cianurada por siete caños de alta presión e instalaron un equipo importado desde Chile para equilibrar las presiones en todo el sistema.

Además, se amplió la zona segura del valle, instalando membrana impermeable en el callejón contiguo a la zona de lixiviación y puso un sistema de alarmas para la detección temprana de futuros incidentes.

Según Hensell se realizó “una prueba hidráulica general y los resultados fueron muy satisfactorios” para los especialistas contratados por el gobierno para hacer la evaluación. 

En tanto, Oritja aclaró que no concurrió “a la inspección ocular por el mal tiempo reinante en la zona” donde se emplaza la minera, en el Valle del Cura de la cordillera andina, a 4100 metros de altitud.

Sin embargo,uno de los abogado de los asambleístas, Marcelo Arancibia, dijo a PáginaI12 que “esto era esperable, ya lo venía anunciando tanto la empresa como el gobierno, y el juez que había dicho que no se iba a oponer a que el ministerio de Minería aprobara las obras, sin convocar a un perito independiente. El juez tiene que explicar por qué hay que creerle si es la tercera medida cautelar que dicta y levanta. Las anteriores las levantó aduciendo que la seguridad estaba garantizada”, y remarcó que “queda claro que la mina más segura del mundo con ISO 900, como la vende el gobierno y la empresa, es una mina low cost que usaba caños que no eran los adecuados y con zonas sin impermeabilizar”.

Además, el letrado denunció que “el sumario administrativo por el segundo y tercer derrame no fue resuelto y van a unificar la sanción para evitar el cierre de la mina como establece el código minero que dice que a la tercera infracción grave se cierra la mina. De esta forma, la empresa quedaría sólo con dos infracciones. Les están dando una vida más”.