Desde Santa Fe.

Dos dictámenes que comenzaron a circular ayer entre diputados y senadores de la comisión de Acuerdos proponen "suspender" al defensor provincial Gabriel Ganón y al fiscal regional de Reconquista Eladio García por "mal desempeño" hasta que finalicen sus mandatos, en abril de 2017 -‑que sería lo mismo que echarlos-‑ y prohibirles el ingreso a "cualquier dependencia" de la Defensa, en un caso, y de la Fiscalía, en el otro. La comisión tiene previsto reunirse hoy, a las 19, para firmar los despachos, si es que logra quórum, y la sesión conjunta de ambas Cámaras debería tratarlos el jueves al mediodía. Lo llamativo es que a ambos se le imputa lo mismo: una supuesta capacidad para "lesionar el servicio" y su "misión institucional"; Ganón por supuestos "criterios personales o ideológicos por encima de los consagrados" por la ley 13.014 y García por una presunta "falta de equilibrio emocional para el ejercicio" de su tarea. 

Rosario/12 tuvo acceso a los dos dictámenes que parecen responder a la misma matriz. Vale compararlos en un párrafo clave. Uno dice: "Es preciso destacar que el mal desempeño atribuido al Dr. Gabriel Ganón no surge de un hecho único o aislado, sino de un conjunto de hechos que dejan en evidencia". El otro copia: "Es preciso destacar que el mal desempeño atribuido al Dr. Eladio García no surge de un hecho único o aislado, sino de un conjunto de hechos que dejan en evidencia". La misma abreviatura y hasta la misma coma.

Lo que cambia, pero no tanto, es la supuesta "evidencia". En el caso de Ganón: "la clara voluntad de abonar una gestión a partir de pautas y criterios personales o ideológicos, por encima de los consagrados a modo de principios rectores por la ley 13.014. En síntesis, un intolerable apartamiento de la misión legalmente confiada, con entidad para lesionar el servicio y la misión institucional que al mismo le corresponde".

El despacho de Ganón demandó 15 carillas y el de García 13, pero los dos concluyen con la misma sentencia: 1) Suspenderlos "en el ejercicio de sus funciones" por "la causal de mal desempeño" hasta "la finalización de su mandato", en abril de 2017. 2) Y prohibirles el ingreso al "ámbito físico" de la Defensa y de la Fiscalía.

En el caso de Ganón, el dictamen rechaza todos sus planteos y asegura que su denunciante y acusador, Lisandro Enrico, formalizó la "acusación" y que el proceso regulado por la resolución 641 de la Asamblea Legislativa garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Entre otras cosas, a Ganón se le reprocha "conductas impropias" de su "alta responsabilidad" y "permanentes exabruptos", entre ellos uno de "tinte discriminatorio" al presidente de la Corte Suprema de la provincia Rafael Gutiérrez. Otra clave para entender la trama. Y hasta que hubiera "autodenominado" al "Servicio Público Provincial de la Defensa Penal" como "Ministerio Público de la Defensa", "sin sustento legal", un hecho que comisión interpreta como "un enfrentamiento con las demás instituciones del sistema penal, usurpando funciones inherentes a éstas o tratando de minar por encima de los estándares y requerimientos propios de la defensa penal el accionar de éstas; otorgándole una eminente impronta político ideológica al accionar de la institución por encima de los claros mandatos que surgen de la ley 13.014".

El dictamen le atribuye a Ganón un "sesgo ideológico, cuasi discriminatorio" al rechazar la defensa de policías imputados por violencia institucional. Ganón ha dicho que esta es una de las causales del "hostigamiento y la persecución" de Enrico, al que llamó "lobista de la policía".